Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional aprobó anoche un paquete de reformas penales que redefine la estrategia del Estado contra la extorsión, las maras y pandillas, y el crimen organizado, con cambios que endurecen condenas, amplían la persecución penal y fortalecen las facultades de vigilancia e investigación de las autoridades.
Las modificaciones representan uno de los giros más agresivos en política criminal de los últimos años.
El argumento del oficialismo es claro: responder con mayor dureza a organizaciones que durante años han golpeado a comerciantes, transportistas, empresarios y familias hondureñas mediante amenazas, asesinatos y cobros del impuesto de guerra.
El cambio más inmediato recae sobre el delito de extorsión, una de las principales fuentes de financiamiento de maras y estructuras criminales.
Hasta ahora, el Código Penal castigaba este delito con penas de entre 10 y 15 años de prisión cuando una persona, mediante violencia o intimidación, obligaba a otra a realizar u omitir un acto que afectara su patrimonio.
La nueva reforma endurece ese castigo y eleva la condena a entre 15 y 20 años.
Pero el verdadero cambio está en el alcance de la figura penal. La legislación anterior describía la extorsión desde una visión más tradicional, centrada en amenazas directas y presión sobre la víctima para obtener un beneficio económico.
La nueva redacción reconoce que las estructuras criminales han sofisticado sus métodos y amplía de manera radical el concepto.
Ahora será considerado extorsión cualquier acto cometido mediante violencia, amenazas o intimidación, ya sea de forma directa o indirecta, presencial o a distancia, incluso a través de terceros o mecanismos encubiertos.
Eso significa que el delito ya no se limita a exigir dinero bajo amenaza. También abarcará conductas como obligar a una persona a transferir fondos, depositar dinero, entregar bienes, asumir deudas, perdonar obligaciones o renunciar a derechos bajo presión criminal.
La reforma también elimina una barrera procesal importante: el delito se considerará consumado aunque el criminal no logre cobrar.
Es decir, ya no será necesario demostrar que la víctima entregó dinero o cumplió la exigencia; bastará con probar la amenaza y la intención criminal.
Además, la responsabilidad penal deja de recaer únicamente en quien hace la llamada extorsiva o emite la amenaza.
A partir de ahora, también podrán ser perseguidos quienes participen en cualquier eslabón de la operación: quienes recojan dinero, reciban bienes producto de la extorsión o faciliten cuentas bancarias o plataformas financieras para movilizar recursos ilícitos.
El endurecimiento continúa en las agravantes.
La legislación anterior contemplaba un número limitado de circunstancias para aumentar la pena. La reforma multiplica esos escenarios y apunta directamente a modalidades frecuentes del crimen organizado.
Se castigará con mayor severidad cuando la extorsión provoque el cierre temporal o definitivo de un negocio, cuando el responsable actúe simulando ser autoridad, cuando reincida, cuando abuse de relaciones familiares, laborales o de confianza, o cuando la operación sea coordinada desde el extranjero.
También se agrava el delito si el responsable ya enfrentaba procesos judiciales bajo medidas distintas a prisión.
Colaboración eficaz
Pero mientras endurece castigos, la reforma también abre una puerta más amplia para la colaboración eficaz.
Quienes aporten información que permita identificar criminales, desmantelar estructuras, rastrear bienes ilícitos o prevenir delitos podrán obtener rebajas sustanciales de pena.
En casos excepcionales, esa reducción podría llegar hasta dos tercios de la condena. Sin embargo, quienes ocupen posiciones de mando o dirección dentro de organizaciones criminales quedan excluidos de este beneficio.
Otro eje de la reforma apunta a cortar el uso de herramientas tecnológicas utilizadas por redes de extorsión.
El Congreso amplió de manera significativa las obligaciones penales para empresas vinculadas a telecomunicaciones, internet y transmisión de datos.
Ya no solo estarán bajo responsabilidad las operadoras telefónicas tradicionales. También entran distribuidores, suboperadoras, revendedores, comercializadores de líneas, proveedores tecnológicos y cualquier actor relacionado con servicios de comunicación.
