Los diputados al Congreso Nacional fueron convocados a sesión,el lunes a las tres de la tarde, para conocer el informe de la Comisión Especial de Evaluaciones, la cual dará recomendaciones al pleno para su aprobación inmediata.
Los integrantes de este grupo de trabajo que lo forman los diputados Mario Pérez, Rodolfo Zelaya, Osman Aguilar, Augusto Cruz Asensio, entre otros, elaborarán este informe durante el fin de semana, en base a la rendición de cuentas que hicieron los operadores de seguridad y justicia en el salón de sesiones del Congreso Nacional.
El diputado Augusto Cruz Asensio, afirmó que aunque no es una decisión colegiada, él cree que se deben tomar dos rutas: la intervención de las instituciones o la separación de sus titulares, pero esta es una de las probables recomendaciones que haga la Comisión tanto al Congreso Nacional como al Poder Ejecutivo.
Vienen reformas
Sin embargo, en el horizonte legislativo, además de estas medidas, también se plantea una serie de reformas a las leyes del sector seguridad y justicia.
Cambios a lo interno de la Policía Nacional, rotaciones en la presidencia del Poder Judicial, nuevos nombramientos en el Consejo de la Judicatura, la creación de un catálogo regulatorio de los delitos a los que no se les podrá aplicar medidas sustitutivas y hasta la aprobación de una unidad de investigación para el Ministerio Público son, entre otras, algunas de las acciones que se vislumbran.
El tanto, el titular del Legislativo, Juan Orlando Hernández, afirmó en una conferencia de prensa, que las medidas que se sugieran serán aprobadas de inmediato.
“Llorones”
“En esta semana que han desfilado los operadores, ¿Qué fue lo que ustedes y yo percibimos de esas comparecencia? Que la mayoría son excusas, han venido a reconocer en el fondo que tenemos operadores de justicia que se han confabulado con el crimen”, dijo el titular del Legislativo.
Criticó que a excepción del director de Investigación e Inteligencia, general Pacheco Tinoco, ha sido una “llorazón” toda la semana por parte de los operadores de justicia.
Hernández no mencionó la responsabilidad que tiene, incluso, el mismo Congreso Nacional al no poder dar seguimiento a la ejecución de los fondos asignados a cada entidad, así como la responsabilidad compartida con el Poder Ejecutivo al conocerse esta situación gracias a las constantes reuniones del Consejo de Seguridad.
“La sociedad civil pide la cabeza del presidente de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal general y del director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial… ¿Qué hará el Congreso Nacional?”, le consultaron al presidente del Legislativo.
Su respuesta fue: “Sobre el tema del fiscal y del director de Seguimiento a la Carrera Policial y de todos los que han desfilado por aquí, pues no quiero adelantar juicios hasta tener el informe, aunque algunas cosas son más que obvias”.
“Yo lo que le puedo decir es que después de esta rendición de cuentas, hay que tomar decisiones… El que no tenga coraje en esta situación en la que vivimos no debería de estar en ese cargo o el que se sienta amenazado, pues que lo diga”.
Reformas
Hernández se refirió a las reformas que se harán al Código Procesal Penal con el objetivo de limitar el alcance de las medidas sustitutivas, ya que en la actualidad, muchos jueces se las dan a criminales que aprovechan esa figura jurídica para seguir delinquiendo.
“¿Cómo es posible que estén dando medidas sustitutivas y el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia y algunos magistrados y me dicen que hay jueces que están aplicando medidas sustitutivas donde no se debe?”, se preguntó Hernández.
“¿Cómo puede dormir tranquilo un juez cuando le ha dado medidas sustitutivas a un criminal que sigue delinquiendo? Por eso ha llegado el momento de tomar decisiones, mi opinión personal es que la rendición de cuentas es una parte, pero termina con una decisión clara y contundente, porque el pueblo hondureño no puede seguir sufriendo esto”.
Advirtió que “con algún par de mensajes de cortar por lo sano creo que van a entender”, al tiempo que indicó que se debe comparar el dinero que se le ha otorgado a cada operador de justicia con los resultados obtenidos.
