Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sufrió un revés dentro del proceso judicial relacionado con la aprobación del Decreto 58-2025, luego de que un juez declarara sin lugar el recurso de reposición presentado contra la juramentación de un perito solicitado por el Ministerio Público.
De acuerdo con la información conocida este lunes 28 de septiembre, la acción legal había sido presentada por el equipo defensor de Redondo con el objetivo de dejar sin efecto la designación del experto encargado de realizar un peritaje sobre videos relacionados con una sesión del Congreso Nacional.
Juan Fernando Molina, abogado integrante del equipo legal de Redondo, había señalado que la petición del ente acusador debía ser rechazada de plano y no permitir que fuera corregida posteriormente.
Asimismo, la defensa argumentó que la decisión podía afectar el principio de igualdad entre las partes dentro del proceso judicial y cuestionó que el tribunal permitiera al Ministerio Público subsanar su solicitud.
“Nosotros consideramos que se han vulnerado derechos como el de igualdad de las partes y la imparcialidad de los jueces”, manifestó Molina en los micrófonos de HCH.
¿Qué es el Decreto 58-2025?
Aprobado el 8 de enero de 2026 y publicado al día siguiente en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto 58-2025 ordenaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un recuento general "voto por voto" de las elecciones generales de noviembre de 2025.
Además, la normativa contemplaba que, en caso de que el CNE no realizara dicho procedimiento, el Congreso Nacional asumiría directamente el escrutinio de los votos.
La medida generó cuestionamientos de sectores jurídicos y políticos, que señalaron posibles vicios constitucionales relacionados con la autonomía del CNE y con el procedimiento utilizado para aprobar el decreto.
Entre los cuestionamientos estuvo el supuesto incumplimiento del quórum necesario para la aprobación. Sectores de oposición señalaron que la sesión no reunió los 65 diputados propietarios requeridos para una mayoría simple y cuestionaron también la mayoría necesaria para modificar disposiciones de carácter electoral.
La investigación del Ministerio Público involucra a Luis Redondo y a otros 11 exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en relación con las actuaciones vinculadas a la aprobación del decreto.
