Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional anunció una intervención urgente ante el fenómeno de las invasiones de tierras, un problema que ha escalado a niveles críticos y que hoy mantiene en vilo la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país.
Ante la parálisis en la ejecución de desalojos judiciales y el impacto directo en la generación de empleo, el Poder Legislativo ha ordenado la creación de una mesa legislativa de trabajo para revisar la normativa vigente y proponer reformas que frenen este flagelo de manera expedita.
La crisis agraria no es nueva, pero su agudización en los últimos meses ha encendido las alarmas en sectores que antes eran pilares de la exportación y el consumo interno.
De acuerdo con datos recientes de organizaciones empresariales como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se estima que hay más de 66 mil manzanas de tierra invadidas a nivel nacional, afectando principalmente rubros como la palma aceitera, la caña de azúcar, la ganadería y la citricultura.
“A las zonas productivas en diferentes sitios del país y este tipo de invasiones se han incrementado por faltas de políticas públicas y sobre todo del gobierno anterior porque tenemos información que en ciertas invasiones en zonas que ya estaban producidas, que estaban trabajando la tierra y existía generación de empleo, se estableció las acciones de denuncia con el Ministerio Público, policía, tribunales ya con órdenes de desalojo y nunca las quisieron ejecutar”, denunció Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La falta de acción de las autoridades ha generado un clima de desconfianza que ahuyenta la inversión extranjera y nacional.
Para Zambrano, la inoperancia institucional es el principal obstáculo, pues a pesar de que en 2020 se reformó el Código Penal y Procesal Penal para agilizar los desalojos en tierras sembradas o en cosecha, estas normativas han sido prácticamente ignoradas por los entes ejecutores.
“Este tema es grave para la inversión, para la generación de empleo, la producción nacional y es grave para la seguridad jurídica del país. El Congreso tiene que intervenir y buscar controles para este tema”, advirtió el titular del Legislativo.
La instrucción directa del Congreso es que la Comisión de Seguridad, presidida por el diputado Marcos Paz, instale de inmediato una mesa de trabajo con la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional Agrario (INA) y las Fuerzas Armadas.
El objetivo es llevar a cabo un diagnóstico técnico de cuántas hectáreas han sido usurpadas en los últimos años y evaluar si la propuesta de ley presentada por el diputado Erick Alvarado es la ruta adecuada para endurecer las sanciones.
“Es por la razón que vamos a encomendar a la Comisión de Seguridad de este Congreso que establezca una mesa legislativa de trabajo, que nos puedan presentar un diagnóstico si es necesaria una nueva reforma”, detalló Zambrano.
Las zonas más golpeadas por este conflicto se concentran en el litoral atlántico, específicamente en los departamentos de Colón, Atlántida y Cortés, seguidos por regiones en Choluteca y Francisco Morazán.
Se trata de tierras de alta productividad técnica donde ya existen inversiones millonarias en infraestructura y maquinaria, lo que agrava las pérdidas financieras que, según el sector privado, superan los 2,500 millones de dólares en activos comprometidos.
“En paralelo, que la misma reforma agraria, con los temas de las tierras ociosas, establece que el Estado les va a apoyar, pero tampoco se puede perjudicar al privado, a la gente, a la familia que tiene su propiedad privada”, aclaró el presidente del Congreso, subrayando que no se busca desatender el derecho de los grupos campesinos a la tierra ociosa, sino proteger la propiedad privada legítima.
La urgencia de estas medidas se refleja en sectores que están al borde de la desaparición. Uno de los casos más dramáticos mencionados en el hemiciclo es el de la citricultura, donde la producción de naranja ha mermado drásticamente debido a que las fincas han sido tomadas por grupos armados, impidiendo la cosecha y el mantenimiento de los árboles, lo que resulta en la pérdida total de la unidad productiva.
El Congreso Nacional ha dejado claro que la Comisión de Seguridad deberá informar periódicamente sobre los avances y la construcción de este nuevo marco legal.
La meta es devolver la confianza a los productores y asegurar que las órdenes de desalojo emitidas por los juzgados dejen de ser "papel mojado" y se cumplan para restaurar el Estado de derecho en el campo hondureño.
Conflictividad agraria
El fenómeno de la invasión de tierras en Honduras ha pasado de ser un reclamo social por el acceso a la tierra a un problema de criminalidad organizada en algunos sectores.
Según informes de gremiales agrícolas, el departamento de Colón es el epicentro del conflicto, donde se estima que más del 60% de las tierras invadidas pertenecen al rubro de la palma aceitera.
Sin embargo, el problema se ha extendido a tierras de vocación forestal y turística, afectando la biodiversidad y proyectos de inversión a largo plazo.
Datos de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) indican que el tipo de tierra afectada suele ser Tierra de Clase I y II, es decir, las de mayor valor agrícola por su fertilidad y acceso a riego. Esto significa que las invasiones no solo quitan la propiedad, sino que destruyen el potencial de exportación del país.
La falta de ejecución de desalojos, incluso con sentencias firmes, ha creado un precedente de impunidad que la nueva mesa legislativa busca erradicar mediante reformas procesales.
En el aspecto legal, el Congreso analiza fortalecer la figura de la "flagrancia continuada" para permitir que la policía actúe sin necesidad de una orden judicial prolongada cuando sea evidente que la ocupación es reciente y violenta.
Asimismo, se busca que el Instituto Nacional Agrario (INA) certifique de manera más rápida la titularidad de las tierras para evitar que procesos administrativos lentos sean utilizados como excusa para mantener las tomas ilegales.
Se estima que por cada manzana de tierra invadida se pierden entre 1.5 y 3 empleos directos. En un país con altos índices de migración, la quiebra de sectores como el de la naranja o la palma por inseguridad jurídica representa un motor de expulsión de mano de obra hacia el extranjero, convirtiendo el tema de las invasiones en un asunto de seguridad nacional.
