Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que no se contempla la aplicación del estado de excepción como parte de la estrategia del gobierno de Honduras para combatir la inseguridad en el país y luchar contra las organizaciones criminales.
Ante medios de comunicación, el titular del Poder Legislativo aseguró que "no vamos a ocupar el estado de excepción porque es una acción que le suspende garantías al 100% de la población. No es individual".
Zambrano expresó que con las determinaciones tomadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y con la nueva ley para combatir el terrorismo, se le podrá hacer frente al crimen organizado.
Cabe recordar que semanas atrás, el presidente de la República, Nasry Asfura, manifestó que se analizaba la aplicación del estado de excepción para algunos municipios del país.
En el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), el estado de excepción parcial duró más de mil días (iniciando el 6 de diciembre de 2022 y finalizando el 26 de enero de este año) y fue cuestionado por quejas y violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad pública.
Zambrano fue consultado sobre la protección de derechos humanos bajo estas nuevas disposiciones, a lo que respondió que "estamos con los derechos humanos de las víctimas, de la familia de los que han asesinado, de los que han extorsionado, de la gente a la que han violado, de la gente que se tuvo que desplazar por la violencia. Esos son los derechos humanos que a nosotros nos importan".
Por otro lado, dijo que analizan si declarar a más grupos criminales como organizaciones terroristas. Recientemente, fueron declarados como grupos terroristas la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel del Diablo.
Sobre las reformas
Desde el parlamento hondureño plantean reformas penales que permitan a la Policía Nacional y a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) capturar en flagrancia a los integrantes de las estructuras denominadas como organizaciones terroristas, así como ejecutar allanamientos sin una orden judicial previa.
De igual forma, se busca facultar a estas fuerzas de seguridad a poder intervenir los territorios de alto peligro sin recurrir a protocolos y trámites, pero siempre acompañados de fiscales del Ministerio Público y de operadores de justicia.
También se tomó en consideración realizar reformas en materia penitenciaria. Entre ellas, que las visitas a miembros de organizaciones terroristas sean más estrictas; así como también que sean enviados a cárceles de máxima seguridad desde el momento en que son aprehendidos.
