Tegucigalpa, Honduras.- La estrategia estatal de seguridad orientada a contrarrestar la violencia y el crimen organizado en el territorio nacional sumará nuevas acciones legales e institucionales en los próximos días.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el número de bandas criminales clasificadas bajo la figura de organizaciones terroristas podría incrementarse.Actualmente, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) mantiene dicha catalogación sobre tres estructuras de alto impacto criminal que operan en diversas regiones del país, estas son la MS-13, pandilla 18 y el cártel del Diablo.
No obstante, el número irá en aumento conforme avance el trabajo interinstitucional y de inteligencia militar y policial.
"Hasta hoy van tres y podrían ampliarse", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, al referirse al proceso que ejecuta el CNDS con las agencias estatales. La resolución definitiva para catalogar nuevas agrupaciones recaerá exclusivamente en los organismos dedicados a la investigación e inteligencia en materia de seguridad.
Asimismo, el titular del Poder Legislativo detalló que los análisis de la fuerza pública determinarán las siguientes organizaciones que se sumen al listado oficial.En paralelo al ámbito legal y legislativo, las autoridades prevén la promulgación de una normativa especializada que modificará de manera estricta el régimen interno de los establecimientos carcelarios del país.
La intención central apunta a frenar la emisión de directrices delictivas hacia el exterior mediante mayores barreras de control físico y tecnológico.
"Tenemos que tener esa supervisión directa e inmediata sobre estos privados de libertad", afirmó Zambrano. El planteamiento de la junta directiva del Congreso de la República radica en incrementar la infraestructura carcelaria para asegurar el adecuado aislamiento de reclusos catalogados de alta peligrosidad.
Igualmente, las reformas legales proyectan instaurar un marco regulatorio de comunicaciones exclusivo para personas encarceladas e imputadas por delitos afines al terrorismo.
Estas medidas presupuestarias e institucionales en los centros penitenciarios se complementarán con operaciones tácticas permanentes desplegadas en barrios y colonias con mayores índices delictivos.
Por ello, las comisiones del Poder Legislativo mantendrán constante comunicación con las autoridades de Defensa y Seguridad con el propósito de requerir informes técnicos periódicos sobre el impacto de los operativos en la ciudadanía.
