Tegucigalpa, Honduras.-En medio de un clima político marcado por la confrontación, distintos sectores religiosos y jurídicos del país exhortaron al oficialismo a respetar la institucionalidad democrática y el estado de derecho.
El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y representantes de la Iglesia Evangélica coincidieron en la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad en la conducción de los asuntos públicos, especialmente en lo relacionado con la aplicación de la justicia.
Gustavo Solórzano, titular del CAH, cuestionó el uso recurrente del derecho penal como herramienta política. A su juicio, en el país se ha vuelto costumbre "recurrir directamente al Ministerio Público, como si fuera un AK-47, con el cual se apunta a todo aquel que actúa diferente o con quien no se está de acuerdo".
El abogado señaló que, en medio del ambiente electoral, es cuando más debe prevalecer el respeto al Estado de derecho. “No podemos seguir utilizando las instituciones como instrumentos de presión o venganza política. En este proceso electoral debemos demostrar madurez, fortalecer la democracia y respetar las reglas que nos rigen a todos por igual”, expresó.
Sostuvo que esta práctica está debilitando la institucionalidad hondureña, al convertir la vía penal en la primera reacción ante conflictos políticos o administrativos.
"Aquí utilizamos el derecho penal como una herramienta prácticamente de persecución. Hay que tener mucho cuidado con eso", advirtió, al tiempo que recordó que el derecho penal debe ser la última ratio, es decir, el último recurso.
El profesional del derecho consideró que, ante actos cuestionados, lo correcto no es acudir de inmediato a lo penal, sino agotar los mecanismos de nulidad o revisión judicial. "Si no estoy de acuerdo con lo actuado, debo anular lo actuado", sostuvo.
Asimismo, pidió no permitir al Ministerio Público se convierta en "un instrumento al servicio de las fuerzas políticas", porque ello "destruye la institucionalidad y genera un clima de intimidación". Enfatizó que el rol del abogado debe ser "llevar tranquilidad, justicia y paz", y no interpretar la ley según intereses del poder.
Postura de la Iglesia
Por otro lado, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Gerardo Irías, hizo un llamado a la unidad nacional, exhortando a los ciudadanos a participar en las urnas con fe y sin miedo.
"Como iglesia, seguimos orando y creyendo que el Señor tiene el control. Aunque el país esté dividido, confiamos en que al final se alcanzarán acuerdos que beneficien a la nación", expresó Irías, al tiempo que responsabilizó a los políticos de la actual polarización.
"El país está dividido porque los políticos no se han puesto de acuerdo. Ellos son los responsables de traer paz a esta nación, después de Dios", señaló.
El líder religioso instó a la población a votar masivamente el día de las elecciones y aseguró que "una alta participación electoral es la mejor forma de evitar el fraude" y que, "debemos salir a ejercer el voto con valentía y confianza en que Dios tiene el control", reiteró.
Respecto a las críticas de sectores que acusan la Iglesia de parcialidad política, Irías, que respondió que su labor trasciende cualquier color partidario.
"No tenemos partido. Hemos estado con líderes de todos los sectores, porque Dios es para todos. Nuestra misión es aconsejar y promover la paz", afirmó.
También defendió la participación de los pastores en temas nacionales, recordando que "la fe y la política no son agua y aceite. Los grandes líderes siempre tuvieron consejeros espirituales. Daniel y Natán fueron consejeros. Nosotros también somos ciudadanos, con derecho a voz y voto", subrayó.
Ambas posturas se producen en medio de un ambiente político nebuloso, marcado por denuncias judiciales, señalamientos, disputas institucionales y llamados a la calma social a menos de tres semanas de las elecciones generales.
La Iglesia, por su lado, busca incentivar la participación ciudadana y la reconciliación política, el Colegio de Abogados, advierte sobre el riesgo de erosionar el Estado de derecho mediante el uso político de la justicia.
