Miami, Estados Unidos.-Luego que Diario EL HERALDO denunciara que el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), Roosevelt Hernández, ha comenzado una campaña de intimidación contra los periodistas y medios de comunicación, tras demandar a 12 medios del país por publicar investigaciones e información general sobre la institución y su liderazgo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron sus acciones.

Según la SIP, las acciones de Roosevelt violan “principios fundamentales del periodismo y los derechos constitucionales e internacionales que protegen la confidencialidad de la información, según informes de la prensa local”.

A continuación el comunicado íntegro:

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena la campaña de hostigamiento orquestada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, contra periodistas y medios de comunicación.

En una embestida sin precedentes contra la libertad de prensa, el alto mando militar ha impulsado acciones judiciales con el fin de forzar a 12 medios a revelar sus fuentes, lo que viola principios fundamentales del periodismo y los derechos constitucionales e internacionales que protegen la confidencialidad de la información, según informes de la prensa local.

El acto de hostigamiento y amenaza del alto jefe militar va dirigido contra los influyentes medios de comunicación del país: El Heraldo, La Prensa, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q´Hubo Tv, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) ha denunciado la “creciente judicialización, intimidación y escalada de ataques” desde el gobierno y sectores oficialistas. En particular, ha instado a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas a cesar de inmediato todo acto de intimidación contra la prensa.

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, expresó que “el acoso judicial se ha convertido en un arma sistemática para intentar silenciar al periodismo, especialmente cuando se exponen actos de corrupción y abuso de poder. Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador, exigió “el cese inmediato de esta ofensiva que atenta contra la democracia y la libertad de expresión en Honduras”.

Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, afirmó que “obligar a los medios a divulgar la identidad de sus fuentes atenta contra la independencia de la prensa y el derecho de la sociedad a estar informada”, afirmó. Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, enfatizó que “la confidencialidad de las fuentes es un pilar esencial para el ejercicio del periodismo, especialmente en contextos donde la denuncia de abusos y corrupción depende de la protección de quienes se atreven a hablar”. Recordó al respecto que el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada en 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.”

En las últimas semanas, se registraron diversas agresiones contra la prensa. Entre ellas, la amenaza del Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911) de entablar una demanda judicial contra El Heraldo, presuntamente en represalia por sus investigaciones sobre la institución, según denunció la SIP en un comunicado. Además, Noticias 24/7 sufrió un ataque cibernético tras replicar la investigación de El Heraldo sobre el SNE-911.

El informe de la SIP sobre Honduras, presentado en octubre pasado, había advertido que “desde el poder se promueven ataques sistemáticos contra periodistas y medios que informan sobre la administración de la presidenta Xiomara Castro”.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

De su lado, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), Pedro Vaca, se sumó a las voces de repudio contra la intimidación que el jefe del Estado Mayor Conjunto emprendió contra 12 medios de comunicación.

“Crece preocupación por nuevos reportes desde Honduras sobre Fuerzas Armadas judicializando al periodismo”, publicó en un post acompañado del principio #8 de la Libertad de Expresión.

Añadió que “las autoridades están más expuestas al escrutinio público y no deben usar derecho penal. La reserva de fuentes protege el derecho de periodistas a no revelarlas”.