Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investiga las denuncias relacionadas con la crisis sanitaria que provocaron las asambleas informativas del gremio médico, las cuales acumularon 49 días de paro y afectaron la atención de miles de pacientes en los hospitales públicos de Honduras.
El presidente del órgano auditor, Ricardo Montes, explicó que, tras recibir la denuncia el viernes 15 de octubre, el TSC realizará las investigaciones correspondientes y elaborará informes sobre las denuncias presentadas durante la emergencia sanitaria.
Las revisiones se enmarcan en una solicitud de auditoría especial a la Secretaría de Salud (Sesal), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y Secretaría de Finanzas (Sefin), correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
Además, la investigación busca determinar si hubo personal médico que prestó servicios sin respaldo contractual o presupuestario, así como identificar a los empleados que recibieron su salario a tiempo sin haber laborado.
"Nosotros vimos las denuncias y procederemos a hacer las investigaciones correspondientes; posteriormente, haremos los informes respectivos por las denuncias que se han interpuesto en la atención de la emergencia sanitaria que se ha desarrollado en el país", aseguró Montes.
Pagos y contrataciones en el sector salud
La denuncia solicita identificar a los servidores públicos que autorizaron pagos indebidos o contrataciones sin respaldo presupuestario, además de establecer las posibles responsabilidades administrativas que correspondan.
El planteamiento también contempla que, si las auditorías encuentran indicios de responsabilidad civil o penal, el TSC remita los expedientes a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público.
Asimismo, el órgano contralor emitirá recomendaciones para garantizar el pago puntual del personal sanitario y hará públicos los resultados de las investigaciones.
Las pesquisas permitirán determinar los hallazgos relacionados con las denuncias presentadas. Sin embargo, las posibles responsabilidades deberán establecerse a partir de los resultados de las investigaciones y los procedimientos correspondientes.
Asambleas
El 7 de septiembre, el gremio médico a nivel nacional declaró asambleas informativas que incluyeron la suspensión de atenciones médicas, en medio de una disputa entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH) por el pago de salarios atrasados a sus agremiados.
La medida afectó el funcionamiento de los centros asistenciales públicos, donde la atención se concentró en las salas de emergencia, mientras las consultas externas quedaron suspendidas.
Entre los establecimientos afectados estuvieron el Hospital Escuela, en Tegucigalpa, y el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula. En ambos centros, los pacientes que necesitaban atención tuvieron que enfrentar las limitaciones derivadas de la suspensión de las consultas externas.
El director del Hospital Escuela, Darío Zuniga, informó que hasta el 12 de octubre alrededor de 20,000 pacientes de consulta externa de ese establecimiento habían resultado afectados por las asambleas informativas.
Por su parte, la Secretaría de Salud estimó que la crisis afectó cerca de 30,000 consultas externas y entre 3,000 y 4,000 cirugías electivas a nivel nacional.
Las cifras reflejan el impacto de las asambleas en la prestación de los servicios sanitarios, mientras el conflicto por los salarios atrasados mantenía enfrentados al Gobierno y al gremio médico.
Acuerdos de pago
El 25 de octubre, el Colegio Médico de Honduras emitió un comunicado en el que llamó a los galenos de todo el país a presentarse en sus puestos de trabajo el lunes 26 de octubre, tras alcanzar acuerdos de pago con el Gobierno.
El llamado se produjo después de 49 días de paro médico, periodo durante el cual las asambleas informativas afectaron la atención en los establecimientos públicos de salud.
Con el anuncio del retorno a los puestos de trabajo, el conflicto entró en una nueva etapa, mientras el TSC mantiene pendiente la investigación de las denuncias relacionadas con la crisis sanitaria.
El órgano auditor deberá elaborar los informes correspondientes a partir de las pesquisas anunciadas. La solicitud también plantea que se publiquen los resultados y que se remitan a las autoridades competentes los expedientes en los que se encuentren indicios de responsabilidad civil o penal.
