"Estamos preocupados": Conflicto de tierras intensifica la violencia en Honduras

San Pedro Sula, Cortés.-La masacre que acabó con la vida de unas 20 personas, registrada la mañana de este jueves en la finca Paso Aguán, en Rigores, Colón, volvió a exponer el impacto económico, social y judicial de las invasiones de tierras en el Bajo Aguán, una zona marcada por disputas agrarias, temor institucional y creciente presión sobre el turismo y la producción.

"Imagínese que, para hacer valer el derecho de un propietario de un lote de terreno, de un predio o una finca no se resuelve aquí, sino que se lleva hasta segunda instancia, ya sea en la Corte de Apelación o en la Corte Suprema de Justicia (CSJ)", señaló.

Santos Laínez agregó que en Colón existe la percepción de que los operadores de justicia enfrentan limitaciones para resolver este tipo de conflictos en la región. "Aquí en Colón afecta el tema de que los jueces tienen cierto temor y una solución que planteábamos anteriormente en una mesa de trabajo que se nombre y que pueda resolver esos temas de tierra aquí. ", explicó.

“La seguridad jurídica está por los suelos; es lo que nos hace falta aquí, además de otros elementos para poder resolver este problema”, enfatizó.

El dirigente empresarial también señaló deficiencias en la capacidad operativa del Ministerio Público en la zona, al asegurar que existe una sobrecarga de trabajo y reducción de personal fiscal.

“El Ministerio Público no tiene fiscales suficientes en Colón, hay una sobrecarga exagerada. Para decirle, aquí en Trujillo, en vez de aumentar los fiscales o crear una unidad especial para estos casos, más bien han reducido a tres fiscales”, afirmó.

Hasta el mediodía del jueves, el caso de la masacre en Rigores se mantenía bajo hermetismo y las autoridades aún no habían confirmado el número de víctimas, aunque versiones preliminares estimaban entre 11 y 17 fallecidos.

Según reportes iniciales, el hecho habría ocurrido en horas de la madrugada dentro de una plantación de palma africana, donde pobladores encontraron los cuerpos tendidos en el lugar y cubiertos de sangre.

También se conoció que la Policía Nacional se habría desplazado con retraso a la escena, por lo que familiares ya habían trasladado a varias de las víctimas a sus viviendas.

Entre los fallecidos, de manera preliminar, figurarían tres hermanas identificadas como Mirian, Mirza y Lina Rodríguez, mientras que el resto de las víctimas no han sido identificadas.

El alcalde de Trujillo, Héctor Mendoza, conversó con LA PRENSA Premium e informó que el conflicto por invasiones de tierras se ha salido de control en la zona, particularmente en el área rural conocida como “Margen izquierda”.

Los entrevistados advirtieron que Trujillo depende en un 70% del turismo, por lo que hechos como la masacre podrían tener consecuencias graves en la actividad económica del municipio.

“Nosotros somos un destino turístico. La Semana Santa estuvo abarrotada de visitantes de diferentes sectores del país, pero estos conflictos nos van a afectar. Mire, los fines de semana han estado completamente llenos, pero le aseguro que a partir de esto el siguiente fin de semana ya no va a estar como los anteriores”, declaró.

El edil añadió que la situación corresponde directamente a las autoridades del sistema de justicia y reiteró un llamado a la intervención estatal. “Todos estamos preocupados, así que pedimos a las autoridades competentes que tomen acciones para darle tranquilidad y seguridad a nuestra población”, expresó.

Según dijeron, las invasiones de tierra en esa finca tiene más de una década de vigencia y ha impactado no solo al turismo, sino también a la actividad productiva.

En el Bajo Aguán el conflicto se agudizó desde 2009. Reportes indican que más de 200 personas han perdido la vida. Además, varias empresas han cerrado operaciones, lo que ha reducido la generación de empleo y afectado las exportaciones.

Las invasiones de tierra son uno de los principales factores de tensión en la zona norte del país, estas ocurren cuando grupos organizados, en muchos casos vinculados a movimientos campesinos, ocupan extensiones de tierra (la mayoría fincas privadas o productivas) alegando procesos de recuperación o disputa de propiedad.

Estas ocupaciones han generado conflictos prolongados con propietarios, empresas agrícolas y otros grupos, en algunos casos derivando en enfrentamientos armados, desalojos violentos y muertes.

El hecho ocurrido en Colón se suma a una serie de episodios violentos registrados en el contexto de disputas agrarias en distintas zonas del país, pues el último caso ocurrió en marzo pasado en El Progreso, Yoro, cuando un tiroteo entre bandas rivales en los excampos bananeros dejó cuatro personas muertas.

Asimismo, en el municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía, ciudadanos extranjeros han denunciado amenazas e intimidaciones presuntamente relacionadas con invasiones de tierra.

Ante el aumento de estos casos, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó en abril pasado a la Comisión Legislativa de Seguridad y Prevención Ciudadana a instalar una mesa de trabajo con distintas instituciones para abordar la problemática.

Además, tras la masacre de este jueves, el Congreso planteó un paquete de reformas y nuevas normativas para declarar como terrorista a grupos que lideran invasiones de tierras en Colón.

​“Hemos estado valorando poder también declarar estas estructuras criminales como organizaciones terroristas, porque están infundiendo terror, están mandando un mensaje de terror”, justificó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad.