Seguridad y Defensa concentran el 84% de fondos del "Tasón"

Tegucigalpa, Honduras.- Los ingresos por concepto de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), más conocida como el “Tasón”, han generado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro más de 13,885.8 millones de lempiras entre enero de 2022 y febrero de 2025.

De estos recursos, solo en 2024 la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa Nacional absorbieron el 84% de los ingresos, que representaron más de 1,486.1 millones de lempiras, según datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, por medio de la solicitud de información SOL-SEFIN-3064-2025, analizó los ingresos que ha tenido esta contribución especial, que tiene como objetivo reducir la criminalidad y la violencia en Honduras.

Las cifras evidencian que, en el año 2024, Seguridad recibió más de 1,288.9 millones de lempiras, que representa el 72.4% del total, mientras que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) obtuvo 197.2 millones, equivalente al 11% de los recursos asignados.

Para el año 2025, el presupuesto para Seguridad aumentó a 2,835 millones de lempiras, es decir, 88% del total de los recursos generados por el “Tasón”, que se destinan a las distintas instituciones con base en determinaciones del Ejecutivo.

El 8 de junio de 2011 se creó la Ley de Seguridad Poblacional, por medio del decreto legislativo No.105-2011, bajo el propósito de fortalecer los poderes de justicia, a efecto de combatir eficientemente toda amenaza a la convivencia pacífica y de seguridad personal así como material de los hondureños.

El decreto establecía que las contribuciones de la Tasa de Seguridad Poblacional serían de carácter temporal, por un periodo de cinco años, como respuesta a la emergencia nacional de inseguridad que vivía el país en ese momento.

No obstante, en 2018, el Congreso Nacional dejó el cobro por seguridad de manera permanente, es decir, como otro impuesto adicional, generando reclamos de los empresarios por la falta de resultados.

De acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), en 2011 Honduras fue uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de 86.5, que representaban más de 7,000 muertes violentas por año.

La Ley de Seguridad Poblacional establece gravar las operaciones financieras realizadas en moneda nacional y extranjera en las instituciones bancarias y cooperativas en operaciones de ahorro y todas las supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), con las excepciones que establece el mismo decreto.

La ley en su artículo 10 establece que la tarifa de la contribución especial por transacción financiera pro-seguridad poblacional es de 0.3%, y es aplicable a depósitos, retiros o transferencias de cuentas mayores o iguales a 120,000 lempiras (nacionales) o 6,000 dólares (extranjeras).

Mientras que las empresas de telefonía también deben aportar el 1%, por la comercialización de minerales la tarifa es de 5%, la comidas y bebidas se estableció un 0.5% de sus ingresos y un 1% los casinos .

Esta contribución especial se volvió tema de campaña política, comprometiéndose la presidenta Castro en publicar el destino de los recursos al alcanzar el gobierno, pero ocurrió lo contrario: hay menos transparencia sobre cómo se ejecutan los fondos recaudados.

Los cifras proporcionadas por Finanzas a EL HERALDO Plus evidencian que los ingresos por este concepto para el Estado son millonarios, y con el paso de los años van aumentando. A partir del 2022 pasó a la caja única del Estado, luego de ser derogado el fideicomiso que era administrado por el Banco Central de Honduras (BCH).

En 2021, cuando culminó el último año de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico, la Tasa de Seguridad Poblacional recaudó más de 3,201.3 millones de lempiras.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), declaró que en el gobierno anterior este mecanismo de recolección de fondos para combatir la criminalidad fue altamente criticado y hubo incluso personas que fueron requeridas y juzgadas por la administración dentro de la Tasa de Seguridad.

EL HERALDO Plus denunció muchos casos de corrupción y abusos que cometieron las autoridades que administraban los fondos que generaba el "Tasón" y que se asignaba en base a las decisiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Tal fue el caso de Roberto Cosenza, exadministrador de la Tasa de Seguridad, quien fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial en el marco de una investigación que lo vincula con el pago de sobornos a un empresario estadounidense, a cambio de la adjudicación de contratos para proveer uniformes policiales y otros accesorios.

Igualmente, EL HERALDO Plus reveló que el gobierno anterior adquirió el avión presidencial Legacy 600, año 2009-, a un costo real de 14,795,000 dólares con fondos de la Tasa de Seguridad. Este caso es investigado por el Ministerio Público.

A pesar de ello, según las cifras, en la administración de Castro, es decir, del año 2022 en adelante, el cobro siguió y los ingresos aumentaron en más de 630 millones de lempiras, cerrando con 3,831.9 millones.

La tendencia se mantuvo en 2023, cuando llegó a 4,396.1 millones, es decir, 564.2 millones más en comparación con el año anterior.

