Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla Castellanos, denunció que después de haber entrado en vigencia el decreto 10-2026, al margen de la ley, se siguieron haciendo nombramientos y traslados de servidores judiciales.
El alto juez, próximo a ser nombrado presidente de esa judicatura en el Poder Judicial, alertó que se hicieron nombraientos por parte de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aun sabiendo que ya no tenía esa potestad y que tenía que hacerse con la decisión del pleno de magistrados.
El pasado 17 de febrero, el pleno de diputados del Congreso Nacional (CN) aprobó la reforma al artículo tres transitorio del decreto 282-2010 y, además, creó el decreto 10-2026, quitándole la exclusividad a la presidenta de la CSJ para nombrar, trasladar y ascender a los servidores judiciales.
En cambio, el decreto 20-2026 ahora le otorga estas facultades de nombramientos, traslados y ascensos al pleno de la Corte Suprema de Justicia, como el máximo órgano jurisdiccional y máxima autoridad del Poder Judicial.
"Como ha circulado en los medios de comunicación y en las redes sociales, que cuando entró en vigencia este decreto (10-2026) se hicieron de manera acelerada muchos nombramientos y traslados, lo cual (la noticia) es correcto", aseguró Padilla.
Después de entrar en vigencia
El magistrado de la Sala Constitucional reveló que posterior a la entrada en vigencia del nuevo decreto se realizó el ascenso de la subinspectora general del Poder Judicial, al cargo de magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil. "Esta persona no tiene carrera judicial, lo cual es totalmente incorrecto, por cuanto tampoco se sometió a un concurso público", criticó.
Padilla también evidenció que en el 2025 la presidencia de la CSJ contrató a una persona que provenía de una institución financiera y fue nombrado en el Juzgado de lo Civil, y recientemente fue ascendida a magistrada de Corte de Apelaciones de lo Civil.
Estas acciones, que según él las cataloga como irregularidades al margen del procedimiento de ascensos y traslados, ocurrieron además, en la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción; en la Corte de Apelaciones del Trabajo; en la Corte de Apelaciones de lo Civil y en Violencia Doméstica.
"Son personas muy capaces, pero estaban en otras jurisdicciones. O sea, hay que cambiarle el 'chip' y esto viene en detrimento del funcionamiento del Poder Judicial, porque van a tener que encarrilarse en esta nueva materia, porque toda su toda su vida habían conocido de materia civil y materia penal", alegó el magistrado.
Luis Padilla aseveró que "el decreto 10-2026 entró en vigencia el 20 de febrero de este año y el sábado 21 y el domingo 22, estuvieron haciendo nombramientos y las juramentaciones ocurrieron la semana del 23 (de febrero), lo cual es totalmente ilegal, porque el viernes 20 de febrero ya estaba en vigencia el decreto donde le da las atribuciones al pleno de la Corte Suprema de Justicia para hacer este tipo de nombramientos, de traslados y ascensos".
Ninguno de los traslados se dio como lo establece la La ley de la Carrera Judicial, haciendo un concurso público para que optaran a esos cargos, denunció.
