Tegucigalpa, Honduras.- La extorsión continúa expandiéndose hacia nuevos sectores en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y ahora también afecta a los centros educativos privados.
Representantes del rubro alertaron que varios colegios han denunciado el cobro del denominado "impuesto de guerra", mediante el cual grupos criminales exigen parte de los ingresos obtenidos por matrículas y mensualidades.
La advertencia fue realizada por el representante de las escuelas privadas, Carlos Sabillón, quien explicó que las amenazas están dirigidas contra las instituciones y sus administradores, más que contra el personal docente.
Según detalló, las estructuras criminales buscan obtener recursos económicos de los centros educativos, bajo el mismo esquema de extorsión que durante años ha afectado al transporte público, comerciantes y pequeños negocios.
Sabillón señaló que esta situación refleja cómo la delincuencia organizada ha ampliado sus objetivos y ahora también dirige sus acciones hacia instituciones educativas.
Aunque indicó que los colegios privados no registran hechos de violencia física dentro de sus instalaciones, aseguró que las llamadas intimidatorias y las amenazas generan preocupación.
El representante del sector explicó que los delincuentes no buscan afectar directamente la infraestructura de los centros educativos, sino presionar a sus propietarios para exigir pagos periódicos.
La problemática también alcanza al transporte escolar. Sabillón advirtió que las unidades encargadas del traslado de estudiantes enfrentan riesgos similares a los que desde hace años afectan al transporte público.
Esta situación incrementa la preocupación por la seguridad de la comunidad educativa, ya que el problema no se limita a los planteles, sino que también se extiende a la actividad escolar.
El representante de las escuelas privadas insistió en que, hasta el momento, las amenazas se concentran principalmente en los propietarios y administradores de los colegios, y no en los maestros.
No obstante, advirtió que el cobro de extorsión representa una presión constante para las instituciones educativas, al afectar su estabilidad financiera y poner en evidencia la criminalidad que existe en el país.
