TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como es una costumbre cada año, la organización
Human Rights Watch publicó su informe anual de la situación de los derechos humanos en más de 100 países, destacando especialmente el caso de Honduras, en donde varios grupos de la población han visto como durante el 2021 sus libertades fundamentales se han vuelto más vulnerables.
De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos, en Honduras factores como la violencia provocada por las maras y pandillas, la impunidad en el sistema judicial, los riesgos que corren diferentes grupos de la población, la migración forzada hacia Estados Unidos y el irrespeto a los derechos de los niños y las mujeres han sido claves para que el país se encuentre en esta situación.
Asimismo, estas organizaciones criminales reclutan por la fuerza a niños y niñas, amenazándolos para que formen parte de las maras y sometiendo a abusos sexuales a mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBT.
'La debilidad de las instituciones del Estado y los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad han contribuido a que la violencia de las maras sea un problema persistente. Ha habido señalamientos reiterados de convivencia entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones delictivas', indica Human Rights Watch.
'Los jueces son blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo, particulares que tienen vínculos con el gobierno y maras. Fiscales y denunciantes han recibido amenazas de muerte. La Corte Suprema, en particular su presidente, ejerce un control excesivo sobre la designación y remoción de jueces, y la inestabilidad de la carrera profesional limita la independencia de estos', denuncia el informe.
Asimismo, señala que desde la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el Ministerio Público ha ostigado a los encargados de la lucha contra la corrupción, como es el caso del titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, quien junto a su equipo han llevado diferentes casos de corrupción.
En su momento la CIDH recibió información de que la amenaza de demandas y de procesos penales, incluyendo por calumnias e injurias, es utilizada con frecuencia, lo cual dificulta la defensa de los derechos humanos en Honduras.
Por otra parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la CIDH instaron al Estado de Honduras en junio para que se abstuviera de realizar acusaciones contra mujeres del pueblo garífuna por diferentes delitos.
También dentro de los principales grupos de riesgo en materia de derechos humanos en el país se encuentran los periodistas, quienes ejercen su profesión en uno de los países más peligrosos del continente para este trabajo.
Según diferentes denuncias presentadas por comunicadores, las fuerzas de seguridad han sido la mayor amenaza que ha enfrentado el ejercicio periodístico en el país durante los últimos años.
Asimismo, UNESCO indica que desde el 2010 unos 42 periodistas han sido asesinados, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa señala que 29 comunicadores han recibido medidas de protección tras ser víctimas de amenazas.
'Los grupos en mayor riesgo de desplazamiento interno son los niños y niñas sometidos al reclutamiento forzado por parte de pandillas, profesionales y propietarios de negocios que enfrentan extorsión, sobrevivientes de violencia doméstica, personas LGBT y miembros de minorías étnicas que son víctimas de violencia y discriminación, según indicó la CIDH. Las comunidades rurales que sufren inseguridad alimentaria debido a sequías prolongadas y eventos climáticos extremos también son vulnerables al desplazamiento', expresa el documento.
Desde enero hasta septiembre de 2021, 31,894 hondureños solicitaron refugio en México, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), lo que representa el 35% de las solicitudes recibidas por ese país.
Del mismo modo, el gobierno informó que 42,357 hondureños fueron retornados a Honduras del 1 de enero al 17 de octubre de 2021, superando ampliamente el total que dejó el 2020.
Hasta el 5 de agosto del año pasado se habían contabilizado 174 asesinatos a mujeres en Honduras, según los datos del Centro de Derechos de Mujeres.
'En 2019, más de 360,000 niños y niñas de entre 5 y 17 años trabajaban, y tan solo la mitad de los menores de 18 asistían a la escuela, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística', asegura.
'La pandemia del covid-19 ha limitado aún más el acceso a la educación. Las escuelas cerraron en marzo de 2020, y en septiembre de 2021 aún no habían reiniciado completamente las clases presenciales', añade.
Como último punto indica que el reclutamiento de menores de edad por parte de las pandillas ha provocado que muchos jóvenes huyan y abandonen la escuela. Según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), muchos jóvenes tienen su primer contacto con estas organizaciones a los 13 años.
De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos, en Honduras factores como la violencia provocada por las maras y pandillas, la impunidad en el sistema judicial, los riesgos que corren diferentes grupos de la población, la migración forzada hacia Estados Unidos y el irrespeto a los derechos de los niños y las mujeres han sido claves para que el país se encuentre en esta situación.
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Según el informe de Human Rights Watch el crimen organizado sigue afectando a la sociedad hondureña y obliga a muchas personas a abandonar el país ante la falta de respuesta de las autoridades y la falta de empleo y oportunidades que actualmente existe.
Asimismo señala que entre los grupos más vulnerables a la violencia se encuentran los periodistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, miembros de la comunidad LGBT y personas con discapacidad.
Por otra parte, la organización hace énfasis en que la impunidad y los escasos avances en materia judicial y policial han sido ineficaces, ya que la corrupción y los abusos se han generalizado dentro de las instituciones.
