"Ha sido una de las decisiones más difíciles": empresa tras cierre de ruta Tegucigalpa-Marcala
La suspensión del servicio afecta a decenas de usuarios que utilizaban este recorrido y vuelve a poner en evidencia el impacto que tienen estos delitos sobre el sector transporte en Honduras.
- Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 11:23
Cerrada y con los buses estacionados amaneció este miércoles el plantel de la terminal de buses de la Empresa de Transportes Lila, que recorre la ruta Tegucigalpa-Marcala (La Paz), luego de que sus propietarios denunciaron ser víctimas de la inseguridad y enfrentar amenazas de extorsión por parte de grupos criminales.
La misma empresa Transporte Lila fue la que anunció desde temprano el cierre indefinido de sus operaciones por amenazas del cobro de extorsión y la inseguridad.
La empresa argumenta que con el cierre de operaciones sin fecha de reanudación busca salvaguardar la vida de sus colaboradores, entre conductores y ayudantes de la ruta.
La drástica decisión llega debido a las amenazas relacionadas con la inseguridad y el cobro de extorsión.
Los usuarios que tenían previsto viajar con esta empresa se encontraron con los portones cerrados y un rótulo en el que se les informaba sobre el cierre de operaciones.
La terminal de la empresa en la capital hondureña está ubicada entre la séptima y la octava avenida de Comayagüela, mientras que en Marcala, La Paz, en el centro de la ciudad.
"Esta ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar", señalaron en el comunicado al momento de anunciar el cierre indefinido.
La empresa señala que "la situación de inseguridad que enfrentamos, nos vemos obligados a priorizar la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestros colaboradores, sus familias, nuestros clientes y la nuestra".
Completamente cerrados permanecen los portones a partir de este miércoles 22 de julio de 2026, sin una fecha clara de cuando volverán a operar.
Tras el anuncio del cierre de Transporte Lila, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) llegaron al lugar para resguardar las instalaciones.
Transporte Lila no es la única empresa afectada. En 2016, Transporte Cristina también suspendió sus operaciones debido al mismo flagelo, el cobro de extorisión.
Hasta el momento las autoridades policiales no han anunciado qué medidas estarían tomando para frenar este tipo de acciones que flajelan la economía del país con la suspensión de operaciones que también reducen fuentes de empleo indirectos.