Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante tres relatoras que han estado en Honduras en las últimas semanas, brindaron un informe con observaciones y recomendaciones de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
Las relatoras que brindaron el informe son Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y de expresión; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; y Gina Romero, relatora especial sobre los derechos de reunión pacífica y asociación.
En el escrito de varias páginas, hacen un llamado a los políticos y Fuerzas Armadas cesar sus campañas de desprestigio, odio y estigmatización contra periodistas.
A su vez, piden que los discursos de amenazas entre partidos políticos también concluya, porque esto polariza la situación en Honduras a pocos días de los comicios generales.
El documento puede verse en el siguiente link de Naciones Unidas donde se encuentra en inglés y español.
Documento íntegro:
Honduras debe garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes, con pleno respeto a la libertad de prensa y al acceso del electorado a información fiable, detallada y objetiva. Los partidos políticos y personas candidatas deben ser responsables en sus discursos, absteniéndose de difundir desinformación, información errónea y mensajes que puedan incitar a la hostilidad, la discriminación o la violencia, y deben mostrarse claros en su compromiso de reformar las leyes y políticas para fortalecer los derechos humanos, han declarado hoy expertas de la ONU. Con vistas a las elecciones generales del 30 de noviembre y dos años después de la visita al país de la Relatora Especial sobre libertad de expresión en octubre de 2023, las expertas han emitido el siguiente comunicado:
En la recta final de la campaña electoral y a pocas semanas de las elecciones del 30 de noviembre, estamos siguiendo de cerca, con cierta preocupación, el creciente clima de polarización y las amenazas y ataques a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el espacio cívico en el país, incluidas las personas defensoras de los derechos humanos y observadores electorales. En este momento en que el estado de excepción sigue prorrogándose, las tensiones entre los partidos políticos están en un punto álgido y muchas reformas clave para garantizar una mayor seguridad para los actores cívicos basada en los derechos humanos siguen sin llevarse a cabo, Honduras se enfrenta a un período electoral difícil en el que los derechos humanos deben ocupar un lugar central para evitar que se repitan episodios dramáticos de violencia política del pasado.
Más de dos años después de su visita, las recomendaciones del informe de la Relatora Especial sobre libertad de opinión y expresión siguen siendo muy relevantes en el contexto actual. Resulta profundamente decepcionante que la mayoría de estas recomendaciones aún no se han implementado de manera efectiva, y es esencial que el Gobierno actual y el que resulte elegido el 30 de noviembre se comprometan a aplicarlas de manera urgente y efectiva, en cooperación con la OACNUDH en Honduras y los mecanismos regionales de derechos humanos. Además, en estos últimos años hemos llamado la atención sobre ataques, intimidación y discurso estigmatizante contra defensores de derechos humanos, activistas y voces críticas, incluyendo defensoras indígenas, y sobre la insuficiente protección otorgada por las autoridades mediante varias comunicaciones dirigidas al Gobierno.
Observamos con preocupación una intensificación en este período preelectoral del discurso estigmatizador que desde hace tiempo se viene dirigiendo contra periodistas, defensores de los derechos humanos, comunicadores sociales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que tienen un importante rol en el monitoreo del proceso electoral. Esta estigmatización viene por parte de ciertos altos cargos del Gobierno y de los partidos políticos, así como de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, que incluye difamaciones, acusaciones infundadas, estigmatización pública, intimidación y ataques físicos y en línea en represalia por su trabajo. Estas medidas no solo pretenden suprimir la expresión de quienes son atacados, sino que también tienen un efecto disuasorio sobre los demás.
En este clima de creciente tensión, el riesgo de nuevos ataques contra periodistas y personal de los medios de comunicación se incrementa de forma alarmante. En lo que va de 2025, dos periodistas han sido asesinados, incluido uno que se encontraba bajo la protección del Sistema Nacional de Protección, lo que eleva a 31 el número total de periodistas asesinados desde 2005. Decenas de ellos han sido objeto de graves amenazas, campañas de acoso y ataques por su trabajo, desde demandas infundadas hasta denigraciones públicas. Periodistas indígenas y medios de comunicación comunitarios y alternativos han sufrido una hostilidad especialmente intensa. La falta de avances significativos en las investigaciones de los asesinatos de periodistas —con una impunidad superior al 90%— y las notables deficiencias del mecanismo de protección, que la Relatora Especial destacó en su informe y que aún no se han superado, contribuyen al clima de inseguridad que sienten los periodistas en el país.
Los políticos y los funcionarios públicos, incluidos los mandos militares y policiales, desempeñan un papel fundamental en la conformación del debate y la opinión públicas, y tienen una gran responsabilidad en el deterioro del panorama informativo. No deben abusar de su posición privilegiada para socavar la integridad electoral, incitar a la violencia, la hostilidad y la discriminación, o atacar a los medios de comunicación y la sociedad civil. Al contrario, deben fomentar la confianza de la ciudadanía en la selecciones mediante un comportamiento ético y asegurarse de que su discurso sea en todo momento acorde con los derechos humanos y respetuoso con los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Cuando se ataca la libertad de expresión y a quienes la ejercen, se ponen en peligro los procesos electorales y se resiente la confianza pública en las elecciones. Asimismo, unas elecciones que no respetan los derechos a la libertad de asamblea y asociación no pueden ser consideradas libres o justas.
