Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional meterá el acelerador este martes para someter a votación definitiva la “Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final”.
Tras haber evacuado ayer el primer debate de este estamento que busca combatir de frente el lavado de activos, el fraude fiscal y el financiamiento al terrorismo, el gabinete económico y la junta directiva del parlamento promoverán hoy la dispensa de los dos debates restantes para aprobar la normativa de manera inmediata en una sola discusión.
La urgencia del Poder Ejecutivo fue respaldada de forma contundente por el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, quien advirtió sobre las severas repercusiones internacionales si Honduras no adopta este marco regulatorio.
El funcionario alertó que la ley responde de forma estricta a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), herramientas indispensables para mantener al país alejado de las "listas grises" de paraísos fiscales, un aislamiento financiero que, según sus proyecciones, tardaría entre 10 y 15 años en resarcirse.
De acuerdo con el titular de Finanzas, esta normativa forma parte integral de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro de un programa macroeconómico continuo.
Hércules destacó que la iniciativa trasciende banderas políticas, puesto que inició en la administración anterior de la presidenta Xiomara Castro y ha sido asumida con prioridad por el presidente Nasry Asfura, justo en la antesala de que el directorio del FMI emita su veredicto final sobre la cuarta y quinta revisión del programa, donde el país aspira a cumplir con siete metas estructurales.
El proyecto de ley llega al pleno por un dictamen favorable de la Comisión Especial del Congreso y, fundamentalmente, por el visto bueno unánime de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El máximo tribunal de justicia remitió formalmente su opinión jurídica al Legislativo, validando la procedencia constitucional del decreto y dando luz verde a la reforma de ocho artículos del Código de Comercio y uno de la Ley de Mercado de Valores, con el fin de robustecer la trazabilidad del sistema financiero nacional.
Técnicamente, el corazón de la legislación es la creación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), una plataforma estratégica cuya administración y supervisión recaerá exclusivamente en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El ministro Hércules detalló que la ley obligará a identificar con precisión a los "beneficiarios finales", definidos como las personas naturales que, en última instancia, poseen, controlan de forma efectiva o ejercen una influencia significativa en las decisiones financieras y operativas de las empresas que operan en territorio hondureño.
El documento del dictamen establece que la obligación de registrarse abarca a sociedades mercantiles nacionales y extranjeras, fideicomisos, fondos de inversión y empresas públicas con participación mixta.
Para determinar la condición de beneficiario final, la ley fija un umbral del 25% o más de participación en el patrimonio de la persona jurídica, o bien la facultad de remover y nombrar a los altos mandos administrativos de las empresas.
Uno de los impactos más drásticos de la nueva ley será la eliminación definitiva del anonimato societario en Honduras.
El dictamen otorga un plazo fatal de seis meses para que todas las sociedades mercantiles realicen la conversión obligatoria de sus acciones al portador en títulos enteramente nominativos.
Al vencerse este periodo de adecuación, las acciones al portador rezagadas perderán totalmente su valor legal, se suspenderán los derechos económicos de los socios y se congelará el pago de dividendos, bajo la amenaza de multas adicionales.
El régimen sancionador de la CNBS infundirá un rigor severo para garantizar el cumplimiento, estipulando multas administrativas que oscilan entre los 20 y los 500 salarios mínimos para las entidades que omitan o falseen información, castigo que se duplicará automáticamente en casos de reincidencia.
Con el respaldo total del gabinete económico y los dictámenes en mano, las diferentes bancadas del Poder Legislativo definirán hoy el futuro de esta herramienta clave en la transparencia corporativa y la seguridad jurídica del país.
