La sombra asesina de los extorsionadores ataca con toda su fuerza a los operadores del transporte público de la capital.
Y es que el incumplimiento del mal llamado “impuesto de guerra”, incluso con horas de retraso, tiene como consecuencia asesinatos, secuestros y el robo de unidades.
En los últimos tres años, unos 91 transportistas, entre motoristas y ayudantes, han perdido la vida a causa del imparable flagelo.
En menos de 48 horas dos conductores de la capital han muerto, y la Policía Nacional poco o nada hace para garantizar la vida de los operadores y de sus usuarios.
El último hecho criminal se produjo la noche del martes en la colonia Altos de la Laguna, donde pereció víctima de los extorsionadores Melvin Leonel Andrade, de 28 años, quien conducía el rapidito con número de registro 397 de la ruta de la Nueva Capital-Ulloa-Mercado.
En este hecho criminal, los empresarios del transporte revelaron que minutos antes habían solicitado el apoyo de una patrulla que se encontraba en la zona, pues tenían la amenaza de que llegarían a cobrar el “impuesto”.
Sin embargo, la respuesta obtenida fue: “Nosotros ya vamos a entregar el turno. Tienen que esperar que ingrese el nuevo relevo para poder llegar a la zona”.
De rodillas transportistas
El recrudecimiento de los asesinatos por la extorsión obligó a un sector de los motoristas a romper el silencio y pedir a sus patronos mejores condiciones de trabajo.
“Estamos de rodillas, amenazados, necesitamos ayuda”, clamaron los operadores que circulan a la altura del anillo periférico y el bulevar Fuerzas Armadas.
Ayer, la circulación del servicio fue baja debido a que en horas de la mañana muchos de los operadores decidieron no laborar.
En lo que va de la semana los encargados del volante que cubren estas rutas se han rehusado a salir de sus estaciones en exigencia de garantías para conservar sus vidas.
A causa de este problema, decenas de capitalinos se han visto perjudicados porque los paros parciales de las unidades les han generado dificultades para trasladarse a sus trabajos y centros de estudio.
Temible espera
Para tratar de frenar el recrudecimiento del delito de la extorsión, la Secretaría de Seguridad tomó la decisión de formar la Fuerza Nacional Antiextorsión.
Este nuevo grupo estará formado por miembros de la Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público y agentes de la Oficina de Inteligencia del Estado.
Entre tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad, Pompello Bonilla, reiteró que esta organización está en proceso de certificación.
Y por esta razón les recomendó a los transportistas buscar sus propias medidas de protección.
La “solución” fue catalogada por los empresarios del rubro como ridícula, ya que le recordaron al funcionario que garantizar la seguridad y la vida de las personas es un obligación del Estado.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Marlon Lara, instó a la población a que denuncie a los delicuentes que cobran el “impuesto de guerra”.
“Los ciudadanos deben tener confianza e interponer las denuncias al Ministerio Público para que hagan las investigaciones”, expresó.
Consideró que la Policía Nacional tiene todos los recursos necesarios para identificar las llamadas telefónicas y los móviles utilizados en el delito.
El parlamentario instó para que a los extorsionadores se les aplique todo el peso de la ley ahora que se ha creado la Fuerza Nacional Antiextorsión.
Aumenta el número de casos judicializados
Las autoridades de la Unidad Antiextorsión de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) reportan 134 casos de extorsionadores que han sido enviados a prisión.
En opinión de los miembros de la unidad, la judicialización de los casos ha mejorado ya que hasta octubre de 2012 apenas se registraban tres casos.
Y es que al parecer la población ha comenzado a denunciar a los malhechores que se dedican a la actividad ilícita.
Tal es así que desde 2010 a la fecha se han interpuesto unas 1,032 denuncias, de las cuales 172 se han reportado en lo que va de 2013, y en estos casos se ha detenido a 43 extorsionadores.
Los jerarcas policiales motivaron a la población para que llegue a las instalaciones de la DNSEI y hagan las denuncias en estricta confidencialidad.
