La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) ya tiene avanzadas las pesquisas en torno a los bienes patrimoniales de algunos miembros de la Policía Nacional.
La mañana del lunes, EL HERALDO tuvo acceso, en las instalaciones de la DIECP, a información en la que se detallan nombres, rangos, direcciones y bienes de al menos cuatro oficiales de alto rango de la Policía Nacional.
Estos oficiales, de la denominada escala I, son dos comisionados generales, un comisionado y un excomisionado.
La información estaba escrita en una pizarra, a la cual se permitió el ingreso de los reporteros de EL HERALDO.
En el pizarrón también constaba el grado del investigado, los nombres de sus empresas, el estado de sus finanzas y había una sección especial para observaciones.
Los nombres de estos oficiales y de sus empresas EL HERALDO los mantiene bajo reserva, a la espera de que sea la DIECP la que los divulgue de forma oficial.
Los millonarios investigados
Entre los miembros de la Policía Nacional se investiga a un comisionado general que forma parte de la cuarta promoción de la Academia Nacional de Policía.
Este oficial activo tiene empresas y en la parte de sus finanzas se establece que en los extractos bancarios se observaron movimientos de origen conocido por el monto de 9,120,373.26 lempiras durante el período que va del año 2007 al 2012.
Durante ese mismo período también se establecen movimientos bancarios desconocidos de este alto oficial por el monto de 5,871,198.81 lempiras.
Curiosamente, se destaca que actualmente el saldo en cuentas bancarias es de 254,237.83 lempiras.
Mientras que entre los bienes que posee se encuentran cuatro terrenos de aproximadamente 139,393.29 varas cuadradas, 47 máquinas de equipo pesado, dos vehículos y una motocicleta.
Para este mismo alto oficial existe una observación donde se establece “realizar investigación de origen, 18 familiares investigados”.
El segundo alto oficial investigado es un comisionado general de la tercera promoción de la Anapo.
En cuanto a sus finanzas, se establece que realizó movimientos de origen conocido entre los años 2007 y 2012 por el monto de 3,052,704.89 lempiras y movimientos de origen desconocido en el mismo período por el monto de 200,000.00 lempiras.
Entre los bienes que posee este comisionado general se encuentran: siete terrenos, 25 buses y dos vehículos.
La tercera persona investigada tiene rango de comisionado, quien posee cuatro vehículos y dos terrenos de aproximadamente 803.42 varas cuadradas.
Mientras que el cuarto oficial investigado es un excomisionado y en la parte de sus finanzas se establece que realizó movimientos de origen conocido por el monto de 13,342,550.76 lempiras.
Mientras que en movimientos de origen desconocido, las transacciones fueron por la cantidad de 3,486,836.22 lempiras, siempre en el mismo período de 2007 al 2012.
Entre los bienes que posee el oficial se encuentran tres vehículos, 28 equipo pesado y cuatro terrenos.
A este oficial no se le tienen observaciones por parte de los investigadores de su patrimonio.
Las autoridades de la institución borraron la información de la pizarra, sin embargo, la misma ya estaba en poder de EL HERALDO.
Ley prohíbe dar nombres
Ante esa situación, Eduardo Villanueva, director de la DIECP, aseguró que la entidad que el dirige “investiga delitos, por lo que debemos tener reserva sobre las investigaciones, porque las leyes de la República que deben apreciarse en el contexto general le prohíben a la DIECP informar sobre los nombres, los investigados, los investigadores y los elementos constitutivos de la investigación, porque eso da lugar al delito de violación de secretos, algo que es castigado con hasta con seis años de reclusión para el funcionario que cometa esos abusos”.
“En la DIECP estamos para respetar, como dice la ley, todas las normas que aseguren el respeto a los derechos humanos de los investigados”, enfatizó el funcionario.
“Nosotros sostenemos que la garantía constitucional del estado de inocencia es algo que no vamos a vulnerar, al igual que no vamos a vulnerar el derecho al honor, el derecho a la imagen que tienen los miembros de la carrera Policial”, enfatizó Villanueva.
Hemos remitido investigaciones al Ministerio Público y esas investigaciones solo pueden ser conocidas cuando han sido presentadas en los tribunales, prosiguió.
“Las investigaciones patrimoniales de los miembros de la carrera policial avanzan con objetividad, teniendo en cuenta que desde la gratuidad de internet no se pueden justificar las pruebas que allí digan que existen o no, nosotros tenemos que reducirlas a evidencia sustancial y cuantificada y eso es lo que estamos haciendo”, concluyó Eduardo Villanueva.
La DIECP protege la secretividad
Las autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) enviaron a EL HERALDO un comunicado oficial en el que establecen que “protegen la secretividad de las investigaciones” que se realizan a los miembros de la Policía Nacional.
Textualmente establece: “Ante la divulgación que algunos medios de comunicación han hecho, en donde se identifica a miembros de la Carrera Policial que son objeto de investigación patrimonial, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) aclara que esta no es información hecha pública por esta entidad, porque en este organismo de investigación se mantiene la secretividad de las investigaciones, mientras sus resultados no sean presentados ante los órganos jurisdiccionales”.
“La DIECP procura en todo momento no lesionar los derechos de los investigados durante la práctica de sus investigaciones”.
