Tegucigalpa, Honduras.- La difusión del video en el que aparece el alcalde de Yuscarán, El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco, consumiendo alcohol y cigarrillos dentro de un salón municipal provocó reacciones de dirigentes del Partido Nacional, quienes cuestionaron la conducta del edil y señalaron que el caso debe analizarse conforme a la legislación vigente sobre la función pública.
El gobernador de El Paraíso, Mario Alvarenga, explicó a EL HERALDO que el hecho será abordado por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, luego de que el alcalde reconociera la autenticidad del video y ofreciera disculpas.
“De acuerdo a Gobernación, realmente tendría que existir una falta grave en el asunto para exigir una sanción grave; nosotros optamos por escuchar ambas partes, porque el alcalde pidió disculpas y reconoció que el video es real”, explicó.
Sin embargo, Alvarenga indicó que las autoridades escucharán las diferentes versiones antes de determinar aplicar alguna medida administrativa contra el jefe edilicio.
"Nos reuniremos cara a cara con el alcalde para escuchar su versión de los hechos, porque si algo aprendimos en Gobernación, es que siempre hay dos versiones de la historia", explicó el gobernador.
Cuestionamientos
Pese a la respuesta de carácter institucional, la diputada por Francisco Morazán, María José Sosa, calificó la acción de Carrasco como una conducta "incompatible con el ejercicio de un cargo público", y sostuvo que el uso de instalaciones municipales para ese tipo de actividades afecta la institucionalidad de Honduras.
“Nadie obligó al alcalde a poner un espacio público de cantina, en mi opinión, las acciones de él son una vergüenza. Se trabajó tanto para que se reconocieran las elecciones y que hubiera un cambio de gobierno, para que vengan estas personas a seguir comportándose igual a partidos pasados. No hay excusa o justificación, no son personas que deberían ocupar un cargo de elección popular”, apuntó.
La congresista también consideró que, a raíz de la grabación, deberían promoverse sanciones contra Carrasco bajo el artículo 39 de la Ley de Municipalidades, que contempla la posibilidad de aplicar sanciones e incluso la remoción del cargo a alcaldes que incurran en actos de conducta inmoral.
No obstante, el artículo 15 del Código de Conducta Ética del Servidor Público también establece restricciones para el uso de instalaciones públicas en actividades ajenas a la función estatal.
La normativa dispone que "en ningún caso se deben utilizar las instalaciones, el personal o los recursos materiales y financieros de las oficinas o dependencias públicas con fines de proselitismo político, religioso o gremial. En los lugares de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función pública".
Consecuencias
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, manifestó que el comportamiento del alcalde contraviene los principios éticos que deben observar los funcionarios públicos, aunque precisó que, el acto ocurrido en el inmueble de Yuscarán, no constituye un delito.
“Creemos que ser un funcionario público representa una responsabilidad que dignifique el cargo, lamentamos los hechos sucedidos en la alcaldía de Yuscarán y reconocemos que nuestra zona de trabajo no puede convertirse en una zona de diversión”, apuntó.
Bermúdez sostuvo que el caso debe analizarse desde la responsabilidad ética que implica ejercer una función pública y enfatizó que la imagen institucional también forma parte de las obligaciones de quienes ocupan cargos de elección popular.
“Desafortunadamente, esas acciones no son hitos condenables que tienen que ver con acciones penales, pero condenamos las conductas que no son acordes a estar en un cargo público. El bien más preciado de un político es la reputación, pero en ese caso, dependerá del pueblo de Yuscarán determinar si la confianza institucional sigue vigente ante el hecho”, explicó.
Las declaraciones se producen luego de la difusión del video que involucra al alcalde de Yuscarán, un hecho que abrió el debate sobre los límites en el uso de instalaciones municipales y las responsabilidades éticas de los servidores públicos.
Mientras las autoridades competentes analizan el caso, representantes del Partido Nacional insistieron en que la legislación vigente contempla mecanismos para evaluar posibles sanciones cuando la conducta de un funcionario compromete la imagen de la administración pública.
