El anuncio de las organizaciones empresariales de que acudirán a los tribunales de justicia a impugnar la Ley Antievasión del 1% encendió las defensas del gobierno para librar una nueva batalla legal.
Las autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) respondieron ayer que el contenido de la nueva reforma fiscal no es confiscatoria y no se ha creado un nuevo impuesto, como lo ha denunciado el sector privado.
Doris Madrid, secretaria general de la Sefin, dijo que los empresarios que evaden el fisco pueden ir a los tribunales de justicia a impugnar la Ley Antievasión porque les asiste el derecho, dejando claro que no se puede continuar con la misma práctica de que unos pagan impuestos y otros los evaden.
La nueva reforma fiscal aprobada por el Congreso Nacional la noche del pasado martes surge después de que la DEI documentó 451 casos de personas naturales y jurídicas que declararon pérdidas en el ejercicio fiscal 2011 y, por ende, evadieron el pago del Impuesto sobre la Renta.
En esa lista se registran 34 grandes contribuyentes que vendieron 18,000 millones de lempiras y no pagaron un tan solo centavo al fisco. También se documentaron 417 casos de medianos contribuyentes.
Con esa nueva ley se pretende recaudar 700 millones de lempiras, tanto por el 1% del ISR para aquellos contribuyentes con ventas superiores a 100 millones de lempiras anuales y 3% del Impuesto sobre Renta para los importadores omisos o morosos.
El 1% del ISR
Para evitar lo sucedido con la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 42-2011 por su retroactividad, a través de la cual se reformó el Artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Decreto 25 del 20 de diciembre de 1963), Sefin y la DEI han salido en defensa del contenido de la Ley Antievasión del 1%.
Madrid, quien es una profesional del Derecho y una de las funcionarias que participó en la socialización de la mencionada ley con las organizaciones empresariales como el Cohep y la Andi, explicó que el anticipo del 1% del Impuesto sobre la Renta se aplicará únicamente para aquellas empresas que reportan pérdidas por más de dos períodos consecutivos o alternos.
Agregó que esta es una medida de control que no afecta a los contribuyentes que reporten pérdidas dentro del marco legal tributario. “Esta medida no violenta el principio del debido proceso y derecho a defenderse, la normativa permite al contribuyente documentar sus pérdidas para no ser sujetos del pago del anticipo del 1%”.
En cuanto al señalamiento del sector privado de que el 1% es un impuesto confiscatorio, la secretaria general de Sefin aclaró que en ningún momento se ha aprobado un nuevo impuesto, esta es una medida antievasión y no es confiscatorio porque el mismo constituye un crédito que puede ser aplicado contra el pago del ISR, del Impuesto al Activo Neto o del Impuesto Aportación Solidaria Temporal.
“Se respeta el principio de capacidad o habilidad de pago del contribuyente, que es el principio constitucional que rige el Impuesto sobre la Renta”, subrayó Madrid. Agregó que de acuerdo con el principio de capacidad económica del contribuyente, todas las personas naturales y jurídicas que obtengan rentas provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos, están obligados a contribuir con el pago del Impuesto sobre la Renta. En cuanto al cuestionamiento de la retroactividad, la funcionaria dijo que esto fue subsanado, ya que el 1% se pagará hasta 2013 en base al ISR declarado en el ejercicio fiscal 2012.
El 3% del ISR
En cuanto a esta normativa jurídica, la secretaria general de Finanzas respondió que el 3% se constituye como un anticipo del Impuesto sobre Renta, que es acreditable del total de impuesto a pagar en concepto del ISR o puede ser contra el Impuesto sobre el Activo Neto o la Aportación Solidaria Temporal.
Según la entrevistada, esta norma fue creada como una medida antievasión, encaminada a regular aquellos contribuyentes que son importadores frecuentes pero no se encuentran inscritos en el registro de contribuyentes que administra la DEI. Madrid aseguró que no se está violentando el principio de trato nacional que establece el Acuerdo GATT/OMC, lo que se hace es aplicar el principio de equidad y generalidad.
