Los policías y oficiales que han sido suspendidos por haber cometido una falta o un delito pueden portar las armas de reglamento que les han sido asignadas.
Ese es el criterio del subcomisionado de policía Héctor Iván Mejía, vocero de la Secretaría de Seguridad. El oficial considera que la legislación tiene lagunas, por lo que se debe implementar o reformar la ley para revertir esa situación.
“Siempre se tiene por costumbre que las suspensiones administrativas lo que representan es que no se tiene mando y se está en una situación que se le puede ubicar, pero lo que se busca es que no tenga ingerencia en el proceso investigativo que se le ha iniciado, ya sea por la comisión de una falta grave o de un delito”, aseguró Mejía.
Lo que se debe hacer es legislar a lo interno de la Policía porque necesitamos un respaldo para no poner al Estado en vulnerabilidad cuando se suspende a un policía y se le quitan sus armas y todo lo que se le ha asignado y queda sin ninguna protección.
Una de las preocupaciones es que ese policía o un oficial puede ser víctima después de haber participado en operaciones peligrosas como la captura de narcotraficantes y criminales.
Además de eso, no se le puede despojar de las armas solo por andar en estado de ebriedad o por participar en un accidente de tránsito, pues se considera que no es un delito de impacto.
Mejía recordó que cuando a un policía se le despoja de las armas, el Estado le extiende un finiquito y que si la utiliza para cometer un acto delincuencial el policía es castigado según la ley con un tercio más de la pena de la que se le aplica a un ciudadano común.
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El vocero de Seguridad comentó que una pistola que se le asigna a un policía o a un oficial tiene un costo aproximado de 1,500 dólares y alrededor de 15 mil dólares un fusil, por lo que cada agente es responsable ante el Estado de Honduras por lo que pueda pasar con el arma asignada.
“A mí se me puede debitar el arma cuando el Estado así lo considere, por lo que se me debe entregar un finiquito”, reiteró el oficial de Policía.
En el caso de que a un agente se le despoje de su equipo asignado, “puede acusar a un funcionario de la Secretaría de Seguridad por el delito de abuso de autoridad, por dejar en estado de vulnerabilidad a un agente cuando se está en un proceso de investigación en su contra”, dijo Mejía Velásquez.
Recordó que los agentes participan en operaciones vinculadas al crimen organizado o con la delincuencia común y pueden ser objeto de atentados y corren el riesgo de perder la vida. Además de eso, los policías tienen familiares que también pueden sufrir atentados y ser víctimas directas de los antisociales.
