Tegucigalpa, Honduras.- Las acciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de pretender anular el proceso electoral del pasado 30 de noviembre y realizar un recuento general de votos es improcedente, y representa un ataque directo, confrontativo y en contra de la alternabilidad en el poder.
Ese es el criterio de expertos electorales, constitucionalistas y abogados tras el cierre de la sesión en el Congreso Nacional, convocada el jueves 8 de enero por Redondo, con la participación de una parte de los diputados de Libre, sus suplentes y la diputada liberal Mireya Guillén, que sumaron 68 legisladores (la mayoría de un mismo partido).
Para el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, la Constitución de la República no le da facultades a Redondo para anular o desestimar los resultados de un proceso electoral general.
A inicios de enero, el coordinador general de Libre, José Manuel Zelaya, en una visita al municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, retó a Redondo a que por medio de la Comisión Permanente el Congreso Nacional podía anular las elecciones, tildándolas de "fraudulentas".
La intención de Redondo es hacer un recuento general de los votos o realizar la apertura de las 19,167 urnas, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya realizó la declaratoria en los tres niveles electivos: a nivel presidencial el 24 de diciembre y el 30 del mismos mes en corporaciones municipales y diputados.
Aguilar explicó que la Constitución establece que el CNE fue creado para realizar los procesos electorales. Las acciones de Redondo son de tinte político, no legales.
Si bien la declaratoria de las elecciones se hizo de forma separada en el tiempo, esto no afecta los resultados, porque fue completa al hacerlo en todos los niveles el 30 de diciembre, es decir en el plazo que lo establece la Ley Electoral de Honduras.
Ruth Lafosse, abogada constitucionalista, en declaraciones al noticiero TN5, señaló que se ve a todas luces que Redondo pretende establecer el resultado de las elecciones generales por la fuerza, de una elección ya cerrada, contada y verificada.
De forma contundente advirtió que el Congreso Nacional bajo ningún punto tiene esas facultades, porque el resultado y el cierre del proceso electoral ya está dado, no puede dejarse en poder del Legislativo.
El Congreso no tiene ninguna facultad para incidir en el proceso electoral de esta manera. Sería como quitarle al pueblo el presidente que eligió, o los diputados y los alcaldes que fueron electos, sentenció la abogada.
Bajo esa misma línea, la experta agregó que "sería como poner a Luis Redondo a que decida quién es el perdedor y quién es el ganador".
De acuerdo al exconsejero del CNE, Flavio Nájera, ya todo está dicho, para hacer los reclamos están establecidas las instancias correspondientes, ya hubo una declaratoria y lo que pueda decir cualquier candidato se entiende como un tema político más que como un tema legal.
Indicó que una de las instancias pertinentes para hacer los reclamos es el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), “no hay que seguir generando más división y más rencor en el país, sino que buscar construir, desde la diferencia podemos construir”.
El responsable
Para Lafosse, también se debe tomar en cuenta quién es el responsable de todo lo que está sucediendo: quién decidió dolosamente, intencionalmente y de manera premeditada cerrar el Congreso; quién lo planificó; quién impide que sesionen. "Definitivamente que fue Redondo".
"Esto no es un accidente, sabían que el Congreso estaba autoconvocado y aún así cerraron las puertas, teniendo como consecuencia un acto violento y una diputada herida, eso no es un accidente, es una responsabilidad, que puede llevar a una responsabilidad penal”, expresó.
La experta constitucional sentenció que realizar un recuento general de votos es improcedente y representa un ataque directo, confrontativo y va en contra de la alternabilidad en el poder.
Gustavo Solorzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), advirtió que las acciones del Congreso Nacional de Redondo es una afrenta directa a la Constitución y a la institucionalidad del país.
Una sesión convocada por un órgano ilegal e inconstitucional como la llamada “Comisión Permanente”, se sesiona sin el quórum de 65 diputados e integrando a una mayoría de diputados suplentes. "Todo esto es absolutamente nulo", explicó.
En su cuenta de X, estableció que debe quedar jurídicamente claro que este grupo de diputados que han incurrido en delito de traición a la patria en el Congreso Nacional no tiene atribución alguna para suplantar, modificar o reinterpretar lo que ya resolvió el CNE.
Al mismo tiempo, Solórzano ratificó que el CNE es el único órgano constitucional competente para dirigir y declarar los resultados electorales. “Pretender sustituir su actuación es violar el orden constitucional”.
Solorzano agregó que "lo más triste y profundamente indignante, es ver cómo se burlan del pueblo, alzando en la mano la Constitución y jurando cumplirla, pero al mismo tiempo la profanan, la quebrantan y la desfiguran con actuaciones abiertamente ilegales".
Ese simbolismo vacío contrasta con el daño real que le infieren a la República y la democracia.
De manera contundente sostuvo que quienes hoy intentan distorsionar el proceso electoral son los mismos que durante meses lo debilitaron y ahora lo desconocen. No entienden que, justamente, estas conductas abusivas son las que les hicieron perder las elecciones del 30 de noviembre. “El pueblo ya habló, nos guste o no el resultado”.
Para el experto en derecho, la acción de Redondo y los diputados que lo acompañaron en la sesión del Congreso Nacional son un intento de golpe a la Constitución y a la institucionalidad del país. Constituyen un delito de traición a la patria.
Solorzano sugirió que, conforme al artículo 272 de la Constitución, las Fuerzas Armadas (FF AA) tienen el deber de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Ese mandato no es opcional: es una obligación constitucional para proteger el resultado electoral declarado por el CNE que es quien tiene la facultad constitucional, afirmó.
Para la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, el artículo 205, numeral 7, de la Constitución de la República establece que el Congreso tiene la potestad de hacer la declaratoria de las elecciones cuando no ha habido una declaratoria, pero en este caso ya la hubo.
"Ya no tiene razón de ser que Luis Redondo esté haciendo tanto molote y polarizando al pueblo hondureño, creo que lo que quiere hacer (Redondo) es no salirse del Congreso Nacional, él quiere presionar para que algún diputado del Partido Libre le dé su curul", advirtió.
