Tegucigalpa, Honduras. La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, defendió la legalidad de al menos 190 nombramientos realizados durante su gestión, al tiempo que respaldó el proceso de auditoría que evaluará si dichas designaciones cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
Obando explicó que presentó un informe a todos los magistrados en el que expone su versión sobre los hechos, con el objetivo de que conozcan “la realidad desde su perspectiva”, reconociendo a su vez que existen posiciones distintas dentro del pleno.
En ese contexto, detalló que surgieron dos propuestas entre los magistrados: una que planteaba la anulación total de los nombramientos realizados desde el 1 de febrero hasta la fecha, y otra orientada a una revisión más puntual de los mismos.
La exfuncionaria rechazó la primera opción, al considerar que vulneraría el marco legal vigente, específicamente el decreto 5-2011, ya que —según argumentó— contaba con plenas facultades para realizar nombramientos hasta el 20 de febrero, fecha en que entró en vigencia el decreto 10-2026 tras su publicación en el diario oficial.
“Es incorrecto que traten de mermar las facultades que una presidenta ha tenido en funciones”, sostuvo en entrevista con HCH, al insistir en que cualquier revisión debería centrarse únicamente en las actuaciones posteriores a esa fecha.
Como parte de la decisión adoptada, Obando indicó que los expedientes de los nombramientos serán sometidos a auditoría, instancia que determinará si cada caso cumple con los requisitos legales. De ser así, aseguró, no debería existir inconveniente en su ratificación.
Asimismo, señaló que, aunque algunos nombramientos interinos podrían ser anulados, estos serían nuevamente sometidos a consideración del pleno para su eventual aprobación formal, en paralelo con el proceso de revisión técnica.
La expresidenta expresó confianza en que la mayoría de los nombramientos se ajustan a la ley, subrayando que su actuación siempre estuvo orientada a fortalecer el sistema judicial y garantizar una justicia “pronta, accesible y transparente”.
Reconoció que el Poder Judicial enfrenta una alta demanda de personal debido a múltiples vacantes, lo que —según afirmó— hacía necesario avanzar con los nombramientos para no afectar el funcionamiento del sistema.
Las conclusiones de la auditoría serán clave para definir el futuro de estos nombramientos y determinar si se ratifican o se realizan ajustes dentro del Poder Judicial.
