SIP, Colegio de Periodistas y AMC repudian amenazas de Roosevelt contra OPSA
La SIP, el CPH, Article 19, empresarios, defensores de derechos humanos y periodistas reprueban la conducta del jefe militar y advierten de un patrón para hostigar a los periodistas, medios de comunicación y sus propietarios
- 10 de noviembre de 2025 a las 16:15
Tegucigalpa, Honduras.- Diversos sectores nacionales e internacionales repudiaron este lunes los constantes ataques sin fundamento que el jefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), Roosevelt Hernández, ha realizado contra EL HERALDO y LA PRENSA, medios de comunicación que han expuesto cómo el jefe militar ha politizado el ente castrense y ha creado una crisis interna.
En los últimos meses, Hernández ha emprendido una escalada contra los medios de comunicación que continuamente han publicado su conducta fuera de la ley, poniendo en peligro no solo la estabilidad de la institución armada, sino también la democracia de Honduras.
La sociedad hondureña y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión ven con preocupación cómo Hernández, tras fracasar en su primer intento de que el Ministerio Público se prestara para exigirle a los medios de comunicación que revelen las fuentes periodísticas, determinó usar la estrategia de la mentira, esta vez para atacar a los medios del Grupo OPSA que continuamente han denunciado los desmanes del militar, los cuales él no ha desmentido.
El 6 de noviembre, a través de los medios de comunicación del Estado y del periódico digital de las Fuerzas Armadas, Hernández, sin ninguna prueba, calificó como campaña mediática las coberturas periodísticas que EL HERALDO y LA PRENSA han realizado responsablemente sobre su gestión.
Además, vinculó que detrás de ello hay negocios inexistentes entre Grupo OPSA y las empresas del Instituto de Previsión Militar (IPM), además de agregar que “la campaña no es un hecho aislado, sino parte de un entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras de crimen organizado”.
Para Laura Moguel, de la organización Article 19 de México, si el jefe militar quiere aclarar alguna información tiene el derecho a réplica, la forma legal de proceder, y no la agresión.
“Nosotros abogamos mucho por la declaración de libertad de expresión de la Comisión Interamericana que tiene ver con que las autoridades públicas y los funcionarios están expuestos a un mayor escrutinio público, por lo tanto, tienen que ser más receptivos o tolerantes a la crítica o responder de forma adecuada”, expresó.
Article 19, con sede en Ciudad de México, emitió una alerta sobre los ataques de Hernández a los medios de comunicación de OPSA.
Desde septiembre de 2025, Article 19 "ha registrado que diversos medios de comunicación han sido señalados en varias ocasiones por las Fuerzas Armadas. Las autoridades castrenses han implementado tanto discursos estigmatizantes a través de canales institucionales como amenazado de iniciar acciones legales en su contra".
Esta organización ha documentado también que este tipo de agresiones en contra de medios de comunicación críticos, por parte de funcionarios, se ha llevado a cabo por lo menos desde hace ya un año, precisa la alerta.
Entre tanto, Dina Meza, defensora de los derechos humanos en Honduras, explicó que los ataques de Hernández a los medios de comunicación han subido de tono, lo cual muestra un abuso de su cargo y “eso es gravísimo”.
Los ataques del jefe de las Fuerzas Armadas a EL HERALDO y LA PRENSA, así como a otros medios de comunicación y periodistas, son “una campaña de amedrentamiento que ha ido subiendo de tono. Inicialmente, colocó 12 denuncias, querellas en el Ministerio Público y, luego, su discurso tiene una conexión con el discurso del gobierno, entonces es como un consorcio para delinquir contra la libertad de prensa y libertad de expresión", añadió.
Meza subrayó que “lo grave de estos ataques provienen de quien dirige un ente armado que tiene todo un aparataje de vigilancia que pueden estar poniendo en acción contra estos medios de comunicación, sus dueños y contra los periodistas”. Estas acciones ocurren, además, dentro del marco de las elecciones del 30 de noviembre y una tergiversación de la realidad.
“A Roosevelt no le gusta que estos medios estén haciendo investigaciones, develando irregularidades, abuso de autoridad, actos de corrupción y violaciones a derechos humanos. Entonces pretende opacar la información y desprestigiarlos, y eso violenta convenios y tratados internacionales de libertad de expresión y libertad de prensa”, agregó.
Rememoró que Honduras recientemente fue evaluada en el Examen Periódico Universal (EPU), en el cual los examinadores preguntaron sobre el respeto a la libertad de expresión, el estado de excepción y otros temas. Este próximo 14 de noviembre, el Estado debe aceptar las recomendaciones, rechazarlas o mantenerlas en suspenso.
