Tegucigalpa, Honduras.- En una jornada histórica marcada por la unanimidad y un debate exhaustivo, el pleno del Congreso Nacional aprobó este lunes un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.
El nuevo marco jurídico, diseñado para desmantelar las estructuras financieras y operativas de las maras y pandillas, eleva la extorsión a delitos de máxima gravedad y formaliza la declaratoria de estos grupos criminales como organizaciones terroristas, dotando a los operadores de justicia de herramientas legales sin precedentes.
La Comisión de Seguridad, presidida por el diputado Marcos Paz, culminó un proceso de socialización que incluyó a sectores afectados, empresarios y la opinión técnica de la Corte Suprema de Justicia.
El dictamen final no solo endurece las penas, sino que ataca el corazón de la logística criminal al incorporar nuevos elementos que permitirán perseguir a toda la cadena de valor delictiva, desde quien entrega una amenaza hasta quien facilita el lavado del dinero ilícito.
“Estos elementos son bastante importantes, porque no solo se va a perseguir al que va a dejar el papelito o el celular, sino que también se incorporan elementos como el de entregar, pagar, transferir o depositar dinero; el que preste una cuenta bancaria o retire ese dinero ilícito”, explicó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad.
Bajo la nueva normativa, el delito de extorsión será castigado con penas de 15 a 20 años de prisión, pero la sanción escalará drásticamente a prisión a perpetuidad si el acto resulta en la muerte de una persona.
Además, se han eliminado beneficios procesales como el procedimiento abreviado para los acusados por este flagelo, garantizando que los implicados enfrenten juicios plenos.
La reforma también contempla agravantes severas cuando se utilicen menores de edad o personas con discapacidad para ejecutar los cobros.
El sector de las telecomunicaciones y financiero también enfrentará controles estrictos. Las empresas deberán mantener registros minuciosos y verificables de sus clientes, creando unidades especiales para atender requerimientos judiciales en plazos perentorios.
En casos de intervenciones de telecomunicaciones, el plazo de entrega de información será de apenas 24 horas, mientras que las instituciones financieras tendrán un máximo de 10 días hábiles para responder a las solicitudes de los jueces. “Deben tener un registro minucioso de cada uno de sus clientes; que estos registros sean verificables, reales y que tengan veracidad. Tienen que actualizar la base de clientes que ya tienen actualmente”, detalló Paz sobre las nuevas obligaciones de las operadoras.
En el Código Penal se reformaron los artículos 272, 373, 374, 375, 473, 522 y 587, mientras que en el Código Procesal Penal las modificaciones se aplicaron a los artículos 212, 285, 237-A y 237-B.Nueva agenciaPor su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, enfatizó la necesidad de legislar "poniéndose en los zapatos de la gente" que sufre el cierre de rutas de transporte y el asesinato de trabajadores.
Zambrano lamentó el descuido de años anteriores que permitió que cinco grupos criminales diferentes llegaran a cobrar impuestos de guerra simultáneos a un mismo negocio, y subrayó que estas reformas son la respuesta directa a una iniciativa enviada por el gobierno del presidente Nasry Asfura.“Si la gente está enfrentando a pie este flagelo, al gobierno y a nosotros como Congreso nos toca respaldarlo y apoyarlo. No podíamos permitir que el delincuente siga arruinando a Honduras”, sentenció Zambrano durante su intervención en el pleno.
El paquete aprobado incluyó de último momento tres artículos adicionales de alto impacto estratégico.
El primero crea la Agencia Nacional contra el Crimen, un órgano que unificará bajo una sola política pública los esfuerzos de la DPI, la ATIC, la Policía Militar y las Fuerzas Armadas.
Este ente centralizará la información criminal, incluyendo un registro de números telefónicos y billeteras electrónicas vinculadas a extorsionadores. En el ámbito penitenciario, el Congreso declaró de interés público la infraestructura de las cárceles, autorizando la contratación directa y la búsqueda de financiamiento nacional o internacional para la construcción de nuevos centros penales.
El objetivo es aliviar la sobrepoblación actual y permitir una separación efectiva de los reos peligrosos, evitando que los centros de reclusión sigan operando como oficinas de mando para el crimen.
“Ocupamos un sistema penitenciario fuerte y robusto. Se autoriza la identificación de fondos, préstamos o emisión de bonos para la construcción de nuevos centros penales, porque los que existen ya no son suficientes”, explicó el titular del Legislativo.
El tercer artículo nuevo instruye la colaboración permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y control penitenciario. Esta estrategia común entre Seguridad y Defensa busca saturar los barrios y colonias más peligrosos, devolviendo la tranquilidad a la población bajo un esquema de protección judicial reforzado para las víctimas y testigos, fomentando así la cultura de la denuncia mediante la prueba anticipada y el resguardo de la identidad.
“Lo que nos toca, compañeros, es tomar decisiones porque para eso nos eligió el pueblo hondureño. Tenemos que acompañar al ejecutivo y a la policía para que den los resultados que Honduras espera", agregó Zambrano.
