Tegucigalpa, Honduras.- En medio de un debate que toca la estructura interna del Poder Judicial, el Congreso Nacional discutió en primer debate un proyecto de decreto que otorga facultades administrativas transitorias al pleno de los 15 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como órgano colegiado, mientras se eligen los miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
La iniciativa reforma el artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010 y establece que, hasta que el Congreso nombre a los integrantes del Consejo de la Judicatura, será el pleno de magistrados quien asuma las atribuciones administrativas que actualmente recaen en la presidencia del Poder Judicial.
El proyecto fue presentado por el diputado liberal, Francis Cabrera, quien argumentó que la propuesta busca poner fin a decisiones unilaterales dentro del Poder Judicial.
“El proyecto que he presentado dirigido a regular la vida del Poder Judicial para evitar que una sola persona tome decisiones para despedir, para contratar o para trasladar personal de manera arbitraria, unilateral o antojadiza”, manifestó Cabrera.
De aprobarse en los siguientes debates, el pleno de la CSJ tendría la responsabilidad de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo del Poder Judicial, en apego a la Constitución y las leyes vigentes.
Además, en materia disciplinaria y de despidos, el pleno deberá aprobar un mecanismo para que al menos tres magistrados propietarios conozcan los procedimientos respectivos, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso. Las decisiones serán válidas con el voto favorable de la mitad más uno de los 15 magistrados.
Cabrera insistió en que la medida no representa una reforma constitucional, sino una disposición de carácter transitorio mientras se construye una legislación más amplia.
“No estamos haciendo ningún tipo de intromisión. Simple y sencillamente estamos regulando el actuar de otro poder del Estado. Es el actuar que tiene el Poder Legislativo”, afirmó el congresista.
El parlamentario aseguró que actualmente cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, aunque aseguró que buscan consensos amplios, incluso con diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), quienes han planteado sugerencias al proyecto.
“Hoy tenemos los votos necesarios, sin ningún problema lo podemos aprobar, pero no lo queremos hacer de esta manera. Queremos el acompañamiento, si es posible por unanimidad”, expresó Cabrera.
Separar administración e impartición de justicia
En paralelo a la discusión del proyecto transitorio, la diputada liberal Luz Ernestina Mejía impulsa la creación de la Ley de la Judicatura y de la Carrera Judicial, una normativa que tendría carácter estructural y permanente para separar la función administrativa de la jurisdiccional dentro del Poder Judicial.
Mejía explicó que su propuesta responde a una demanda histórica tanto interna como externa del sistema judicial, orientada a evitar discrecionalidades en nombramientos y sanciones.
“Consideramos que es fundamental separar de una vez lo que es la impartición de justicia de la administración del Poder Judicial”, señaló la legisladora.
La diputada sostuvo que la concentración de decisiones administrativas en la presidencia de la Corte ha generado distorsiones en la impartición de justicia y que es urgente establecer controles institucionales más sólidos.
“Que esta decisión de nombrar, de mover y otros tipos de decisiones que hay que tomar al interior del Poder Judicial sea tomada por el pleno, no por una persona”, enfatizó.
Mejía aclaró que su propuesta no es excluyente con la presentada por Cabrera, sino que ambas apuntan en la misma dirección: reducir la concentración de poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
La diferencia radica en que la iniciativa discutida en primer debate tiene carácter transitorio, mientras que la Ley de la Judicatura y de la Carrera Judicial implicaría una reforma integral que requerirá dictamen, consensos y posiblemente meses de discusión legislativa.
“Lo otro lleva un tiempo, tiene que dictaminarse y no crean que va a ser fácil. Van a haber sectores que van a estar opuestos”, advirtió Mejía.
En ese contexto, el proyecto en discusión representa una medida inmediata para redistribuir facultades administrativas dentro del Poder Judicial, mientras se construye el marco legal definitivo que regule la carrera judicial y establezca un órgano especializado en la administración del sistema.
El proceso legislativo continuará en segundo y tercer debate en el Congreso Nacional, donde las distintas bancadas deberán definir su posición definitiva sobre una reforma que, aunque transitoria, marcaría un cambio relevante en el equilibrio interno de la Corte Suprema de Justicia.