“No me cabe duda que van a ser más que esas 223 recomendaciones, por toda la situación de retroceso en materia de libertad de expresión que tenemos. Y esto de las Fuerzas Armadas cae en el marco de todo esto, en el querer deslegitimar investigaciones que se están haciendo y de esa forma quebrar lo que es la credibilidad que tienen estos medios ante la sociedad”, proyectó la defensora de derechos humanos.
SIP condena hostigamiento
De igual manera, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó este lunes su profunda preocupación por las declaraciones de Hernández, quien acusó al empresario periodístico Jorge Canahuati, presidente ejecutivo del Grupo OPSA y expresidente de la SIP, de encabezar una supuesta “campaña mediática” en su contra y contra la institución militar.
La SIP recordó que los funcionarios públicos deben respetar el derecho de los medios a informar y opinar libremente, sin presiones ni descalificaciones que puedan menoscabar la libertad de expresión.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc. de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, expresó que “este tipo de acusaciones provenientes de altos mandos militares constituyen una forma de presión y descrédito hacia la prensa independiente, con el potencial de vulnerar la libertad de expresión y generar un clima de hostigamiento e intimidación contra periodistas y medios de comunicación, especialmente en vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), recordó que “en una democracia, los medios cumplen la función esencial de fiscalizar el poder y cuestionar la actuación de las instituciones públicas. Las autoridades deben responder con transparencia y datos, no con ataques que buscan desacreditar el trabajo periodístico ni con intentos de amedrentamiento”.
Asimismo, la SIP advirtió que en Honduras “la labor de la prensa se ha visto seriamente afectada por acciones directas de las Fuerzas Armadas que evidencian un patrón de intimidación, difamación y estigmatización contra periodistas y medios”, tal como documentó su informe país presentado durante la Asamblea General de octubre pasado.
En mayo pasado, la SIP ya había rechazado una ofensiva del estamento militar hondureño, cuyo medio oficial llegó a calificar a periodistas como “sicarios de la verdad”. Previamente, en febrero, la organización había denunciado una campaña de intimidación impulsada por el propio general Hernández, quien amenazó con promover acciones judiciales contra 12 medios —entre ellos EL HERALDO y LA PRENSA— para forzarlos a revelar sus fuentes informativas.
La SIP reiteró su solidaridad con Canahuati —quien presidió la organización entre 2020 y 2022— y con todos los periodistas y medios hondureños que ejercen su labor informativa en un entorno de creciente hostilidad. La institución instó a las Fuerzas Armadas y al gobierno de Honduras a promover un diálogo respetuoso y garantizar la seguridad y libertad de los comunicadores.
De acuerdo con informaciones de prensa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había ordenado previamente al general Hernández abstenerse de emitir declaraciones sobre temas políticos o electorales, recordando que la institución militar actúa bajo su coordinación un mes antes de los comicios para “evitar interpretaciones políticas sobre su participación en el proceso electoral”.
Asimismo, la SIP alertó sobre la escalada de ataques contra el medio digital Criterio.hn. Su directora y cofundadora, Emy Padilla, denunció la intervención de sus cuentas en redes sociales, la estigmatización pública y un acoso administrativo por parte del Ministerio Público, que solicitó al portal revelar sus fuentes en investigaciones sobre presuntas conexiones comerciales de la empresaria Kensy Ivette García Torres —procesada en Estados Unidos— con redes de narcotráfico, funcionarios vinculados a corrupción y el exministro de Defensa, Samuel Reyes (2014–2018).
La organización exhortó a las autoridades hondureñas a garantizar el secreto profesional y la protección del anonimato de las fuentes periodísticas, un principio consagrado tanto en la Constitución hondureña como en los estándares internacionales de libertad de prensa.
Por su parte, el empresario Juan Ferrera calificó a Canahuati como una persona “de mucho respeto, que los hondureños conocen porque siempre ha tenido participación en la vida de la nación y lidera medios con mucha credibilidad en lo que publican, además de orientar a la gente permanentemente no solo en la toma de decisiones, sino que también buscan la armonía".
A Ferrera no le sorprenden los desafortunados ataques de Hernández hacia EL HERALDO y LA PRENSA, así como a su propietario, sobre todo cuando el comportamiento y actuar del militar ha sido muy evidente. “Desafortunadamente, ha cambiado mucho la participación de las cúpulas de las Fuerzas Armadas en relación con tiempos anteriores”, lamentó.
Excusarse en una campaña mediática cuando los hechos son irrebatibles y vincularlos con el crimen organizado sin una prueba “es irresponsable de su parte”, dijo Ferrera tras llamar al jefe militar a la responsabilidad y cordura, sobre todo en este momento que el ente militar con un comportamiento neutral e independiente debe cumplir con su responsabilidad constitucional en las elecciones del próximo 30 de noviembre.
