Tegucigalpa, Honduras.-La construcción de nuevos salones de reuniones asignados a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, durante la gestión de Rebeca Raquel Obando, estuvo marcada por una licitación fallida y posterior adjudicación del proyecto a una empresa que no figuraba entre las invitadas a participar en un concurso privado.
El proyecto, denominado “Construcción de salones de reuniones para la Presidencia, anexos al edificio principal de Tegucigalpa, Francisco Morazán”, establece que la sede del Poder Judicial ya cuenta con un salón con capacidad para 40 personas, utilizado como sala de prensa, audiencias para extraditables y reuniones institucionales.
Ante esa situación, documentos oficiales justifican la construcción de dos nuevos salones, con capacidad mínima para 50 personas cada uno, para ampliar la disponibilidad de espacios físicos destinados a reuniones institucionales y atender la demanda operativa de la Presidencia y de los demás órganos del Poder Judicial.
Procesos de contratación
De acuerdo con información oficial a la que tuvo acceso EL HERALDO, el proyecto fue adjudicado a la empresa Servicios de Ingeniería (SERIN), bajo el contrato N.° 02-2025, por un monto inicial de 12.9 millones de lempiras.
Según la documentación revisada por este rotativo, el proyecto se intentó adjudicar inicialmente en dos ocasiones. La primera fue mediante la Licitación Pública Nacional N.° 10-2023, lanzada el 5 de junio de 2023, en la que participaron cuatro empresas.
Sin embargo, ese primer proceso de licitación fue declarado “fracasado”, luego de que las ofertas económicas presentadas por las empresas superaran los 11 millones de lempiras.
La resolución emitida por el Poder Judicial el 4 de marzo de 2024 establece que la decisión se tomó por falta de disponibilidad presupuestaria para cubrir los montos ofertados.
La institución argumentó que procedía “declarar fracasada la licitación si las ofertas presentadas no son admisibles por encontrarse con una falta de disponibilidad presupuestaria”.
Postulación independiente
Posteriormente, en mayo de 2024, el Poder Judicial autorizó la Licitación Privada N.° 04-2024 para seleccionar empresas de manera directa y continuar con el proyecto. Aunque SERIN no figuraba entre las compañías invitadas a participar, presentó una propuesta por iniciativa propia.
De acuerdo con la documentación revisada por este rotativo, la oferta económica de SERIN ascendió a 12.9 millones de lempiras. Posteriormente, la empresa resultó adjudicada para ejecutar la obra.
Es decir, el monto aceptado por el Poder Judicial supera en más de un millón de lempiras las propuestas que motivaron la declaratoria de fracaso de la Licitación Pública Nacional N.° 10-2023, bajo el argumento de falta de disponibilidad presupuestaria.
Aunque el Poder Judicial autorizó aceptar la propuesta de SERIN, la Memoria Anual 2025 de la institución indica que el proyecto tuvo un aumento presupuestario de 13.5 millones de lempiras.
Según ese documento, la obra comenzó a ejecutarse el 17 de febrero de 2025 y debía finalizar en un plazo de 280 días, es decir, el 30 de enero de 2026.
Pese a que los salones tenían una fecha prevista de finalización, los documentos oficiales indican que fueron concluidos en mayo pasado, con un costo final de 15.9 millones de lempiras. Esto representa cerca de tres millones de lempiras adicionales respecto al valor originalmente contratado.
Además, la descripción técnica del contrato detalla que las obras contemplaron la demolición de la estructura existente, remoción de adoquinado, nivelación, conformación del terreno, trazado y marcado del inmueble, entre otras actividades de construcción.
Posturas
Desde una perspectiva jurídica, German Leitzelar, abogado, señaló que, si bien las mejoras en infraestructura son necesarias para fortalecer los servicios judiciales a nivel nacional, la justicia en el país también exige atención prioritaria a problemas estructurales urgentes.
Leitzelar mencionó la mora judicial como uno de los “problemas urgentes” que enfrenta el país, ya que, al cierre de 2025, se acumulaban alrededor de 43,000 expedientes pendientes de resolución.
“Hay que analizar los fondos de la obra y bajo que esquema se realizó. Sin embargo, en este momento el mayor esfuerzo que se debe realizar es superar la mora judicial, y para eso hay que invertir en equipos y, sobre todo, en personal. No solo es la capacitación de jueces, sino ampliación del número de tribunales”, explicó.
El abogado también apuntó que toda inversión en infraestructura judicial debería responder a una estrategia orientada a mejorar la administración de justicia.
En ese sentido, cuestionó si la construcción de una sala para la alta magistratura tendrá un efecto decisivo en la reducción de la mora judicial. Además, sostuvo que las futuras obras deben priorizar el fortalecimiento de juzgados y tribunales para agilizar los procesos y mejorar la atención a la ciudadanía.
"Hay que ver qué prioridad tiene un salón de esa naturaleza frente al fortalecimiento de justicia a nivel geográfico de todo el país, especialmente con los juzgados de paz y todas aquellas materias en donde la mora es provocada por una insuficiencia de mejoras que requiere el Poder Judicial", comentó.
Incidencias
De acuerdo con la Memoria Anual más reciente del Poder Judicial, durante 2025 el sistema de justicia recibió 129,997 nuevos expedientes y resolvió 86,991, lo que dejó un saldo de 43,006 casos pendientes de resolución.
La diferencia entre los procesos ingresados y los concluidos evidencia una brecha operativa y las limitaciones estructurales que enfrenta el sistema para responder al creciente volumen de demandas judiciales en el país.
Los datos oficiales muestran que la mayor congestión se concentra en los juzgados de letras, considerados la puerta de entrada de la mayoría de los procesos judiciales.
Solo en 2025, estos órganos jurisdiccionales registraron el ingreso de 82,727 expedientes y resolvieron 48,774, lo que equivale a una tasa de respuesta del 59%.
En términos prácticos, los datos indican que cuatro de cada diez casos que llegaron a los juzgados de letras durante el año no obtuvieron una resolución dentro del mismo período, lo que prolongó los tiempos de espera para miles de usuarios del sistema de justicia.
Hasta abril, Melvin Duarte, portavoz del órgano judicial, admitió que la mora es una problemática recurrente que afecta a la mayoría de las unidades jurisdiccionales. Sin embargo, aseguró que el Poder Judicial se encuentra en un proceso de revisión de los casos acumulados para identificar los puntos de mayor estancamiento.
No obstante, el propio diagnóstico institucional advierte que la mora es un problema de carácter estructural, relacionado con la capacidad operativa del sistema frente al ingreso constante de nuevos casos.
Aunque este rotativo solicitó información adicional sobre el proyecto a las autoridades del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, al cierre de esta edición no se recibió una respuesta institucional sobre la inversión realizada en los nuevos espacios habilitados en la sede judicial de la capital hondureña.
