Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, expresó la noche de este lunes su preocupación por las acciones emprendidas por el Ministerio Público en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), calificándolas como una “seria amenaza a la estabilidad democrática e institucional del país”.
Solórzano explicó que, de concretarse los requerimientos fiscales e incluso aplicarse medidas de privación preventiva de libertad, el TJE quedaría prácticamente inoperante. “El artículo 35 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral establece que para el funcionamiento y conformación de quórum se requieren al menos dos magistrados propietarios”, recordó el titular del gremio de abogados.
El presidente del CAH advirtió que la situación se agrava por la crisis institucional que atraviesa actualmente el Congreso Nacional, el cual no ha podido sesionar con normalidad ni realizar nombramientos de nuevos magistrados, lo que imposibilitaría cualquier sustitución o recomposición del pleno del TJE.
En un contexto preelectoral, a pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, Solórzano alertó que un debilitamiento o parálisis del órgano de justicia electoral podría dejar al país sin una instancia competente para resolver controversias electorales, generando un vacío jurídico y político de consecuencias impredecibles.
“El respeto a la independencia de las instituciones es clave para garantizar la legalidad y la transparencia del proceso electoral”, enfatizó Solórzano, subrayando que el deterioro del TJE afectaría directamente la confianza ciudadana en los comicios.
