Violencia
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Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo aprobó una propuesta formal orientada a estructurar una plataforma de diálogo y resolución técnica que aborde la conflictividad agraria y habitacional en las regiones con mayor potencial agrícola de la nación.
La iniciativa busca frenar el impacto económico causado por las ocupaciones ilegales de tierras y los desalojos violentos, mediante el establecimiento de una estrategia integrada que devuelva la certidumbre a las familias y a los inversionistas del campo.
La propuesta parlamentaria se concentra en el diseño de un espacio de concertación que integre a las agencias de seguridad del Estado, los entes de regularización agraria y las instituciones ambientales.
El propósito de este estamento es revisar de forma minuciosa los títulos de propiedad, dirimir las disputas territoriales en zonas vulnerables y proteger las áreas de reserva forestal sin desincentivar la producción de alimentos en el agro hondureño.
"Necesitamos primero que todo crear una mesa interinstitucional representada por el Estado a través de diversas instituciones, donde participen los productores y exista el compromiso de las alcaldías de todos estos departamentos", expresó Karla Patricia Figueroa, diputada del Partido Nacional.
El campo de acción de esta comisión especial abarcará de manera prioritaria las zonas rurales y productivas de los departamentos de Olancho, Colón, Yoro, Gracias a Dios y El Paraíso, regiones que han registrado incidentes relacionados con la tenencia de la tierra.
Las autoridades legislativas argumentan que es imperativo evitar los operativos de desalojo masivos y sorpresivos que afectaron la paz social en los períodos anteriores, sustituyéndolos por un ordenamiento jurídico predecible.
La mesa técnica contará con la participación activa de la Secretaría de Recursos Humanos y Ambiente (MiAmbiente), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Procuraduría General de la República (PGR) y los cuerpos de seguridad como la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público, entre otras instituciones.
La inclusión de estos entes estatales busca garantizar que las explotaciones ganaderas y agrícolas no violenten los límites de las zonas núcleo de los parques nacionales y operen bajo un estricto respeto a la legislación ambiental vigente.
"Buscamos que se trabaje en equipo tanto los productores, los ganaderos y todos los sectores productivos de la mano del gobierno", detalló Figueroa.
Producción sostenible
Por su parte, los representantes de las asociaciones de ganaderos y agricultores del país manifestaron su respaldo absoluto a la conformación de este bloque de trabajo, calificándolo como un paso histórico para blindar el desarrollo económico del área rural.
Los productores enfatizaron que la inseguridad jurídica actual, sumada a los embates de la crisis climática, mantiene en zozobra a las familias que dependen económicamente de las labores de labranza y crianza de ganado en el interior del territorio nacional.
El sector productivo considera que la mesa interinstitucional será la herramienta idónea para demostrar que la actividad ganadera en gran escala puede desarrollarse en perfecta armonía con el entorno ecológico.
Entre las peticiones urgentes que plantearán los delegados de los productores se incluye la agilización de permisos técnicos para la perforación de pozos y la construcción de lagunas artificiales destinadas a la cosecha de agua para contrarrestar las severas sequías estacionales.
"Estamos muy contentos y agradecidos con este Congreso por darnos el espacio de plantear la problemática que está atravesando el sector ganadero del país, especialmente en Olancho, para encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo", manifestó Edgar Oliva, presidente de la Asociación de Ganaderos y Productores de San Esteban, Olancho.
Los líderes productores recalcaron la urgencia de establecer regulaciones claras que les permitan seguir generando empleos masivos en las comunidades rurales sin el temor constante de perder sus unidades de producción debido a tomas de tierra injustificadas.
Asimismo, reafirmaron el compromiso de los ganaderos organizados en la reforestación y conservación de las cuencas hídricas, argumentando que la destrucción de los recursos forestales significa la quiebra inminente de sus propias actividades comerciales.
"La formación de esta mesa da garantía para evaluar que estas explotaciones no le están perjudicando ningún daño al ambiente, sino más bien estamos midiendo el impacto para poder mejorarlas", puntualizó Oliva.