La reforma penaliza no solo la falta de registro de clientes, sino también permitir la activación o uso de líneas, dispositivos o cuentas bajo identidades falsas o no verificadas.
Terrorismo
Sin embargo, la modificación más delicada y políticamente sensible está en la redefinición del delito de asociación terrorista.
Hasta ahora, la legislación reservaba esta figura para organizaciones creadas con fines específicos como subvertir el orden constitucional o sembrar terror entre la población.
La nueva redacción expande ese concepto de manera sustancial.
Ahora podrán ser consideradas terroristas estructuras que ejerzan control territorial sobre comunidades, impongan dominio social mediante violencia, mantengan intimidación colectiva o generen recursos a través de actividades criminales sistemáticas.
La reforma incorpora de forma expresa a maras, pandillas y estructuras transnacionales vinculadas al narcotráfico dentro de ese marco jurídico.
Es un cambio de enorme impacto. Porque organizaciones tradicionalmente perseguidas como el crimen organizado ahora podrían enfrentar procesos bajo figuras asociadas al terrorismo, con implicaciones jurídicas mucho más severas.
Además, la ley amplía la capacidad de vigilancia estatal.
Empresas de telecomunicaciones, redes tecnológicas, banca y servicios financieros estarán obligadas a responder requerimientos judiciales en plazos más estrictos y a mantener unidades permanentes capaces de suministrar información incluso fuera del horario habitual.
El objetivo es facilitar investigaciones en tiempo real y acelerar el rastreo de operaciones criminales.
Otro punto que genera atención es el rol que asumirá el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que no solo diseñará la política criminal contra estas estructuras, sino que también tendrá capacidad para determinar cuándo una organización puede ser considerada terrorista.
Nueva Agencia Nacional contra el Crimen
El paquete aprobado también crea la Agencia Nacional contra el Crimen, un nuevo órgano complementario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que concentrará la articulación estratégica entre instituciones encargadas de seguridad e investigación criminal.
Esta nueva estructura coordinará acciones entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público, las Fuerzas Armadas y otros órganos de inteligencia y seguridad del Estado.
La prioridad será unificar esfuerzos contra la criminalidad organizada y común, con énfasis en la investigación del delito de extorsión.
Entre sus funciones estará la creación de una plataforma nacional de integración de información criminal que incluirá registros de números telefónicos vinculados a extorsión, así como movimientos asociados a cuentas bancarias, pagos móviles, billeteras electrónicas y otras plataformas financieras.
Las empresas proveedoras de estos servicios deberán entregar la información requerida en un plazo máximo de 30 días.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad será el encargado de reglamentar el funcionamiento operativo de esta nueva agencia.
Sistema penitenciario: vía libre para nuevas cárceles
Las reformas también declaran como asunto de interés público, seguridad nacional y seguridad social la crisis del sistema penitenciario hondureño.
Bajo esta disposición, el Instituto Nacional Penitenciario podrá contratar de manera directa el diseño, construcción, equipamiento y supervisión de nuevos establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
La medida busca responder al deterioro de infraestructura carcelaria y a la presión del sistema penitenciario frente al crecimiento de la población reclusa.
Si el Instituto Nacional Penitenciario no cuenta con recursos suficientes, deberá solicitarlos a la Secretaría de Finanzas para su incorporación presupuestaria.
Además, Finanzas podrá identificar fondos nacionales o internacionales para ejecutar estos proyectos, contratar financiamiento con instituciones bancarias e incluso emitir bonos de deuda pública para cubrir las inversiones necesarias.
Fuerzas Armadas y seguridad ciudadana
El decreto también instruye a la Secretaría de Seguridad a solicitar cooperación de las Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo, tráfico de armas y crimen organizado.
Ambas instituciones deberán diseñar una estrategia conjunta de seguridad ciudadana, incluyendo acciones específicas dentro del sistema penitenciario para reforzar control y operatividad.
