Recaudación al aza
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Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal en contra de Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, acusado por los delitos de fraude, lavado de activos y abuso de autoridad.
De igual forma, el requerimiento fiscal fue presentado contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A a quien se le imputan los mismos delitos. Ella fue capturada el pasado domingo 17 de agosto por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Según las investigaciones de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL). Molina y Mayorga defraudaron al Estado de Honduras por 18,547,200 de lempiras con el suministro de tarjetas de PVC para la emisión de licencias de conducir.
La fiscalía señala que en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó un contrato para la compra de 480,000 tarjetas a Plasticards S.A, a pesar de que esta empresa solo tenía para ese entonces dos meses de haberse constituido legalmente. Se reportó el ingreso de las 480 mil tarjetas, pero solo llegaron 258 mil.
Posteriormente, el 22 de enero de 2022, la Secretaría de Seguridad desembolsó un pago de 18.5 millones de lempiras a favor de Plasticards. Tres días después, Liana Mayorga transfirió 17 millones a a la empresa MyM S. de R.L, la cual es propiedad de Molina Rodríguez, quien además de ser el excoordinador de la Tasa de Seguridad era representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en el fideicomiso.
De igual forma, la UF-ADPOL indicó que aunque el contrato legalmente era con Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por la compañía Interamerican Service Unlimited Corp, con sede en Estados Unidos. Las tarjetas fueron importadas por MyM S. de R.L.
También la fiscalía apunta que Molina y Mayorga utilizaron fachadas de empresas extranjeras, así como los sistemas financieros de Francia y Estados Unidos para lavar los millones que provenían del erario público.
Como parte de las operaciones, este lunes se realizaron allanamientos para el aseguramiento de 37 cuentas bancarias, siete bienes inmuebles, dos vehículos y cinco sociedades mercantiles vinculadas a los acusados.
Por su parte, Jesús Humberto Mayorga, padre de Liana Mayorga Castillo, aseguró que su hija nunca trabajó para la Tasa de Seguridad Poblacional, señalando que únicamente prestó sus servicios como abogada para la licitación de una sillas.
"Trabajó para una compañía americana que le vendió las sillas a los centros penales. Para que no hubieran problemas, yo ahí actué como notario y levanté acta notarial de cada silla que entregaban", mencionó ante medios de comunicación.
A su vez reconoció dijo que sobre estas irregularidades "yo escuché, no estoy seguro, que se habían robado las los materiales y los cambiaron por otro".