También estamos preocupadas por los problemas de acceso a la información que se reportan, como el cierre de páginas web y los constantes intentos de hackeo de sitios web que publican información crítica o perjudicial para ciertos actores políticos. Además, resulta muy decepcionante la persistente falta de transparencia institucional, pues ante la mayoría de las solicitudes de información oficial, las instituciones del Estado no proporcionan respuesta o lo hacen de manera general, vaga y vacía de contenido. El flujo libre de la información, basado en el derecho a buscar, recibir y publicar información, es una condición previa esencial para unas elecciones libres, justas y democráticas.
Las enormes tensiones entre partidos en el Congreso Nacional, las desavenencias entre consejeros del Consejo Nacional Electoral y la parálisis del Tribunal de Justicia Electoral, ponen en riesgo el buen desarrollo de las elecciones. Esta crisis institucional debilita el sistema democrático, socava la protección de los derechos humanos y, en última instancia, podría deslegitimar las elecciones. Es particularmente preocupante el hostigamiento a los órganos electorales, incluyendo el CNE. Manipular las narrativas sobre la fortaleza del sistema electoral para evitar el fraude son peligrosas y ponen en riesgo no sólo a actores políticos en disputa electoral, sino también a la sociedad civil, activistas y defensores; además de debilitar la confianza ciudadana hacia la democracia y sus instituciones.
Los funcionarios gubernamentales, por un lado, y representantes de la sociedad civil y periodistas, por el otro, manifiestan su constante preocupación por la desinformación e información engañosa destinada a socavar o desacreditar a la otra parte, en un clima subyacente de falta de confianza mutua. Honduras debería desarrollar estrategias multidimensionales, incluyentes de todas las partes interesadas y basadas en los derechos humanos para contrarrestar la desinformación electoral. El Estado debe cumplir con su propia responsabilidad de proporcionar información objetiva, veraz y puntual, y abstenerse de restringir el libre flujo de información, salvo de conformidad con los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y objetivos legítimos establecidos en el derecho internacional.
En este contexto electoral, más que nunca, es esencial invertir esfuerzos en generar confianza en el conjunto de la sociedad. Los estados de excepción afectan de forma grave el ejercicio electoral, antes, durante y después de las elecciones. Es indispensable, entonces, que los poderes extraordinarios no sean utilizados para restringir y reprimirlas libertades fundamentales y la participación. Muy al contrario, es crucial respetar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, garantizar la transparencia y el acceso a la información, asegurar la integridad de la información, fomentar la tolerancia y crear condiciones para que la pluralidad de opiniones y el disenso puedan expresarse de forma libre y respetuosa.
Con base en estas observaciones y al momento crítico que vive Honduras, hacemos las siguientes RECOMENDACIONES:
En este contexto preelectoral, todos los candidatos electorales y partidos políticos deben poder ejercer su derecho a hacer campaña libremente y en condiciones seguridad y de igualdad de armas. Los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, asamblea pacífica y asociación deben ser garantizados a todos los ciudadanos por igual, sin discriminación alguna.
Periodistas y medios de comunicación, incluyendo los indígenas, comunitarios y alternativos, deben ser respetados en su derecho a cubrir libre e integramente las elecciones e informar a la ciudadanía de forma independiente y de acuerdo con su línea editorial. La pluralidad y diversidad de información y medios debe ser garantizada. La política publicitaria del Estado no debe discriminar y favorecer a ciertos medios sobre otros por motivos políticos o comerciales.
Los observadores electorales, incluidos los defensores de los derechos humanos , deben estar protegidos de cualquier forma de intimidación, ataques o violencia.
Los órganos electorales estatales, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y demás autoridades, deben asegurar unas elecciones limpias, democráticas y transparentes, garantizando la libre circulación, publicación, acceso y recepción de información electoral, política y periodística, incluyendo en las lenguas de los Pueblos Indígenas.
Las autoridades estatales, funcionarios, candidatos y partidos políticos deben tener en cuenta el impacto de sus declaraciones en el discurso político y deben evitar escrupulosamente en todo momento los mensajes que puedan incitar al odio, la discriminación, la hostilidad o la violencia.
Las instituciones estatales, autoridades públicas, líderes políticos y fuerzas de seguridad deben cesar de cualquier tipo de amenazas, campañas de desprestigio o descalificación de periodistas y defensores de los derechos humanos y fomentar un entorno que respete el pluralismo mediático y sea tolerante con la crítica pública.
El Sistema Nacional de Protección debe poner en marcha medidas concretas y protocolos específicos de atención para la protección a periodistas y ser dotado de los recursos y autonomía necesaria para actuar de manera independiente, con atención a las mujeres periodistas, así como a periodistas indígenas y comunitarios.
Los candidatos deben hacer promesas concretas y comprometerse a reformas efectivas que avancen y promuevan la democracia, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el espacio cívico y los derechos humanos, así como la seguridad de los periodistas, defensores de derechos humanos y agentes de la sociedad civil. El próximo gobierno electo debe considerar con seriedad y urgencia las recomendaciones que expuse en el informe sobre su visita a Honduras de la Relatora Especial sobre libertad de expresión y hacer de las reformas legislativas y de políticas públicas necesarias una prioridad.
