Tegucigalpa, Honduras.- La intención implícita de quitarle poderes a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, con la reforma del artículo tres transitorio del Decreto 282-2010, no ha sido vista con buenos ojos desde varios sectores de este poder del Estado.
Para el magistrado Mario Díaz, coordinador de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo toral de la iniciativa reformista debería de centrarse en si el cambio institucional es el más adecuado en las circunstancias que vive hoy en día el Poder Judicial.
"Yo insisto en que el tema no es si le quitan o no atribuciones a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Desde mi punto de vista, lo adecuado es que, ante la necesidad de que el Poder Judicial no tiene una Ley de la Carrera Judicial actualizada, lo correcto es que se proceda a la redacción de una Ley de la Carrera Judicial moderna, de manera consensuada, entre el legislativo y entre el poder oficial", recomendó Díaz.
El juez de carrera, entonces, recalcó: "Insisto, no me parece adecuado que se reforme un decreto que es transitorio, que lo correcto es que procedamos a la elaboración y la aprobación de la Ley del Consejo de la Judicatura, que apruebe el Congreso Nacional, que es a quien le corresponde la emisión de las leyes".
Recomendó que, en efecto, lo que necesita el Poder Judicial, es una ley que no violente la independencia judicial, que respete los principios constitucionales y que se apegue a lo resuelto en la sentencia que estableció que la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial anterior, violentaba preceptos constitucionales.
Hablo por mí.
Refrente al apoyo que otros de los 15 magistrados de la CSJ sí le dan a esta reforma del decreto 282-2010, Díaz declaró: "son decisiones personales; cada quien responde por lo que escribe, por lo que dice, por lo que ofrece, y en ese sentido no hay nada que decir. En ese sentido, cada quien es libre de poder opinar. Somos un organismo colegiado y podemos tener diferencias".
En un comunicado emitido por la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, solicitó formalmente al Congreso Nacional: Suspender la aprobación definitiva de las reformas hasta concluir una revisión técnica-jurídica integral.
También, instalar una mesa técnica interinstitucional con participación del Congreso, Poder Judicial, especialistas en derecho constitucional y administrativo, y actores técnicos del sistema de justicia.
De igual manera, implementar una solución real que contemple la discusión, socialización y aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
