Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de dotar de recursos económicos inmediatos a los órganos de seguridad y persecución penal en la ofensiva contra las maras y pandillas, el Congreso Nacional evalúa una reforma legal que permitiría al Estado utilizar dinero incautado al crimen organizado antes de que exista una sentencia firme.
La medida busca financiar directamente el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La propuesta legislativa plantea establecer un mecanismo de garantía financiera, coordinado con la Secretaría de Finanzas, que permitiría disponer de manera expedita de los valores incautados.
Bajo este esquema, si un fallo judicial posterior ordena la devolución de los bienes, el Estado asumiría el compromiso de restituirlos a través de la Tesorería General, mientras los fondos incautados serían utilizados para financiar la lucha contra la delincuencia.
"A la Policía y a las Fuerzas Armadas tenemos que darles más presupuesto; ellos están trabajando en una propuesta porque el pueblo quiere seguridad, pero para lograr eso hay que darle las herramientas y las herramientas son con presupuesto", afirmó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Tomás Zambrano, titular del Congreso Nacional, detalló que las proyecciones preliminares estiman que los recursos incautados y actualmente retenidos oscilan entre 800 y 1,000 millones de lempiras.
Según explicó, la redistribución de estos recursos permitiría canalizar alrededor de 200 millones de lempiras a cada una de las instituciones encargadas de la seguridad pública y el juzgamiento de los delitos.
Zambrano enfatizó que el incremento presupuestario estaría acompañado de una rigurosa labor de auditoría y fiscalización por parte del Poder Legislativo.
Explicó que, si bien la contención del crimen requiere una implementación progresiva en el territorio nacional, el Congreso velará por que los fondos otorgados se traduzcan en capturas efectivas y en una reducción de los índices de violencia.
"Al Congreso no le toca ir a investigar ni a capturar, pero nos toca supervisar que los resultados sean positivos y efectivos para el beneficio de la gente; si tenemos que ir a vigilar la puesta en práctica de esta ley lo vamos a hacer", remarcó Zambrano.
Zambrano adelantó que el proyecto de reforma será presentado ante el pleno de diputados en los próximos días con el aval técnico de la Secretaría de Finanzas, de forma paralela a la discusión de nuevas modificaciones al Código Penal para sancionar con mayor severidad las conductas terroristas.
Para viabilizar el uso anticipado de los fondos incautados antes de que exista una sentencia firme, el Congreso Nacional tendría que promover reformas a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (Decreto 26-2010) y a la Ley Especial contra el Lavado de Activos (Decreto 144-2014).
Ambas normativas establecen que los recursos monetarios asegurados durante los procesos deben permanecer bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), en cuentas de depósito, hasta que un juez determine la privación definitiva mediante sentencia.
La modificación legal se centraría en reformar las disposiciones relacionadas con la administración y monetización cautelar de los activos bajo custodia de la OABI, así como en incorporar un mecanismo de contingencia en la Ley Orgánica del Presupuesto u otras normas financieras relacionadas.
Este mecanismo facultaría a la Secretaría de Finanzas para emitir un aval con respaldo del Tesoro Nacional que garantice la eventual devolución de los recursos.
