Tegucigalpa, Honduras.- El juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra Iván Velásquez y su esposa Kefi Gavarrete, acusados por lavado de activos caso de Koriun Inversiones.
Velásquez, quien figura como el representante legal de Koriun Inversiones, además de ser acusado por lavado de activos, se le señala por los delitos de desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de municiones de uso permitido y prohibido.
De acuerdo a lo informado por la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, Velásquez continuará recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara. Castillo explicó que por la gravedad del delito por la que le acusa al representante legal de Koriun, no se le dictó una medida cautelar distinta a la prisión.
En el caso de su cónyuge, quien se desempeñaba como administradora en Koriun Inversiones, permanecerá en la Penitenciaría Nacional de Femenina de Asistencia Social (PN-FAS).
Asimismo, recordó que a Velásquez se le encontraron 213,000 dólares y 175 millones de lempiras en efectivo resguardados en su casa y en las instalaciones de Koriun, mientras que a Gavarrete se le descubrió en posesión de 5.8 millones de lempiras de los que no pudo acreditar su procedencia.
La audiencia preliminar para ambos imputados se programó para el 19 de junio a las 09:30 de la mañana.
Sobre el caso
Koriun Inversiones se instaló en el municipio de Choloma, Cortés, como una entidad financiera que ofrecía atractivas tasas de interés. Con una inversión mínima de 2,500 lempiras, se prometían intereses semanales del 5%, las cuales al mes se traducen en 20% y al año en un 240%. Esto, según expertos en economía y finanzas, es un modelo insostenible.
Koriun Inversiones operaba sin la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), además de que los fondos captados no estaban asegurados por el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede). Ante ello, en el pasado mes de febrero la CNBS advirtió a la población sobre el riesgo que podría representar el invertir en esta entidad que no estaba supervisada.
El pasado 23 de abril, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) aseguró a la entidad financiera, señalando en sus líneas de investigación que esta opera bajo un esquema de estafa Ponzi.
En la operación, se descubrió que el dinero en efectivo lo tenían guardado en cajas, pailas y bolsas plásticas dentro de viviendas y en el resto de sucursales a nivel nacional. En total, se encontraron 358 millones de lempiras en efectivo. A esto se le suman 69 millones de lempiras distribuidos en varias cuentas bancarias.
El dinero en efectivo no fue decomisado, sino que a Iván Velásquez se le instruyó que debía devolverlo a los aportantes. Decenas de inversionistas llegaban a las oficinas de Koriun para reclamar el dinero depositado, pero Velásquez justificaba que todo el dinero estaba congelado.
Posteriormente, a inicios de mayo, un juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó que se revocara la medida del congelamiento de las cuentas bancarias.
El dinero fue retirado el pasado 13 de mayo para iniciar las devoluciones del dinero al día siguiente. No obstante, en las cuentas solo figuraba un poco más de 69 millones de lempiras, cifra que resulta insuficiente para pagar a los aportantes, causando incertidumbre en las cientos de personas que depositaron su dinero en Koriun Inversiones con la esperanza de multiplicar ganancias.
Velásquez fue interrogado por fiscales, personal de la CNBS y hasta socios de Koriun por el resto del dinero faltante, a lo que él solo respondió que debían estar en las cuentas bancarias.
Gobierno propone pagar a los afectados
Ante el panorama de preocupación que ha causado este caso de estafa, el gobierno presidido por Xiomara Castro contempla enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional para que de las arcas estatales se les pueda pagar a los afectados que invirtieron en Koriun Inversiones.
Esta medida ha causado rechazo en sectores de la oposición política, quienes apuntan que se trataría de una estrategia para levantarle el perfil al partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre)
No hay fundamento legal para que el Estado, con los impuestos de los ciudadanos, pague una operación totalmente ilegal. Además, ni siquiera se han concluido las investigaciones y ya el gobierno quiere pagar. ¿Qué hay detrás de esto?", cuestionó el diputado del Partido Liberal, Alberto Cruz.
"¿Por qué pretenden que mediante un decreto legislativo supuestamente ´legalicen´ una actividad de lavado de activos? Va a contribuir el Estado a través de sus poderes en el blanqueo ¿Ahora el Estado asumirá la obligación civil de restituir o indemnizar a todas las víctimas derivadas de la comisión de un delito cometido por otro particular?", criticó Maribel Espinoza, también diputada del Partido Liberal.
