Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, emprendió una nueva acción dentro del proceso judicial relacionado con la aprobación del Decreto 58-2025, al solicitar que quede sin efecto la designación de un perito requerido por el Ministerio Público.
El abogado Juan Fernando Molina, miembro del equipo defensor de Redondo, confirmó que presentaron un recurso de reposición contra la resolución que autorizó al Ministerio Público rectificar o subsanar su solicitud para la juramentación del experto.
La defensa considera que esa decisión les genera un agravio y sostiene que la petición del ente acusador debió ser rechazada de plano, en lugar de concederle la posibilidad de corregirla.
Asimismo, Molina detalló que el recurso fue presentado al día siguiente de que la defensa recibiera la notificación de la resolución que ahora cuestiona.
“Respetamos la resolución, más no la compartimos”, señaló el profesional del derecho al explicar la posición asumida por el equipo defensor.
¿Qué pretende la defensa?
En términos sencillos, la defensa de Redondo pretende que se deje sin efecto la juramentación del perito propuesto por el Ministerio Público.
El experto tendría a su cargo la verificación de los videos correspondientes a la sesión del Congreso Nacional en la que se aprobó el Decreto 58-2025, material que forma parte de las diligencias previas desarrolladas dentro del proceso judicial.
A su vez, la defensa también cuestiona que una jueza, como tercera neutral dentro del proceso, intervenga para permitir que una de las partes subsane una petición que, a criterio de los abogados de Redondo, debió ser declarada inadmisible desde el comienzo.
“Consideramos que se vulnera ciertamente la igualdad entre las partes”, argumentó el abogado.
¿En qué consiste la investigación del MP?
El Decreto Legislativo 58-2025, aprobado el 8 de enero y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 9 de enero de 2026; es el elemento central de la investigación que el Ministerio Público sigue contra Redondo y los exintegrantes de la Comisión Permanente.
La normativa ordenaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un recuento general “voto por voto” de las elecciones generales de noviembre de 2025.
Además, uno de sus puntos más controvertidos establecía que, si el CNE no realizaba el procedimiento, el Congreso Nacional asumiría directamente el escrutinio de los votos.
La medida generó cuestionamientos de sectores jurídicos y políticos, que señalaron posibles vicios constitucionales relacionados con la autonomía del CNE y con el procedimiento utilizado para aprobar el decreto.
Para el Ministerio Público, el Decreto 58-2025 forma parte de los elementos que sustentan la investigación por los presuntos delitos atribuidos a Redondo y a los 11 exmiembros de la Comisión Permanente.
