Tegucigalpa, Honduras.-En la sala 11-4 de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, el nombre de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras se escucha una y otra vez.
En la recta final del juicio contra el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, sus abogados intentan convencer al juez de que no existen pruebas suficientes en su contra, por lo que solicitaron una sentencia absolutoria.
Según la acusación federal, Zaglin y su empresa Atlanco LLC habrían participado en un esquema de corrupción y sobornos por más de 10 millones de dólares en contratos de uniformes y equipo para la Policía Nacional de Honduras.
La Fiscalía sostiene que, para asegurar esos contratos, se crearon fondos de hasta 750,000 dólares destinados a comisiones ilegales y que se habrían lavado más de dos millones de dólares mediante transacciones internacionales.
Zaglin enfrenta tres cargos de conspiración para el lavado de dinero, derivados de supuestos pagos a exdirectores y miembros del Comité Técnico del fideicomiso que administraba fondos de la Tasa.
Los contratos adjudicados a Atlanco incluyen el denominado “Primer Contrato de Uniformes” de junio de 2015 y el “Segundo Contrato de Uniformes” de octubre de 2016. La Fiscalía también afirma que hubo intentos de influir en la adjudicación de un tercer contrato entre 2018 y 2019.
La defensa insiste en que Atlanco nunca recibió contratos en 2019 y que la acusación no demuestra que los hechos afectaran funciones del gobierno de Estados Unidos, como lo exige la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Durante el juicio, la Fiscalía ha presentado correos electrónicos, registros bancarios, contratos, grabaciones y testigos clave.
Entre ellos figuran Aldo Néstor Marchena, intermediario que ya se declaró culpable y relató cómo se realizaban los pagos y el lavado de fondos.
También, Juan Ramón Molina Rodríguez, exjefe de la Tasa de Seguridad, quien admitió cargos de lavado de dinero y explicó cómo se canalizaron los sobornos.
Durante el interrogatorio, Molina admitió que recibió sobornos por el orden de dos millones de dólares.
El hondureño, que se defiende en libertad de los cargos, será condenado el 29 de septiembre en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida.
Asimismo, Luis Berkman, exvicepresidente de ventas internacionales de Atlanco, quien aportó correos y grabaciones; y Gabriela Salgado Pagoaga, exdirectora alterna del Comité Técnico, que describió el funcionamiento interno del fideicomiso y confirmó que la Tasa funcionaba como un “instrumento del Estado hondureño”.
El proceso también ha revelado la situación de los coacusados. Dos de ellos, Aldo Marchena y Francisco Cosenza, ya se declararon culpables en acuerdos de cooperación con la Fiscalía y tienen sentencia prevista para octubre de 2025.
