De inmediato, diversos sectores empezaron a pronunciarse ya que consideran que esto no abona en la lucha contra la corrupción.
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Edmundo Orellana, quien es ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción del gobierno de Xiomara Castro, fue enfático en sus redes sociales al decir que esto es “un nuevo Pacto de Impunidad”.
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Por su parte, la diputada Silvia Ayala, presidente de la Comisión de Dictamen, defendió el proyecto y dejó en claro que no se está blindando a nadie ni propicia la impunidad.
“No hay tal pacto de impunidad porque para acogerse el decreto de amnistía debe acreditarse el contexto político de la acusación, lo cual se hará mediante constancia extendida por la Secretaría de Derechos Humanos, conjuntamente con el COFADEH en base a documentación que compruebe la persecusión política”, pormenorizó.
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La empresa privada emitió una opinión distinta mediante Gustavo Solórzano, asesor legal del Cohep: “Lamentamos ese tipo de actuaciones que se están dando dentro del Congreso Nacional por un grupo de diputados. No es posible que perdonemos los actos de corrupción y fomentemos la impunidad. Eso es lo que se está alentando con este paquete de amnistías. Hasta mareros y policías depurados podrían ser beneficiados con esta amnistía”.
Misma opinión compartió Odir Fernandez, jefe de investigación de casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) quien considera que se busca beneficiar a varios funcionarios y exfuncionarios.
“Se está beneficiando a todo funcionario público que durante el período 2006 al 2009 participó dentro de la administración pública y que cometió hechos delictivos en contra de la administración pública. No solamente a los que pretenden ser funcionarios sino también a los que cometieron hechos delictivos y deben ser condenables”.
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Finalemente, el diputado Rasel Tomé expresó que el proyecto es muy claro y lo que se busca es proteger a quienes han sido perseguidos por el golpe de estado perpetrado en 2009.
“El tema de la amnistía es muy clara, la Constitución de la República dice a quiénes se aplica este derecho, estamos hablando de los delitos que tienen connotación política, siempre tiene que haber una calificación para que estos casos sean motivados políticamente. El segundo supuesto tiene que ver con las personas perseguidas por protestar en el marco de la crisis política debido a la desobediencia civil y que fueron criminalizada”.
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