Tegucigalpa, Honduras. -El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló que la eliminación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) debe ir acompañada de investigaciones individuales y sanciones a los agentes responsables de violaciones a derechos humanos en el marco del estado de excepción.
El Director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, manifestó que “si bien la Dirección desapareció o va a desaparecer, no es menos cierto que las violaciones a los derechos humanos tampoco desaparecen”.
“En este caso debe hacerse investigación a cada dependencia de la Dipampco a nivel nacional para investigar y sancionar a los presuntos responsables”, aseguró Cáceres.
Reveló que, desde diciembre de 2022 hasta el cese del estado de excepción, en enero del 2026, el Conadeh registró más de 1,000 quejas contra agentes estatales, especialmente policiales.
Durante ese periodo, alrededor de 295 quejas, atendidas por el Conadeh, fueron contra agentes de la Dipampco y una cifra que ronda las 225, contra agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Las quejas de la población contra los agentes del orden, están relacionadas con la perdida de objetos personales durante los allanamientos, daños a la propiedad privada, allanamientos sin orden judicial, uso desproporcionado de la fuerza, tanto en los allanamientos como en la aprehensión y en el traslado de las personas a un centro de detención.
Además, malos tratos, falta de precisión sobre las razones o motivos de la detención, detención de personas fuera del ámbito de acción del PCM, amenazas, intimidaciones e incluso abuso sexual.
“El Conadeh atendió quejas contra los agentes de los cuerpos de seguridad en los 18 departamentos del país. Sin embargo, la mayoría de los casos se concentraron en Cortés y Francisco Morazán debido a la cantidad de agentes policiales. Pero también por la ola de criminalidad que afecta a ambos departamentos, lo cual está conexo con las intervenciones de los agentes de la Dipampco”, explicó Daniel Cáceres.
Respecto al inicio de las pruebas de confianza en la Policía Nacional, el funcionario indicó que desde el Conadeh “se valora que los informes con hallazgos y recomendaciones sean tomados en cuenta por la Secretaría de Seguridad”.
“En una de las intervenciones, el ministro dejó claro que algunos informes que se tendrían en consideración son los de Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que es el ente sancionatorio a nivel policial. En este caso, sí se deben implementar esas medidas correctivas para evitar la repetición de los hechos”, sostuvo.
Agregó que las nuevas agencias que conforme la Secretaría de Seguridad “deben tener en consideración no repetir los mismos hechos y las mismas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron por parte de la Dipampco”.
El Director del Observatorio advirtió que la acción penal corresponde al Ministerio Público (MP) y juega un papel clave para evitar la impunidad.
“Si el MP no procede, allí hay una dificultad gravísima y estructural porque es quien tiene el monopolio de la acción penal. En este caso también estaríamos propensos a volver a repetir los mismos hechos, solamente que con otros agentes”, alertó.
Cáceres recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que una de las debilidades del Estado de Honduras son los desafíos internos que tienen los agentes policiales.
El Conadeh aprovechó para destacar que el Ministro de Seguridad ha abierto las puertas para construir la política de seguridad ciudadana, calificándolo como “un paso muy importante”.
