Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional retoma sus actividades legislativas este lunes a las 3:00 de la tarde con la misión crítica para la discusión y aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026.
La sesión ha sido adelantada para este primer día de la semana con el propósito de otorgar celeridad a la aprobación de este instrumento, considerado por el Poder Ejecutivo como la pieza de planificación fundamental para el desarrollo de la nación.
Tras concluir las etapas de socialización con diversas bancadas, sectores de la sociedad civil y organizaciones, el dictamen llega al pleno con una estructura que busca, según el oficialismo, la eficiencia administrativa.
Los parlamentarios se preparan para una jornada extensa, dado que el presupuesto debe estar vigente para permitir la ejecución de proyectos de infraestructura y programas sociales que han estado operando bajo la modalidad de presupuesto prorrogado.
“Hemos pedido la celeridad del caso, ya que esto es una herramienta muy importante que en la presidencia de la República la están necesitando para desarrollar los diferentes proyectos a nivel nacional y esperamos iniciar el día lunes 20 de abril; no creo que se pruebe en ese día, pero sí en el transcurso de la semana”, manifestó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
Ledezma fue enfático al señalar que el compromiso de la junta directiva es evacuar la discusión lo antes posible para no detener la operatividad del Estado.
El secretario recalcó que el dictamen ya está determinado y que la sesión del lunes es el reflejo de la urgencia que el país requiere para avanzar en su agenda económica.
“El Congreso Nacional se va a adelantar, como generalmente el día martes; vamos a iniciar el día lunes, como reitero, darle celeridad a la aprobación del presupuesto general”, añadió Ledezma.
Por su parte, el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, destacó que el proceso de socialización fue exitoso y permitió mostrar a los diputados y diversos sectores la transparencia con la que se han estructurado los 444,265.8 millones de lempiras.
Hércules insistió en que la claridad en el uso de los recursos es la prioridad de su gestión frente a este nuevo ciclo fiscal.
El funcionario subrayó un hecho que califica como histórico: por primera vez se presenta una reducción del 5.3% en comparación con el proyecto original enviado en septiembre por el gobierno anterior, lo que equivale a un ajuste a la baja de 24,938.2 millones de lempiras.
Hércules explicó que la meta es abandonar el presupuesto prorrogado de 2025 para entrar de lleno en la ejecución del 2026, lo que permitirá mayor fluidez en los pagos de planillas y ejecución de obras.
El secretario reiteró que los fondos están garantizados y que se ha definido con precisión la ruta de financiamiento, donde el 70.6% de la Administración Central se cubrirá con ingresos tributarios.
La visión del Ejecutivo es frenar el crecimiento de la masa salarial e inyectar recursos a la inversión pública directa.
El objetivo es que más del 10% del presupuesto total, equivalente a 45,100.6 millones de lempiras, se traduzca en proyectos tangibles para la ciudadanía, manteniendo el gasto corriente bajo control estricto.
“Tenemos muy definido cuáles son las fuentes de financiamiento para poder llevar a cabo la ejecución de los 444 mil millones de lempiras y va al par con la estrategia que tiene el presidente de la República para poder reducir el gasto corriente que tenemos en el estado”, concluyó el secretario de Finanzas.
Asignación
El proyecto reformulado revela una fuerte concentración de recursos en las carteras sociales y de infraestructura, aunque bajo nuevas reglas de operatividad.
La Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud han sido facultadas para retener el 100% de los ingresos que perciban por sus servicios (establecimientos oficiales y unidades de salud, respectivamente) para cubrir directamente sus gastos de funcionamiento.
Esta medida busca dar mayor autonomía financiera a los hospitales y centros educativos frente a las carencias operativas históricas.
En cuanto a la infraestructura y producción, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) gestionará una parte sustancial de la inversión productiva total de 16,130.5 millones de lempiras, la cual prioriza 71 proyectos de arrastre y 10 nuevas obras.
El esquema de transferencias municipales establece que el 50% de los fondos se distribuirá en partes iguales, el 20% por población y el 30% por niveles de pobreza.
Es vital notar que el 35% de estas transferencias deben ir obligatoriamente al Programa de Fortalecimiento Social y Comunitario.
Sin embargo, la Secretaría de Finanzas mantiene la potestad de retener hasta un 30% de las transferencias mensuales a aquellas municipalidades que tengan embargos judiciales aplicados a la Cuenta Única del Tesoro, garantizando así el pago de deudas legales sin paralizar totalmente la administración local.
