Tegucigalpa, Honduras.- La controversia en torno a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras renació con fuerza tras confirmarse la promulgación del Decreto 08-2023 en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 37,050 de fecha 22 de enero de 2026.
Esta normativa, cuyo propósito formal es reducir las tasas de gestación precoz e implementar programas formativos de educación sexual en todos los niveles educativos, se convirtió en objeto de fuerte cuestionamiento legal debido a los antecedentes de su trámite legislativo.
El proyecto había sido presentado por la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Scherly Arriaga, y aprobado originalmente por el pleno del Congreso Nacional el 8 de marzo de 2023; sin embargo, en julio de ese mismo año, la presidenta Xiomara Castro decidió vetar la ley.
Esto debido a intensas protestas de sectores religiosos, asociaciones de padres de familia y la Conferencia Episcopal, quienes denunciaron que sus contenidos atentaban contra los valores familiares tradicionales.
El veto presidencial ordenaba devolver la propuesta a la cámara parlamentaria para su adecuada revisión institucional.
Pese a ese freno constitucional, la inserción de la normativa en el diario oficial en enero de 2026 encendió las alarmas institucionales sobre la legalidad de todo el proceso de publicación.
Diversos juristas y sectores sociales han advertido que la ley resulta extemporánea e inconstitucional, al tiempo que las nuevas autoridades del Congreso han manifestado su total desconcierto sobre el mecanismo empleado.
"La ley se aprobó en 2023, la bancada del Partido Nacional estuvo en contra y cuando la enviaron a sanción la presidenta la vetó por la presión social", recordó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El titular del poder legislativo detalló que constitucionalmente el veto exige que el documento regrese de inmediato al pleno para buscar una ratificación que requería de 86 votos calificados, escenario que nunca se sometió a debate en la cámara legislativa.
"Mañana sí o sí se va a buscar el mecanismo de derogar, mandar a la sanción y que esté publicado lo más pronto posible sin eximir de responsabilidad a algún funcionario que actúa al margen de la ley", afirmó Zambrano.
Por su parte, el gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Juan Manuel Gálvez, explicó los mecanismos internos bajo los cuales ingresan los documentos a la institución para su respectiva impresión y divulgación a nivel nacional.
"Todo documento tiene que ser remitido a través de Casa Presidencial para su debida publicación bajo la coordinación establecida desde el año 2018", expresó Gálvez.
El funcionario aclaró que el texto recibido contaba físicamente con todas las firmas requeridas en su estructura, aunque reconoció una omisión administrativa considerable en el proceso regular de entrega y recepción.
"Se remitió el documento en sí, pero no con un oficio de remisión de Casa Presidencial", aseveró Gálvez al detallar los vacíos hallados en el expediente de impresión.
Por su parte, la exsecretaria del Congreso Nacional y actual diputada, Angélica Smith, se desmarcó de la polémica suscitada y aseguró que las funciones del poder legislativo (2022-2026) concluyeron estrictamente al momento de remitir la normativa al Poder Ejecutivo para su sanción o veto.
"Nuestra función termina con la presentación del proyecto, del dictamen, su discusión, su aprobación y luego se envía al Poder Ejecutivo", expresó Smith.
La parlamentaria enfatizó con firmeza que el trámite posterior sobre el destino legal del documento correspondía enteramente a la administración presidencial de aquel entonces en el país.
"Quien lo haya publicado tendrá que responderle a ustedes como medio de comunicación y responder ante la instancia correspondiente", aseveró Smith para deslindar responsabilidades directas.