Para el 2024, si bien la recaudación también tuvo un aumento significativo, fue menor a la del año anterior, 337.5 millones de lempiras, cerrando con 4,733.7 millones según la Sefin.

Mientras tanto, en los primeros dos meses de 2025, es decir, en enero y febrero, la recaudación ya sumaba 924.1 millones de lempiras.

Castañeda señaló que “una de las promesas de campaña y dentro del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, era eliminar esta Tasa Poblacional, pero vimos que solo se ajustaron ciertos elementos de esta ley, pero el impuesto se sigue cobrando”.

Las cifras analizadas por EL HERALDO Plus, evidencian que el comportamiento de recaudación es creciente y proyecta que el "Tasón" podría llegar a cerrar con un récord de 5,000 millones de lempiras en el año 2025.

Lo anterior se puede deducir tomando en cuenta los ingresos de los primeros meses de 2025, a razón que solo en enero el Estado percibió más de 450.8 millones de lempiras, 79.4 millones más que en 2024, cuando sumó 371.4 millones.

Lo mismo pasó en febrero pasado, cuando los ingresos llegaron a 473.2 millones de lempiras, 68.5 millones más que el mismo mes de 2024, tiempo en que los fondos recaudados sumaron 404.7 millones, establecen las cifras proporcionadas por la Sefin.

Castañeda criticó que este impuesto lo pagan las pequeñas y medianas empresas, así como todo aquel que hace transferencias por medio de su cuenta de banco o al momento de utilizar su tarjeta de crédito.

Es de tomar en cuenta que esta aportación es aparte de los impuestos que pagan los ciudadanos para que el Estado garantice la seguridad y protección de todos los hondureños.

Para Castañeda, el problema es que las personas están siendo obligadas a pagar por un esquema que no funciona y no da los resultados esperados, en ese sentido, la Tasa de Seguridad, no se justifica, porque la percepción es que no se ha visto un cambio significativo en el combate contra el crimen organizado.

El argumento del gobierno es que los resultados se pueden medir con la reducción de la tasa de homicidios, que en 2024 cerró con 25.94 homicidios por cada cien mil habitantes, que representan 2,566 muertes violentas, según los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad.

Castañeda reconoció que existe una reducción de la tasa de homicidios, pero persiste el crimen organizado, el control de las maras y pandillas en los barrios y colonias, la extorsión a negocios y al sistema de transporte, con una tasa de impunidad del 90%.

“Esto evidencia que el sistema de justicia en sí no está funcionando, es un problema estructural por falta de voluntad política, por la falta de capacidad y entendimiento en la materia, no se logran los resultados y al pueblo hondureño lo siguen ahogando con los impuestos, con la Tasa de Seguridad y el mal llamado 'impuesto de guerra'”, cuestionó el analista.

En la actual administración, los recursos de la Tasa de Seguridad están siendo asignados en mayor cantidad a seis instituciones: la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de la Mujer y el Poder Judicial.

Gonzalo Sánchez, experto en seguridad, expresó que no se puede negar que todavía existe deficiencia en temas como la extorsión, maras, pandillas y el combate al narcotráfico, por eso es necesario seguir aportando a la Tasa de Seguridad Poblacional.

Consideró que los fondos se distribuyen correctamente a las instituciones operadoras de justicia, ya que si no se ataca a las estructuras criminales, como las pandillas y el crimen organizado, es culpa de quienes reciben esos fondos, porque deben ser utilizados para el combate a la criminalidad.

“El problema es que no sé si existe alguna auditoría de los fondos, habría que ver si existe alguna auditoría a la Tasa de Seguridad que dé cuenta hacia dónde se destinan esos dineros y cuáles son las obras que se han hecho con los mismos, y si está siendo bien utilizado”, recomendó.

Al mismo tiempo, indicó que a Honduras le hace falta mucho para recuperar la paz por completo. El problema es que mucha gente se ha opuesto a la Tasa de Seguridad porque en los gobiernos anteriores se cuestionaba la opacidad sobre el destino del dinero.

“En este gobierno no sabría decirle tampoco, porque no estoy al tanto del destino de esos fondos, habría que hacer una investigación más a fondo con los funcionarios para que ellos digan en qué se han utilizado”, sostuvo.

Lo que sí ha visto, dijo Gonzalo, es que se han construido postas policiales muy decorosas a nivel nacional. Igual se asignan recursos al Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como apoyo a los operadores de justicia.

Hasta la fecha, no hay ningún movimiento para eliminar el cobro y, aunque se eliminó la Ley de Secretos, impera el silencio sobre el manejo del millonario monto.

Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de un asistente de inteligencia artificial.