Ante el dolor de cabeza que representa la inseguridad en la capital, la aplicación del programa Barrios más Seguros se volvió un mal analgésico que complica la enfermedad de la población.
Producto de este modelo municipal de seguridad y de los abusos y pleitos que ha desatado, Wilmer David Lagos Pavón, residente en la colonia Las Palmas, perdió la vida la semana anterior.
Según el relato de un acompañante, llegaron a la Residencial El Trapiche a traer unas máquinas tragamonedas para su mantenimiento y los guardias les negaron el acceso.
El joven aseguró que el fallecido llegaba con frecuencia a la zona y los centinelas siempre impedían el paso, pero que en esta ocasión, luego de una discusión, el guardia disparó sin piedad.
Esa misma semana, en la colonia El Prado, la negativa de los guardias de permitir el paso a un vecino en horas de la madrugada generó un tiroteo que dejó la marca de nueve impactos de bala en la caseta de vigilancia y las rejas del polémico portón. Por fortuna no hubo pérdida de vidas.
Peligrosa incidencia
Los lamentables hechos de ambas zonas no son aislados.
El Juzgado de Policía Municipal ha recibido en los últimos dos meses unas 80 denuncias por conflictos internos de vecinos debido a los abusos de los guardias en cuanto a restricciones de acceso, elevados cobros por vigilancia y hasta por un stickers.
Y es que los jefes de guardia han colocado -y sin permiso- calcomanías en los vehículos de los residentes como medida de control.
“Ni preguntaron si uno estaba de acuerdo o no y de cuadra en cuadra fueron fichando los vehículos como si son de ellos. Si no tiene esa calcomanía no lo dejan entrar a uno a su propia casa”, denunció una vecina, que por seguridad se omite su nombre.
Fredy Casasola, juez municipal de Policía, manifestó que ninguna directiva puede restringir el acceso a un ciudadano porque no paga vigilancia o porque no anda un sticker en su vehículo.
“El programa es bueno, pero también genera conflictos entre vecinos que pagan y los que no lo hacen. En esta oficina a diario se reciben dos denuncias por este problema”, admitió el funcionario.
Otro problema que ha generado polémica en la población es el cierre de vías sin la autorización de la Alcaldía Municipal en más de una decena de barrios y colonias. Sectores como la Víctor F. Ardón, Altos de Toncontín, Loarque, Las Uvas, Las Hadas, Luis Landa y residencial Plaza pasaron de piedras y palos a instalar los portones metálicos sin permiso.
En este último sector hay ocho vías de acceso que conectan a otras zonas y de agosto a la fecha se cerraron seis.
Los vecinos anunciaron el cierre definitivo de la colonia ante la ola de robos de vehículos en los estacionamientos.
Anuncian un control
Los capitalinos que han cerrado arbitrariamente sus comunidades, con el afán de proteger sus vidas, le han ganado el pulso a las autoridades, quienes reconocen las violaciones al reglamento bajo el cual fue concebido el programa.
Nelson Abdaláh, coordinador de Barrios más Seguros de la Alcaldía, informó que se han hecho las investigaciones correspondiente de los cierres en arterias donde es ilegal.
En ese sentido detalló que en algunos casos se lograron acuerdos con los vecinos de retirar los portones.
Tal es el caso de los pobladores de la colonia Loarque y las residenciales Las Uvas y Las Hadas, donde los vecinos atendieron el llamado.
Empero, reveló que en al menos seis colonias los pobladores hicieron caso omiso a la orden de retiro y fue necesario interponer las denuncias al Ministerio Público.
“Estamos esperando la resolución de la Fiscalía sobre estas denuncias, que serán investigadas la próxima semana con el apoyo del Juzgado de Policía”, pormenorizó.
En cuanto a la expansión del cierre de las colonias a las vías de alivio, lo que también genera malestar en miles de conductores, Abdaláh aseguró que de los 255 permisos aprobados, solo hay dos sectores en los que los vecinos instalaron portones de forma ilegal.
“En Residencial Plaza hay 20 portones instalados, que son los que hemos autorizado. Haremos la inspección y los que hayan instalados sin permiso serán retirados”, advirtió.
Abdaláh reconoció el enorme congestionamiento que se forma a causa del cierre de arterias que antes eran utilizadas como vías de alivio, pero acreditó el verdadero problema a la falta de una Policía de Tránsito eficiente que resuelva la circulación vial.
“Se ha descuidado demasiado la Dirección Nacional de Tránsito, se han creado muchas rutas de buses ilegales y no hay suficiente agentes de la DNT”, insistió.
El vicealcalde, Juan Diego Zelaya, por su parte, reiteró que en las decisiones municipales siempre prima “el derecho a vivir seguros y a estar tranquilos en una vía, a que de repente tengamos que dar una vuelta más larga”.
Decenas de conflictos
Para las autoridades municipales y coordinadores, el programa tiene mucho éxito.
Prueba de ello, destacan que 246 barrios de Tegucigalpa y Comayagüela se han blindado con la alternativa de seguridad, que representan el 25 por ciento de las comunidades del Distrito Central. La cifra de colonias blindadas representa más de 220 mil capitalinos amparados en los cordones de protección, es decir el 15 por ciento de la población de la metrópolis.
Según la Alcaldía, el programa ha logrado disminuir en un 95 por ciento la inseguridad en las áreas beneficiadas.