CPH condena mentiras de Hernández
Ante las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto publicadas en el medio oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó su más enérgico rechazo y condena por el uso de un órgano institucional militar para atacar, señalar y estigmatizar públicamente a un empresario y a medios de comunicación por el ejercicio legítimo del periodismo.
El CPH advirtió que este tipo de mensajes, emanados desde la más alta jerarquía castrense, representan una amenaza directa a la libertad de expresión, la libertad de prensa y al orden democrático del país, al pretender deslegitimar y criminalizar la labor periodística mediante discursos de poder y control militar
Las Fuerzas Armadas, como institución apolítica, profesional y no deliberante, no pueden ni deben involucrarse en controversias mediáticas, económicas o electorales, ni mucho menos emitir juicios públicos contra ciudadanos o empresas privadas. Su función está delimitada por la Constitución de la República, y cualquier extralimitación de esas competencias erosiona el principio de subordinación al poder civil, dice el pronunciamiento.
El CPH alertó a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa, y a los organismos multilaterales que velan por el respeto a la democracia en el hemisferio, sobre el grave precedente que supone la utilización de recursos institucionales del Estado en este caso, las Fuerzas Armadas para ejecutar campañas de desprestigio o intimidación contra la prensa independiente.
Recordó que el periodismo en Honduras enfrenta un contexto creciente de hostigamiento, campañas de difamación y presiones políticas. Este nuevo episodio confirma una tendencia peligrosa de militarización del discurso público y de intentos por silenciar la crítica y el escrutinio ciudadano hacia el poder.
El CPH reiteró su firme compromiso con la defensa irrestricta de la libertad de prensa, el pluralismo informativo y el ejercicio responsable del periodismo en una sociedad democrática. Ninguna institución armada o autoridad civil tiene derecho a coartar, intimidar ni señalar a periodistas o medios de comunicación por informar o investigar temas de interés público, detalla el comunicado.
De acuerdo con Dagoberto Rodríguez, expresidente del CPH, el ataque a medios de comunicación periodistas y la prensa “tiene una connotación muy grave, más allá de la que puede hacer un funcionario público común o una institución del Estado. En el caso de las Fuerzas Armadas va más allá porque tiene el monopolio de las armas, de la inteligencia militar”.
A lo anterior se suma el hecho de que Hernández ha dicho públicamente que han elaborado perfiles de los periodistas y medios críticos a las Fuerzas Armadas, lo cual constituye una gravedad porque coloca una situación de alta vulnerabilidad y de riesgo a los periodistas que han sido investigados por parte de los militares.
Además, la acción es una grave violación a los artículos 72 y 73 de la Constitución de la República, que establecen claramente de que no se pueden establecer controles contra los medios de comunicación y el libre ejercicio del periodismo.
Estos ataques a los medios de comunicación y a la libertad de prensa y de información por parte de las Fuerzas Armadas van a llegar hasta donde el poder político y la sociedad lo permitan. Por el momento, el gobierno ha permitido y tolerado las agresiones del general de división, y por eso hasta parece una política de Estado, deploró Rodríguez.
Rodríguez, ganador del premio Álvaro Contreras en la edición 2025, es del criterio que en este gobierno Honduras retrocedió en materia de a desmilitarización de la sociedad, a pesar de que en la campaña electoral pasada la entonces candidata presidencial y hoy presidenta de la República, Xiomara Castro, prometió enviar a “los militares a sus cuarteles”.
“Los ataques al proceso electoral por parte de Hernández también forman parte de ese tipo de conducta que ha mostrado frente a los medios. Creo que él está siguiendo una política estatal, una política que se dicta desde el Poder Ejecutivo. Él es prácticamente una pieza clave e importante de la política estatal de comunicación y de ataque a los órganos electorales y medios de comunicación, así lo develan sus constantes pronunciamientos”, cuestionó Rodríguez.
Enérgico repudio
La Asociación de Medios de Comunicación (AMC) también externó su "más enérgico repudio" a la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Honduras contra periodistas, dueños de medios de comunicación y prensa independiente.
"La AMC lamenta que las Fuerzas Armadas utilicen su aparato de comunicación para amedrentar, estigmatizar e intimidar mediante ofensivas sistemáticas que sobrepasan los límites que deben respetar en una democracia", dijo la organización en un comunicado.
Además, la AMC rechazó "de forma categórica los ataques del general Roosevelt Hernández contra el presidente ejecutivo de Grupo OPSA y expresidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach".
