Tegucigalpa, Honduras.-Alrededor de 1,023 quejas relacionadas con la extorsión atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre el año 2016 y el 2025.
Ante esa situación, demanda de los entes que integran el sistema de justicia, a trabajar en la prevención y realizar acciones articuladas para hacerle frente al fenómeno que se ha convertido en una de las principales causas del desplazamiento forzado en el país.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, explicó que "el desplazamiento forzado de personas es multicausal. No podemos decir que existe una sola causa para que una persona se desplace o salga huyendo para salvaguardar su integridad física y su vida".
De acuerdo con las quejas atendidas por el Conadeh, entre las causas que generan el desplazamiento forzado de personas, en Honduras, se encuentran: las amenazas, tentativa de homicidios, violencia doméstica, asesinato de parientes, despojo de bienes y principalmente la extorsión.
Con el flagelo de la extorsión han sido afectados, en los últimos años, comerciantes, amas de casa, personas que trabajan en el rubro del transporte como propietarios, conductores de buses, taxistas, mecánicos, además de profesiones como la que realizan los docentes, abogados y periodistas.
Registros de del Conadeh establecen que "la extorsión está mayormente asociada a los centros urbanos con mayor densidad poblacional y actividad económica".
Se estima que ocho de cada 10 casos de desplazamiento por extorsión sucedieron en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
El 2023 se constituyó en el año con más quejas, por extorsión, atendidas por el Conadeh en la última década, pues en año, se atendió 1,761 quejas por desplazamiento forzado, de las cuales 258 que representan el 14.65% fueron por motivos de extorsión.
Entre los años 2024 y 2025, la Institución Nacional de Derechos Humanos atendió 158 quejas relacionadas con el fenómeno de la extorsión.
Un informe de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh da a conocer que, de las 676 quejas atendidas, en el 2025, de personas en riesgo y victimas de desplazamiento forzado, alrededor del 6% de los casos están vinculados al delito de la extorsión.
Elsy Reyes señaló como los principales obstáculos para hacerle frente al fenómeno de la extorsión se encuentran “el miedo a denunciar” y “la falta de articulación” entre las instituciones que integran el sistema de justicia en el país.
"La gente tiene temor de denunciar porque cree y manifiesta que, al hacerlo, se va a incrementar su situación de riesgo", dijo.
Reconoció que, pese a los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad, Poder Judicial y Ministerio Público para hacerle frente a ese fenómeno, el mayor desafío, en este momento, es que articulen todos esos esfuerzos.
"Pareciera que la seguridad de las personas y sus bienes es un tema exclusivo de la Secretaría de Seguridad, pero no es así, es un tema que debe involucrar el trabajo en conjunto de todos los sectores, es decir, la unidad entre las autoridades, empresa privada y la población en general para hacerle frente", precisó.
La funcionaria señaló que la inseguridad impide el goce de otros derechos. Mencionó que, cuando una persona no se siente segura no puede emprender, no puede tener un negocio porque ese clima de violencia no permite que se le garantice, por ejemplo, su derecho al trabajo.
Ante ese panorama, la defensora de los derechos humanos destacó la importancia de trabajar en “la prevención” y en el tema de las “alertas tempranas” para hacerle frente al fenómeno de la extorsión y con ello evitar que más personas estén en riesgo o sean víctimas del desplazamiento forzado.
