El mecanismo para realizar las audiencias de descargo a unos mil profesores faltistas, en riesgo de ser despedidos, se definió ayer por parte de la Secretaría de Educación.
De acuerdo a lo informado por Glenda Rivera, directora departamental de Francisco Morazán, “las audiencias de descargo se realizarán (a partir de hoy) por parte de los Directores Distritales de Educación correspondientes a la jurisdicción de su centro educativo”.
Educación emitió la semana anterior el acuerdo número 15575-SE-2012, donde se autoriza hacer las deducciones de uno y dos días de salario a unos cuatro mil profesores
que se ausentaron de sus labores durante el mes de agosto.
Ese acuerdo también autoriza la celebración de audiencias de descargo a mil profesores
que perdieron tres días en ese mismo mes y que corren riesgo de ser despedidos.
Educación solicitó a los profesores presentar, en la audiencia de descargo, copia del acuerdo de nombramiento y/o licencia, fotocopia de los diarios pedagógicos refrendadas con firma y sello del director, secretario y Sociedad de Padres de Familia del centro educativo.
Asimismo, copia de horario de clases individual firmados por el director del centro educativo, y en caso de justificación por la ausencia, presentar copia de la cita y/o incapacidad del IHSS, para lo cual debe adjuntar la hoja patronal firmada y sellada por el médico el día de la cita.
Presentan recurso
Entre tanto, el abogado Leopoldo Romero interpuso ayer en la Corte Suprema un recurso de amparo en contra del acuerdo 15575-2012. Presentó el recurso a favor de diez personas sancionados con deducción salarial y suspensión de cargos.
Argumentó que el ministro de Educación, Marlon Escoto, no tiene facultades para sancionar a ningún servidor público, mucho menos a docentes. Explicó que el director departamental y el distrital son quienes pueden conducir un procedimiento administrativo de este tipo.
Por tanto, indicó que Escoto incurre en “evidente exceso de poder, colectivamente ha sancionado a maestros sin que se les haya instruido ningún procedimiento, por lo cual se les han violado garantías”.
