Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de justicia hondureño enfrenta un rezago significativo, más de 43,000 expedientes permanecen sin resolver a nivel nacional, según el último informe de Memoria Anual del Poder Judicial
De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 el sistema judicial registró 129,997 casos ingresados frente a 86,991 resueltos, lo que dejó un saldo de 43,006 expedientes pendientes.
Esta diferencia no solo refleja un déficit operativo, sino una incapacidad estructural para responder al ritmo de la demanda.
El principal factor detrás de esta situación es el desbalance entre ingresos y resoluciones. Aunque el sistema mantiene actividad constante, solo logra evacuar alrededor de dos tercios de los casos que ingresan.
Esto significa que, incluso con esfuerzos sostenidos, el volumen de trabajo supera la capacidad operativa, generando una acumulación progresiva de expedientes.
Ante ese panorama, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, admitió que la mora es una problemática recurrente que afecta la mayoría de las unidades jurisdiccionales, no obstante, aseguró que órgano de justicia se encuentran en un procesos de revisión a los casos acumulados, para identificar los puntos de mayor estancamiento.
“La mora es un tema frecuente; existe en una gran parte de las unidades del Poder Judicial”, afirmó Duarte.
El funcionario también explicó que no todos los expedientes en trámite pueden considerarse mora judicial, ya que algunos procesos aún se encuentran dentro de los plazos legales establecidos. “No todo expediente en trámite puede considerarse mora judicial”, precisó.
Sin embargo, el propio diagnóstico institucional advierte que el problema es de carácter estructural y está relacionado con la capacidad operativa del sistema frente al ingreso constante de nuevos casos.
Mayor congestión
Los informes judiciales señalan que el principal nivel de congestión se concentra en los juzgados de letras, donde se registra la mayor carga de trabajo.
Solo en 2025, estos órganos jurisdiccionales recibieron 82,727 casos y resolvieron 48,774, lo que representa una tasa de respuesta del 59%. Esto implica que cuatro de cada diez casos no se resuelven en el mismo año en que ingresan.
En contraste, las instancias superiores presentan mejores niveles de resolución. La Corte Suprema de Justicia resolvió el 83% de los expedientes recibidos, las Cortes de Apelaciones el 79% y los Tribunales de Sentencia alcanzaron un 97%.
El informe también detalla que, en algunos despachos, las resoluciones superan los ingresos debido a la atención de casos acumulados de años anteriores, lo que evidencia que la mora judicial es un problema progresivo.
Causas estructurales
Desde el análisis jurídico, el abogado Germán Leitzelar, experto en materia laboral, señaló que el problema no radica únicamente en la carga de casos, sino también en el incumplimiento de los plazos procesales.
“El problema fundamental es que se incumplen los plazos. En materia laboral, por ejemplo, un caso no debería superar cuatro audiencias, pero estas pueden extenderse por años debido a suspensiones por carga de trabajo, decisiones judiciales o incluso estrategias de las partes”, explicó.
El especialista advirtió que estas dilaciones prolongan innecesariamente los procesos y afectan la eficiencia del sistema de justicia.
En esa línea, el abogado aseguró que la mora en materia laboral podría registrar un reapunte en 2026, lo que a largo plazo, podría incrementar significativamente la mora judicial en el país.
En ese contexto, el principal desafío para el Poder Judicial no solo es reducir el rezago actual, sino evitar que la brecha entre el ingreso de nuevos casos, y lo que se tiene pendiente de resolver.
