Tegucigalpa, Honduras.- Los conflictos relacionados con el acceso y control de la tierra representan casi la mitad de la conflictividad socioterritorial registrada en Honduras, según el último informe del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
El estudio, titulado “Informe de Conflictividad Socioterritorial: balance 2025 y perspectivas 2026”, revela además que Colón, Yoro y La Paz concentran los mayores niveles de conflictividad, territorios considerados estratégicos por su valor ecosistémico, agrícola e hídrico.
De acuerdo a los datos, siete departamentos agrupan el 79.2% de los casos documentados; Colón lidera con el 20.8%, seguido por Yoro con el 14.3% y La Paz con el 13%, zonas que coinciden con regiones de alta importancia ambiental y productiva para el país.
Ante las cifras de conflicto en los sectores del país, Kevin Isidro, asesor de justicia de Cespad, explicó que las cifras resultan preocupantes debido al incremento de desalojos y violencia en diferentes sectores del territorio nacional.
“Es importante reflexionar que en estos departamentos, en Colón y Yoro, es donde se encuentra el Valle del Aguán y parte del Valle de Sula. Quiero decir con esto que la conflictividad se concentra en territorios de alto valor ecosistémico”, apuntó el experto.
Específicamente en el caso de La Paz, el estudio destaca que la conflictividad está vinculada a su condición de zona productora de agua y presencia de reservas naturales fundamentales para el abastecimiento hídrico local, nacional y de regiones vecinas a El Salvador.
La tierra, el principal foco de disputa
El informe identifica que el 49.4% de los conflictos registrados corresponden a disputas relacionadas con la tierra; sin embargo, Cespad advirtió que dichos casos "ya no pueden interpretarse únicamente desde la visión tradicional de los conflictos agrarios".
Ya que según el análisis, las tensiones territoriales combinan procesos de recuperación de tierras campesinas, luchas por el acceso a tierras agrícolas y presiones derivadas de proyectos turísticos y otras actividades económicas.
“Esto nos lleva a concluir que uno de los centros de la conflictividad social y de las deudas democráticas del país sigue siendo el acceso a la tierra”, apuntó el experto ambiental de Cespad.
Posible aumento de conflictos
Durante la presentación del estudio, también expresó preocupación por recientes marcos jurídicos aprobados en el Congreso Nacional, particularmente la Ley de Protección al Sector Agroindustrial, al considerar que favorece a sectores agroindustriales, energéticos, mineros y turísticos.
“Esto nos dice que estamos ante las puertas de un repunte de la conflictividad socioterritorial en nuestro país también”, advirtieron los investigadores.
Otro de los hallazgos más preocupantes es que el 80.5% de los conflictos documentados presenta una intensidad alta, lo que, según los expertos, podría simbolizar que en la mayoría de los casos ya se registran procesos de criminalización, amenazas de desalojos y afectaciones ambientales.
