Justicia
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Tegucigalpa, Honduras.— El empresario estadounidense Carl Alan Zaglin fue declarado culpable este lunes por un jurado federal en la Corte del Distrito Sur de Florida por participar en un esquema de sobornos a exfuncionarios hondureños a cambio de contratos públicos inflados con la Tasa de Seguridad.
El caso reveló cómo los fondos destinados a la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras fueron desviados en beneficio de una red de empresarios, militares, políticos y funcionarios.
Durante el juicio, que se extendió por nueve días, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, que incluyeron correos electrónicos, registros bancarios, mensajes de WhatsApp y documentos financieros.
Entre las evidencias más relevantes se expusieron conversaciones en las que los involucrados discutían abiertamente el pago de sobornos, incluyendo imágenes en tono de burla en las que aparecía una taza llena de dólares etiquetada como “Tazón de Seguridad”, junto a otra taza vacía, nombrada “Resultados”.
También se presentaron diagramas que ilustraban el flujo del dinero ilegal a través de una estructura tipo “cascada”, donde los fondos eran distribuidos entre policías, militares, empresarios y altos funcionarios hondureños.
De acuerdo con la acusación, entre 2015 y 2016, la empresa Atlanco, cuyo director ejecutivo es Zaglin, obtuvo contratos millonarios con el Gobierno de Honduras para proveer uniformes y equipo táctico a la Policía Nacional.
Sin embargo, estos contratos fueron adjudicados mediante sobornos y no a través de procesos de licitación transparentes.
La Fiscalía demostró que más de dos millones de dólares fueron transferidos a través de empresas fachadas, facturas falsas y cuentas bancarias en el extranjero para facilitar los pagos ilegales.
EL HERALDO Plus reveló en enero de 2024 cómo operó la trama: la raíz está en tres resoluciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) entre 2015 y 2016, que demuestran cómo se benefició de manera discresional a la empresa de Zaglin.
En junio de 2015, se aprobó inicialmente la compra de uniformes policiales por 4.19 millones de dólares (más de 90 millones de lempiras al cambio de esa fecha) a Tactical Products Group, pero poco después el CNDS modificó la decisión y adjudicó el contrato de 4.87 millones (más de L105 millones) a Atlanco LLC, según documentación en poder de este equipo.
Un año después, en 2016, Atlanco volvió a ser beneficiada con un contrato, esta vez dentro de una compra aprobada por 7.34 millones de dólares (más de 160 millones de lempiras) para la provisión de uniformes y accesorios policiales, de los cuales 5.6 millones (L125 millones) correspondieron a dicha empresa.
En total, la compañía estadounidense recibió 10.47 millones de dólares por contratos con el fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
Entre los implicados que ya han admitido su responsabilidad se encuentran Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina, exdirectivos del fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
Ambos colaboraron con las autoridades estadounidenses y aportaron información clave para sostener el caso. También fue señalado Luis Berkman, vicepresidente de ventas internacionales de Atlanco, quien habría recibido parte de los fondos desviados.
Asimismo, el banquero Aldo Néstor Marchena fue identificado como intermediario financiero del esquema.
En sus argumentos finales, la Fiscalía estadounidense identificó a varios exfuncionarios hondureños como cómplices directos, entre ellos Julián Pacheco Tinoco, exministro de Seguridad, y Jaime Nativí, entonces vinculado al manejo del fideicomiso.
Todos ellos habrían participado activamente en la adjudicación irregular de contratos a cambio de beneficios económicos personales. Según los fiscales, las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevos cargos contra otros funcionarios y empresarios.
