Los operadores de justicia y seguridad de Honduras desfilaron por el Poder Legislativo, pero dejando un sabor amargo sobre el funcionamiento del engranaje del sector.
La Alianza por la Justicia (APJ), que incluye a entidades como Caritas de Honduras, la Confraternidad Evangélica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, entre otras instituciones, concluye que los datos arrojados por los comparecientes revelan un fracaso de Estado en el combate de la violencia y la criminalidad.
Igualmente, se señala falta de liderazgo del presidente de Honduras, Porfirio Lobo, para dirigir la política de seguridad, a pesar de haber sido este su principal tema de campaña.
Asimismo, se deja al descubierto que para esta campaña se desconocía la situación real del país en materia de inseguridad y, por ende, se asumió el poder sin tener una estrategia de combate a problemas nada nuevos.
La indolencia y el miedo de los funcionarios, la inoperancia de las instituciones, una falta de abordaje focalizado en el combate de la delincuencia y de la criminalidad, así como un gobierno carente de una articulación institucional para el uso de los recursos limitados que tiene el Estado para atacar la inseguridad, son entre otros los hallazgos encontrados, según los representantes de la APJ.
La Alianza por la Justicia, que aglutina a intelectuales, familiares de víctimas de la violencia, organizaciones de derechos humanos, patronatos, gremios profesionales, empresariales y de trabajadores, promovió que el Congreso Nacional impulsara la rendición de cuentas de los operadores de justicia, con el propósito que surja un Plan Nacional de Seguridad y se adopten acciones extraordinarias.
Esta semana rindieron cuentas ante el Congreso Nacional el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva; el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla Reyes; el director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares; el fiscal del Estado, Luis Alberto Rubí; el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés; el ministro de Defensa, Marlon Pascua; y el director nacional de Inteligencia e Investigación, Julián Pacheco.
Fracaso
De esta rendición de cuentas se colige que todas las estrategias han fracasado, que las muchas leyes aprobadas por el Congreso Nacional han tenido pobres y deficientes resultados, que lejos de reducir el delito, la violencia se ha incrementado, según expresan los representantes de organizaciones civiles no gubernamentales.
Según la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con base en un recuento hecho a los presupuestos asignados a los rubros de seguridad y justicia en los últimos 30 años, el Estado de Honduras ha invertido más de 160 mil millones de lempiras, sin embargo, los problemas de la inseguridad se han venido acumulando, de tal forma que actualmente hay una crisis institucional y la sociedad vive en un ambiente de pánico ante el incremento de la violencia, con un índice de 85.5 homicidios por cada cien mil habitantes.
Indolencia e incapacidad
Omar Rivera, delegado de la APJ, considera que en estas comparecencias lo que se ha podido identificar es la “indolencia” , el “miedo” y la “incapacidad” de las autoridades del Estado en el tema del combate a la violencia y la inseguridad, desde el presidente de la República hasta los operadores de justicia.
“Lo que hemos identificado es simple y sencillamente que el dolor que siente la gente como consecuencia de estar sometida a la criminalidad no es un sufrimiento cotidiano por parte de los funcionarios públicos, ellos no están en los zapatos del ciudadano”, dijo Rivera.
Las cifras que estos funcionarios han dado a conocer “esconden grandes tragedias; cualquiera podría decir: bueno, tenemos una tasa de homicidios de 85 por cada cien mil habitantes, pero en Juticalpa hay 144 mil habitantes, en Atlántida hay 129 mil habitantes”.
En el sector de la población masculina entre 18 y 30 años la tasa llega a 300 homicidios por cada cien mil habitantes; empero, esas tragedias no tienen un abordaje focalizado por parte de institucionalidad que opera justicia en el país, ni de la Policía ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial.
Depuración fracasada
Por otra parte, se ha dejado traslucir la falta de liderazgo gubernamental para articular todos los recursos económicos asignados a los operadores de justicia, alrededor de 10,000 millones de lempiras por año.
“Nos hemos dado cuenta de cosas importantes, como por ejemplo: en doce meses de funcionar la DIECP, apenas pudieron constituir 145 expedientes integrales. Se habla de 230 remisiones, pero que solo iban con la prueba del polígrafo y toxicológicas, pero expedientes integrales que impliquen pruebas toxicológicas, investigación patrimonial, la poligráfica y lo que tiene que ver con la prueba psicométrica solo remitieron 145 resoluciones”.
De esas 145 resoluciones, solamente 55 salieron aplazados y de estos solo siete están fuera de la Policía Nacional de Honduras, y en este proceso invirtieron 20 millones de lempiras, cantidad que entre siete depurados arroja la cifra de más de tres millones de lempiras por cada policía separado, por lo que la depuración policial constituye un fracaso, arguyó Rivera.
Golpe de timón
Rivera advirtió que el hecho de que el 80 por ciento de los homicidios no son investigados y que en ese porcentaje anda la impunidad en Honduras, es porque no hay una eficiente estructura de investigación criminal y que de 400 casos que maneja cada fiscal del Ministerio Público, un mínimo porcentaje son judicializados, “nos da la sensación de que aquí hay que dar un golpe de timón”.
Fracaso de Estado
En tanto, Castellanos estima que las comparecencias, consideradas como un hecho inédito en Honduras, han puesto al descubierto la crisis institucional de los operadores de justicia, el fracaso de las instituciones, traducida en un “fracaso de Estado” en su política de seguridad.
Castellanos afirmó que ha quedado justificada la necesidad que había de que la ciudadanía conociera cómo funciona el sistema de seguridad y justicia en Honduras.
Ha quedado evidenciado la falta de claridad en las políticas institucionales, el temor que experimentan los funcionarios de enfrentar el crimen organizado, y ha sido revelador escuchar al director de la DIECP con informes inconsistentes sobre la depuración policial.
Ha sido revelador escuchar a un ministro de Seguridad admitir que fue burlado por los policías que debieran estar fuera de la institución, y la admisión de un fiscal de que el 80 por ciento de delitos que se cometen en Honduras quedan en la impunidad y que solo un 20 por ciento de ellos son investigados.
Por otra parte, en el Poder Judicial han abusado de las medidas sustitutivas de presión, los jueces no han tenido ningún pudor de otorgar medidas sustitutivas a personas que han sido capturadas con evidencias de los crímenes cometidos, agregó.
Todo esto es un fracaso de las instituciones que se traduce en un fracaso del Estado, y esto es grave porque Honduras, desde hace muchos años, ocupa uno de los primeros lugares entre los países más violentos del mundo.
Por su parte, el presidente del CN, Juan Hernández, instruyó a los miembros de la Comisión Especial de Rendición de Cuentas, a reunirse a partir de este viernes para elaborar el informe que deberán presentar al pleno legislativo el próximo lunes.
