Tegucigalpa, Honduras.-El exdirector del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, o Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, acusado de fraude y lavado de activos por el Ministerio Público este lunes, actualmente espera ser condenado en Estados Unidos.
Molina fue arrestado Houston, Texas, el 19 de octubre de 2023, y su proceso ha estado marcado por múltiples aplazamientos, mociones y negociaciones con la Fiscalía.
De acuerdo con expedientes judiciales, Molina Rodríguez fue detenido y trasladado a Miami, donde el 22 de julio de 2024 se celebró la lectura formal de cargos.
En esa audiencia renunció a la acusación y se declaró culpable de los cargos.
Posteriormente, la jueza estadounidense Melissa Damian recibió la declaración de culpabilidad y fijó la fecha de sentencia, que ha sido reprogramada en varias ocasiones.
Inicialmente, la audiencia estaba prevista para diciembre de 2024, pero fue aplazada primero a febrero y luego a junio de 2025.
Finalmente, tras nuevas mociones presentadas por la defensa y el gobierno estadounidense, la sentencia fue fijada para el 29 de septiembre de 2025, a las 10:00 de la mañana, en Miami.
El acusado permanece en libertad bajo una fianza de 2.7 millones de dólares (más de 70.6 millones de lempiras), garantizada por tres personas, más un pago adicional de 250,000 dólares.
Sin embargo, el tribunal advirtió a su equipo legal que, en caso de que la condena incluya prisión, Molina Rodríguez será puesto bajo custodia inmediatamente después de la audiencia, salvo que el gobierno respalde una entrega diferida por cooperación activa.
Sobornos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Juan Ramón Molina de haber recibido sobornos y participar en un esquema internacional de lavado de dinero entre 2015 y 2019.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Molina habría recibido al menos 114,000 dólares en sobornos de parte de ejecutivos de una empresa con sede en Georgia, Estados Unidos dedicada a la fabricación de uniformes policiales.
A cambio, habría facilitado contratos millonarios para la provisión de uniformes a la Policía Nacional de Honduras.
La investigación, liderada por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), detalla que la red incluyó a intermediarios en Florida, empresas ficticias en Belice y cuentas bancarias en Estados Unidos.
Con estas maniobras, los involucrados ocultaron pagos ilícitos relacionados con contratos que superaron los 10 millones de dólares.
Contratos
De acuerdo a las investigaciones, el proceso funcionaba de la siguiente manera: "El Tasón", a través de contratos firmados por Molina, adjudicaba compras de uniformes a una empresa de Georgia identificada como "Company 1".
En seguida, el Banco Central de Honduras transfirió millones de dólares a la empresa estadounidense como pago por los contratos.
“Parte de fondos esos eran desviados hacia empresas fachada controladas por el Intermediario 1 en Florida, bajo la apariencia de contratos de asesoría”, subraya la investigación.
Después, el dinero era reenviado a cuentas offshore en Belice, entre ellas la denominada Offshore Front Company, bajo control de Molina.
Los contratos bajo sospecha
El caso identifica dos contratos clave.
El primer contrato fue valorado en 4.8 millones de dólares, firmado el 25 de junio de 2015 y rubricado por Juan Ramón Molina en representación de la Tasa de Seguridad.
Según las pesquisas, se pactó entregar un soborno equivalente al 20% del monto total a funcionarios hondureños.
El segundo contrato fue firmado el 26 de octubre de 2016 y valorado en más de 5.6 millones de dólares.
De este contrato provienen las transferencias de 114 mil dólares recibidas por Molina en una cuenta beliceña.
En total, Georgia Company 1 recibió de Honduras más de 10 millones de dólares entre 2015 y 2017.
Las grabaciones que comprometen a Molina
Uno de los elementos más comprometedores de la acusación son tres grabaciones de audio fechadas en octubre de 2019, en las que ejecutivos estadounidenses discuten el mecanismo de sobornos para un nuevo contrato de 7.5 millones de dólares que buscaban adjudicarse con la Tasa de Seguridad.
En las conversaciones, los participantes hablan de la “cascada” o “comisión” que debían pagar, mencionan explícitamente a “Juan Ramón” y detallan cómo se repartiría el 20% del contrato entre funcionarios hondureños.
En una de las grabaciones, un ejecutivo asegura: “Ayer habló con un funcionario oficial y Juan Ramón estaba ahí... lo de la cascada está arreglado, serán alrededor del 20%”.
Estas pruebas, obtenidas durante una investigación paralela por corrupción en Bolivia, fueron incorporadas al expediente de Molina.
El hondureño enfrenta una pena máxima de diez años de prisión.