Violencia de maras y pandillas
El informe señala que la violencia empleada por maras y pandillas ha sido un problema generalizado, ya que estos grupos delincuenciales ejercen el control territorial de muchas zonas en donde extorsionan a sus residentes.Asimismo, estas organizaciones criminales reclutan por la fuerza a niños y niñas, amenazándolos para que formen parte de las maras y sometiendo a abusos sexuales a mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBT.
'La debilidad de las instituciones del Estado y los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad han contribuido a que la violencia de las maras sea un problema persistente. Ha habido señalamientos reiterados de convivencia entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones delictivas', indica Human Rights Watch.
Impunidad
Otro de los grandes problemas que enfrenta Honduras es la impunidad que existe dentro de los entes de justicia, en donde muchos ciudadanos han denunciado que no se actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones.'Los jueces son blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo, particulares que tienen vínculos con el gobierno y maras. Fiscales y denunciantes han recibido amenazas de muerte. La Corte Suprema, en particular su presidente, ejerce un control excesivo sobre la designación y remoción de jueces, y la inestabilidad de la carrera profesional limita la independencia de estos', denuncia el informe.
Asimismo, señala que desde la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el Ministerio Público ha ostigado a los encargados de la lucha contra la corrupción, como es el caso del titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, quien junto a su equipo han llevado diferentes casos de corrupción.
Defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo
En junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estimó que el índice de impunidad de los delitos cometidos contra defensores de derechos humanos en Honduras es del 90%.En su momento la CIDH recibió información de que la amenaza de demandas y de procesos penales, incluyendo por calumnias e injurias, es utilizada con frecuencia, lo cual dificulta la defensa de los derechos humanos en Honduras.
Por otra parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la CIDH instaron al Estado de Honduras en junio para que se abstuviera de realizar acusaciones contra mujeres del pueblo garífuna por diferentes delitos.
También dentro de los principales grupos de riesgo en materia de derechos humanos en el país se encuentran los periodistas, quienes ejercen su profesión en uno de los países más peligrosos del continente para este trabajo.
Según diferentes denuncias presentadas por comunicadores, las fuerzas de seguridad han sido la mayor amenaza que ha enfrentado el ejercicio periodístico en el país durante los últimos años.
Asimismo, UNESCO indica que desde el 2010 unos 42 periodistas han sido asesinados, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa señala que 29 comunicadores han recibido medidas de protección tras ser víctimas de amenazas.
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Migración forzada a Estados Unidos
Ante el aumento de la pobreza provocado por la pandemia del covid-19, el paso de las tormentas Eta y Iota sumado a la ola de violencia, en 2021 Honduras sufrió el fenómeno migratorio, en donde miles de hondureños abandonaron el país en busca de nuevas oportunidades en Estados Unidos, poniendo en riesgo sus vidas al enfrentarse a las duras condiciones que representa la travesia hacia Norteamérica.'Los grupos en mayor riesgo de desplazamiento interno son los niños y niñas sometidos al reclutamiento forzado por parte de pandillas, profesionales y propietarios de negocios que enfrentan extorsión, sobrevivientes de violencia doméstica, personas LGBT y miembros de minorías étnicas que son víctimas de violencia y discriminación, según indicó la CIDH. Las comunidades rurales que sufren inseguridad alimentaria debido a sequías prolongadas y eventos climáticos extremos también son vulnerables al desplazamiento', expresa el documento.
Desde enero hasta septiembre de 2021, 31,894 hondureños solicitaron refugio en México, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), lo que representa el 35% de las solicitudes recibidas por ese país.
Del mismo modo, el gobierno informó que 42,357 hondureños fueron retornados a Honduras del 1 de enero al 17 de octubre de 2021, superando ampliamente el total que dejó el 2020.
2021, un año de femicidios
El 2021 dejó una fuerte espiral de violencia en Honduras, en donde los femicidios tuvieron un alarmante incremento.Hasta el 5 de agosto del año pasado se habían contabilizado 174 asesinatos a mujeres en Honduras, según los datos del Centro de Derechos de Mujeres.
Nadie defiende los derechos de la niñez
El informe de Human Rights Watch también señala que la fragilidad de las instituciones hondureñas no protege los derechos de la niñez ni grantizan que tengan acceso a derechos básicos como educación y atención de la salud.'En 2019, más de 360,000 niños y niñas de entre 5 y 17 años trabajaban, y tan solo la mitad de los menores de 18 asistían a la escuela, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística', asegura.
'La pandemia del covid-19 ha limitado aún más el acceso a la educación. Las escuelas cerraron en marzo de 2020, y en septiembre de 2021 aún no habían reiniciado completamente las clases presenciales', añade.
Como último punto indica que el reclutamiento de menores de edad por parte de las pandillas ha provocado que muchos jóvenes huyan y abandonen la escuela. Según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), muchos jóvenes tienen su primer contacto con estas organizaciones a los 13 años.
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