El asesinato de cinco policías en Corinto (Omoa, Cortés) provocó el cierre definitivo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y la creación de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Tras la tragedia, la comisión interventora nombrada para la unidad identificó graves anomalías. Entre los hallazgos destacan “indicios que presumen la comisión de faltas administrativas y penales por parte de directivos de la Dipampco, entre ellas la inobservancia de los protocolos institucionales para el registro y control de las operaciones de cualquier índole”, además de “negligencia o encubrimiento de parte del equipo directivo de la Dipampco en cuanto a la naturaleza, destino y propósito de la misión en la que perecieron cinco policías”.
Según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Dipampco figuraba como una de las unidades con más denuncias por abusos y actuaciones al margen de la ley. Estas violaciones se agudizaron durante el estado de excepción promovido por la administración de la presidenta Castro como eje central de su estrategia de seguridad.
La impunidad imperante y la falta de castigo a los agentes denunciados blindaron la continuidad de estas malas prácticas, debilitando aún más la seguridad pública.
Si bien el diseño de una nueva estructura es un paso positivo, cambiar el nombre de la institución y relevar a su cúpula no basta. El éxito del proceso radica en una evaluación profunda del recurso humano y de los protocolos operativos, una auditoría que no debe limitarse a la extinta Dipampco, sino extenderse a toda la Policía Nacional. La depuración policial no puede ser un evento aislado, debe ser permanente.
