Tegucigalpa, Honduras.- Las investigaciones contenidas en el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) desnudaron las maniobras numéricas utilizadas por la junta directiva paralela del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, para consumar la aprobación del Decreto 58-2025.
La maniobra tenía como propósito fundamental avalar un informe de comisiones paralelas que ordenaba la revisión total de más de 19 mil juntas receptoras de votos tras las elecciones presidenciales de 2025.
El documento oficial detalla cómo se manipuló la conformación del quórum legislativo durante la sesión celebrada de madrugada el pasado 8 de enero de 2026, ignorando los límites de sustitución entre bancadas partidarias.
La normativa interna del palacio legislativo establece de forma clara que los diputados suplentes únicamente pueden reemplazar a los propietarios de su misma agrupación política para garantizar una representación proporcional legítima.
Pese a esta restricción legal, el informe fiscal constata que la bancada oficialista, del periodo anterior, incorporó a veintinueve diputados suplentes cuando únicamente contaban con cincuenta escaños propietarios electos en los comicios generales.
Esta irregularidad matemática permitió contabilizar una asistencia ficticia de 71 diputados en el hemiciclo, simulando una mayoría que carecía de validez jurídica constitucional.
"La sesión se realizó sin el quórum jurídicamente válido y donde la encausada Luz Angélica Smith en su condición de secretaria faltó a la verdad al dar fe", señala el requerimiento formulado por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF).
El libelo acusatorio subraya que estas atribuciones invadían de manera directa las funciones constitucionales y exclusivas asignadas por la ley al Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente autónomo.
Para lograr la ejecución inmediata de la normativa aprobada en condiciones dudosas, la estructura contó con la colaboración del gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).
El expediente fiscal detalla que el funcionario se negó previamente a publicar la declaratoria oficial de ganadores emitida por el órgano electoral, pero dio trámite exprés al decreto legislativo en horas de la madrugada.
Ante estos hallazgos, el Ministerio Público solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la emisión de órdenes de captura nacionales e internacionales contra los implicados por múltiples delitos graves.
Derivado de estas diligencias, el Juzgado de Letras Natural de la Corte Suprema de Justicia ordenó la inmediata captura y solicitó la emisión de una notificación roja de búsqueda internacional ante la Interpol contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro.
La resolución, emitida por la jueza natural designada Anny Belinda Ochoa Medrano en el expediente VP-09-2026, le imputa la supuesta comisión de los delitos de perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, dos cargos por violación a los deberes de los funcionarios públicos y usurpación de funciones públicas.
El oficio remitido a la Oficina Central Nacional de Interpol y a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establece que el encausado debe ser remitido al despacho judicial dentro de un término de 24 horas tras su aprehensión para celebrar la audiencia de declaración de imputado.
El documento señala, además, que la relación de hechos contenida en el requerimiento fiscal se mantiene bajo estricta secretividad.
Hasta el momento se desconoce el paradero exacto de Redondo, quien solo se ha comunicado públicamente mediante entrevistas concedidas a través de la plataforma Zoom, mientras que algunos de los implicados han manifestado que se presentarán voluntariamente a las audiencias correspondientes.
Implicados
El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público incluye a los principales actores de la junta directiva paralela y de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezados por el expresidente Luis Rolando Redondo Guifarro, junto a la secretaria Luz Angélica Smith Mejía y los legisladores Hugo Rolando Noé Pino, Carlos Alexis Raudales Maradiaga, Karen Vanessa Martínez Barahona y Josué Fabricio Carbajal Sandoval.
La lista de procesados por los presuntos delitos cometidos en el poder legislativo también comprende a Juan Alberto Barahona Mejía, Silvia Bessy Ayala Figueroa, Osman Danilo Chávez Guity, Kritza Jerlin Pérez Gallegos, Linda Frances Donaire Portillo, Scherly Melissa Arriaga Gómez y Edgardo Antonio Casaña Mejía.
Adicionalmente, la acción penal interpuesta ante la CSJ alcanza al ámbito administrativo del Estado al implicar a Edys Antonio Moncada Eguigure, quien se desempeñaba como gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).
Este grupo de exfuncionarios y actuales diputados enfrenta cargos graves por las distintas decisiones adoptadas al margen de la ley durante el proceso legislativo y la publicación de normativas en el diario oficial La Gaceta.
